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Un grupo de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social expresaron su preocupación frente al decreto 0858 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional adoptó un nuevo modelo de salud en Colombia. A través de una carta pública, los firmantes señalaron que el decreto constituye una reforma de facto, implementada sin un proceso previo de debate, discusión técnica o análisis financiero.
Según los firmantes, entre los que se encuentran Alejandro Gaviria, Augusto Galán, Fernando Ruiz y Jaime Arias, la medida fue adoptada sin permitir deliberación democrática ni participación de diversos sectores de la sociedad. Aseguran que el decreto no representa una solución estructural a los problemas actuales del sistema de salud, sino que genera un nuevo escenario de incertidumbre institucional, operativa y financiera.
La carta plantea preocupaciones sobre el impacto del decreto en el acceso y la calidad del servicio. Señalan que la libertad de elección de los usuarios podría verse afectada por la fragmentación de la red de atención, y que el modelo propuesto implica riesgos de deterioro en la calidad del servicio debido a un proceso de estatización que, afirman, carece de lineamientos claros.
También mencionan contradicciones en el funcionamiento del sistema, como la exigencia a las EPS de contratar con redes que no están configuradas o la asignación de funciones estratégicas a los CAPS sin capacidades definidas.
Los exfuncionarios concluyen su declaración subrayando la necesidad de que cualquier reforma al sistema de salud esté basada en estudios técnicos rigurosos, incluyendo análisis actuariales independientes y evaluaciones del impacto en los distintos territorios del país.
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