En medio de la crisis del sistema de salud y tras los recientes frenos a la reforma en el Congreso y decisiones judiciales, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las EPS intervenidas, al considerar que su sostenibilidad es inviable por las deudas acumuladas que superan los 32 billones de pesos.
El mandatario aseguró que la decisión responde a la imposibilidad de mantener en funcionamiento entidades que arrastran problemas estructurales de financiación, gestión y acumulación de pasivos. Según explicó, las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, enfrentan un panorama crítico que dificulta cualquier traslado masivo de usuarios dentro del sistema.
“Hoy todas las EPS están quebradas (…) pasar afiliados de una EPS a otra es casi imposible normativamente”, afirmó el jefe de Estado, quien también señaló que los recientes fallos judiciales han impedido la implementación de soluciones planteadas por el Gobierno.
EPS intervenidas y número de afiliados
- Nueva EPS: 10,8 millones de afiliados
- Famisanar: 2,9 millones de afiliados
- Coosalud: 3,2 millones de afiliados
- Asmet Salud: 1,8 millones de afiliados
- Emssanar: 1,7 millones de afiliados
- Savia Salud: 1,6 millones de afiliados
- Servicio Occidental de Salud: 750.000 afiliados
- Capresoca: 170.000 afiliados
Las ocho EPS intervenidas concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale aproximadamente al 43% de la población colombiana. La magnitud de la medida anticipa un impacto significativo en la prestación de servicios de salud. Expertos advierten que la transición podría generar congestión en hospitales y clínicas, así como dificultades en la continuidad de tratamientos, entrega de medicamentos y atención médica para millones de usuarios.
El Gobierno ha insistido en que la crisis no se limita a la falta de recursos, sino que también está relacionada con problemas de administración y presuntos manejos indebidos de los fondos del sistema. En ese sentido, el presidente Petro fue enfático al afirmar que “no se debe seguir ayudando a los dueños privados de las EPS”, a quienes acusó de haber manejado irregularmente los recursos durante décadas.
Uno de los casos más críticos es el de la Nueva EPS, cuya deuda creció un 198% entre 2022 y 2025, pasando de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos. Además, su patrimonio pasó de cifras positivas a un saldo negativo de 6,25 billones, dejando en riesgo a más de 11 millones de afiliados.
La situación ha tenido efectos directos en los usuarios, con reportes de retrasos en la entrega de medicamentos, fallas en la atención médica, incremento de quejas —que aumentaron en más del 107% en 2025— y embargos superiores a los 2 billones de pesos.
Frente a este panorama, el Ejecutivo aseguró que no reconoce deudas con las EPS, salvo en el caso de la Nueva EPS, donde el Estado tiene participación. Por ello, el presidente ordenó al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) evaluar y asignar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones correspondientes, aunque persisten cuestionamientos por la falta de estados financieros actualizados de esta entidad.
Pese a la crisis, el mandatario sostuvo que los indicadores generales de salud en Colombia se mantienen estables e incluso en mejora, destacando avances en la reducción de tasas de mortalidad gracias al enfoque preventivo del sistema. La decisión de liquidar las EPS intervenidas abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, en medio de incertidumbre sobre la capacidad institucional para garantizar la atención de millones de ciudadanos durante el proceso de transición.