La nueva intervención forzosa que la Superintendencia de Salud ordenó a la Nueva EPS el pasado lunes dejó al descubierto cómo se profundizó la crisis financiera estructural de la entidad desde que el actual Gobierno ordenó la primera intervención en abril de 2024.
Lejos de estabilizarse, los indicadores muestran un deterioro progresivo que incluso pone en duda la viabilidad de la entidad, que hoy cuenta con aproximadamente 11,5 a 11,6 millones de afiliados.
Desde el inicio de la medida, la EPS arrastraba un déficit de $1,25 billones en capital mínimo y de $2,43 billones en patrimonio adecuado, además de un faltante cercano a $2,97 billones en las reservas técnicas que respaldan su operación.
A esto se sumó la poca transparencia y trazabilidad en la información financiera, agravada por la no aprobación de los estados financieros de 2023 y la falta de reportes oficiales desde marzo de 2024, lo que impidió conocer con precisión la magnitud real de la crisis.
Sin embargo, el punto de quiebre más crítico ha sido el colapso en el procesamiento de cuentas médicas. Al inicio de la intervención, la entidad acumulaba facturas sin procesar por $5,7 billones mientras que a finales de 2025, esta cifra casi se triplicó hasta alcanzar los $14,9 billones, equivalentes a más de 14,2 millones de facturas represadas.
Este rezago afectó aún más la contabilidad y desencadenó un efecto en cadena sobre toda la red de salud, pues las cuentas por pagar a clínicas, hospitales y proveedores crecieron un 24 % en menos de un año, pasando de $18,38 billones en diciembre de 2024 a $26,09 billones en noviembre de 2025.
“Este incremento se relaciona con dificultades persistentes en el procesamiento oportuno de cuentas médicas, la legalización de anticipos, la falta de estandarización en la evaluación periódica del desempeño de los contratos de monto fijo (ANS), debilidades en la aplicación de los estándares definidos en la política, metodología y comité internos de pagos, entre otros”, argumentó la SuperSalud en su orden.
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Muestra de esto es el aumento en la cancelación de servicios por parte de hospitales y clínicas a los afiliados de la EPS, quienes han limitado la atención solo a requerimientos urgentes mientras que las quejas por falta de pago aumentaron en 37 %.
La resolución con la cual se ordenó la nueva intervención de este 2026, reveló además que la EPS recurrió de manera masiva a los anticipos como mecanismo para sostener el flujo de recursos, los cuales se dispararon un 115 % hasta llegar a $17,1 billones. Sin embargo, esto no resolvió el problema de fondo que era la falta de legalización de pagos y la imposibilidad de conciliar las deudas.
El deterioro financiero terminó trasladándose a la calidad del servicio. La Superintendencia evidenció fallas en la red de atención, demoras en citas especializadas, dificultades en la entrega de medicamentos y resultados deficientes en temas de vacunación, control de enfermedades crónicas y detección temprana de cáncer.
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“Frente al análisis de las reclamaciones en salud, se evidencia que Nueva EPS presenta un incremento sostenido en las inconformidades especialmente durante el periodo de prórroga. El crecimiento anual del 14,25 % en las solicitudes radicadas, junto con una tasa mensual de reclamos (33,97 por cada 10.000 afiliados) superior a la tasa nacional, lo cual refleja persistentes dificultades en la oportunidad y disponibilidad de los servicios requeridos por los afiliados”, detalla la resolución.
Esta grave situación financiera y operativa, será la que ahora debe solucionar Jorge Iván Ospina, designado como interventor en la misma resolución. Entre las medidas ordenadas está la de recuperar la solvencia mediante estrategias de capitalización y cumplimiento de reservas técnicas y alcanzar acuerdos con acreedores bajo el marco legal vigente.
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