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¿Cómo distribuiría el Gobierno Nacional una vacuna contra COVID-19?

Expertos colombianos señalan que el Estado debe apoyar la iniciativa de promover una vacuna universal o flexibilizar patentes sobre productos como medicamentos, pruebas y dispositivos efectivos contra el virus, 'ajenos a las leyes del mercado'.

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Foto: Anadolu

Más de 100 posibles vacunas se están desarrollando en uno de los mayores esfuerzos globales realizados para contrarrestar la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (el virus que genera la enfermedad COVID-19), que hasta el momento ha dejado cientos de miles de muertos y millones de contagiados a lo largo del planeta.

De igual forma, se han generado dudas sobre cómo debería operar el marco legal de la posible vacuna o tratamientos: ¿quién debería ser el titular de los derechos? ¿Una empresa privada, un gobierno, una organización internacional? ¿O debería estar libre y sin ningún tipo de patente para que sea asequible para todos los países y personas?

El dilema no es ajeno a países en vías de desarrollo como Colombia, donde líderes políticos como los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana ya firmaron la semana pasada una solicitud ante los organismos internacionales para promover una vacuna universal.

La Agencia Anadolu habló con algunos expertos en propiedad intelectual y farmacoepidemiología para que explicaran las posibles vías legales que tendría el Estado colombiano para garantizar que las posibles vacunas o tratamientos estén disponibles para toda la población.

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Luisa Herrera, profesora de derecho de propiedad intelectual en la Universidad Externado de Colombia, resalta que uno de los principales instrumentos legales que se podría usar son las licencias obligatorias.

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El Estado le otorgó al Ministerio de Salud de Colombia la facultad para declarar de interés público los medicamentos que pueden servir contra el coronavirus, todo después de que se emitiera la declaración de emergencia sanitaria el pasado 12 de marzo.

En dicho proceso tanto la cartera de Salud como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio intervienen, y al final, la Superintendencia de Industria y Comercio expediría la licencia obligatoria. La medida se encuentra contemplada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y a la decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Esa licencia habilitaría a un tercero, otro laboratorio farmacéutico, a fabricar el genérico del producto sin la autorización del titular y así garantizar mayor abastecimiento, indica Herrera.

“Muchos sostienen que las licencias obligatorias son como una expropiación de la patente, pero eso no es cierto porque en las licencias obligatorias le otorga la posibilidad al titular de cobrar regalías, pero no van a ser tan altas como en una situación normal”, explica Herrera. Si bien los precios de los productos contra la COVID-19 van a ser un problema, resalta Herrera, alrededor del abastecimiento y la disponibilidad de estos girarán los debates.

“La única forma de hacerlo es permitir que terceros fabriquen ese producto y si la farmacéutica se niega a licenciar va toca acudir a la licencia obligatoria y el Gobierno tiene que estar preparado para eso, para poder permitir la producción y el abastecimiento de ese producto”, detalla la académica.

Otro de los mecanismos es la llamada patent pools, donde al menos dos compañías acuerdan contratos de transferencia de tecnología posibilitando la disminución de los costos. Pero en este escenario se debe esperar la buena voluntad de las empresas y no está en manos del Estado.

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Para Oscar Lizarazo, experto en derecho intelectual y profesor de la Universidad Nacional, las licencias obligatorias no son muy efectivas o eficientes, tienden a proteger los intereses de las empresas farmacéuticas y no son rápidas.

Para el abogado en la actual situación sería necesario simplificarlas. Recuerda que en el país solo se ha intentado usar en tres ocasiones la licencia obligatoria y en ninguna de ellas se llegó a completar el proceso.

Tanto Herrera como Lizarazo recuerdan cuando se declaró de interés público, por primera vez en la historia del país, el medicamento Imatinib, usado para tratar ciertos tipos de cáncer, promovido por el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria, en 2016. En este caso el proceso no se hizo con fines de obtener la licencia obligatoria, lo que hubiese permitido que más laboratorios comercializaran el medicamento, sino que se expidió para fijar el precio del producto.

Las patentes, una barrera en medio de la emergencia Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, asegura que el desarrollo de cualquier tratamiento sea para prevenir o para tratar pacientes termina siendo un asunto de gran relevancia y cualquier producto que se desarrolle que demuestre su efectividad debería ser considerado un bien público. De igual forma piensa otra de las integrantes del Centro de Pensamiento, Carolina Gómez.

La abogada señala que la propiedad intelectual es la barrera más grande de acceso a estos desarrollos en dos sentidos. Primero genera altos precios pues las empresas aprovechan el monopolio legal que tienen sobre el producto, generado por la patente que le dio el mismo Estado, para controlar los precios. El segundo obstáculo, señala Gómez, está relacionado con las licencias voluntarias.

Las farmacéuticas, para aumentar su nivel de producción sobre el producto, las otorgarán al mejor postor, es decir los países desarrollados que tienen más dinero, mejor mercado y sistemas de salud más desarrollados.

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“Si no se libera ese conocimiento y se libera la posibilidad de copiar los tratamientos y vacunas quién sabe cuándo los países en desarrollo podrán acceder a esos tratamientos y vacunas”, resalta Gómez.

Pero el mayor debate, enfatiza la experta, se enfoca en los estudios para desarrollar una vacuna y los ensayos clínicos realizados para determinar si los medicamentos ya existentes sirven o no para combatir el coronavirus, pues gran parte de ellos son financiados con dineros públicos. “Por qué se debe permitir que una entidad privada se beneficie con algo que está siendo financiado con dineros públicos. Además, para que luego se les pague con dinero público”, resalta la abogada.

Tanto Lizarazo como Gómez concuerdan en que la controversia en Colombia gira en torno al lenguaje ambiguo con el que se redactó el decreto donde se declara de interés público los medicamentos para la COVID-19. “No es claro si esa declaratoria sirve para cumplir la primera etapa de la licencia obligatoria o si tiene otro fin y parece que dentro del Gobierno no hay consenso sobre el tema”, resalta Lizarazo. A Gómez le parece tanto los ministerios de Salud y Comercio y la Superintendencia “le quitaron el lenguaje explícito de que esto era para hacer licencias obligatorias”.

“Si se le pregunta al Ministerio de Salud, este considera que ya se declaró el interés público de todas esas tecnologías, pero la Superintendencia considera que eso que dice el decreto no es suficiente para hacer la licencia obligatoria y que tocaría hacer el proceso para cada tecnología, una por una”, señala la abogada.

Así mismo, los expertos señalan que el Gobierno colombiano debería apoyar la iniciativa impulsada por Costa Rica "de crear un conjunto de derechos para pruebas, medicamentos y vacunas, con acceso gratuito o licencias en términos razonables y asequibles para todos los países", debate que tiene lugar en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que fue acogida por su líder, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Los esfuerzos realizados en los últimos meses muestran la necesidad de que esta vacuna sea un bien público mundial, ajena a las leyes del mercado", indicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

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Si esta iniciativa no prospera, los expertos consideran que el Estado colombiano podría seguir los pasos de Alemania donde se aplicó una especie de suspensión temporal de los efectos de las patentes.

La iniciativa ya fue contemplada en Colombia por 152 personas que incluyen 19 congresistas de 7 partidos (y corrientes diferentes), 32 académicos, 30 líderes y periodistas, y 71 organizaciones de la sociedad civil quienes le enviaron una carta al Gobierno con propuestas para exceptuar o flexibilizar patentes sobre productos de salud como medicamentos, pruebas y dispositivos para atender el COVID-19.

En ella se pide "la creación de repositorios de patentes que permitan otorgar licencias voluntarias, facilitar el otorgamiento de licencias obligatorias, la declaratoria de uso gubernamental de las patentes y la suspensión temporal de las mismas, siempre pagando regalías al titular".

Según los firmantes, entre quienes se encuentran Alejando Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, y la senadora Angélica Lozano, las medidas son necesarias "debido a que las patentes pueden crear un monopolio sobre estas tecnologías que pueden ser útiles para tratar el COVID-19, lo que las hace inaccesibles al sistema de salud por sus altos costos y la demanda masiva, dado el alto número de casos".

 

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