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La crisis de medicamentos en Colombia continúa escalando y deja ver un panorama cada vez más complejo para miles de pacientes que dependen de un tratamiento oportuno. Voceros del sector aseguran que, lejos de mejorar, el sistema se encuentra en un punto crítico debido a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y al atasco administrativo del Invima, entidad que hoy acumula cerca de 12.000 trámites sin resolver. Mientras tanto, las imágenes de largas filas en hospitales y clínicas se multiplican en redes sociales. Usuarios reportan situaciones extremas: venta de turnos para radicar quejas, traslados de pacientes de un centro a otro sin solución y procesos interminables para reclamar un medicamento básico.
Las denuncias se suman al diagnóstico más amplio que diferentes organizaciones han presentado al país. En primer lugar, señalan un problema estructural de desfinanciación que afecta cada eslabón del sistema.
El cálculo actual de la UPC, afirman, no refleja las condiciones reales de la población colombiana: una población envejecida, un aumento significativo de enfermedades asociadas a la salud mental tras la pandemia y un crecimiento sostenido de las demandas sanitarias. La situación financiera es alarmante.
Según la Contraloría, solo la Nueva EPS acumula deudas superiores a los 10 billones de pesos, mientras que la industria farmacéutica supera los 4 billones. Expertos indican que el déficit general del sistema está por encima de los 30 billones de pesos y que la insuficiencia de la UPC ha generado un hueco adicional estimado entre 20 y 27 billones.
Para el sector, el ajuste del cálculo de la UPC en 2026 será determinante. Solicitan que esté basado en una fórmula técnica, independiente y transparente, capaz de reflejar la realidad epidemiológica del país y de garantizar los recursos necesarios para cubrir la demanda. Afirman que el sistema no puede seguir funcionando con cifras rezagadas que no corresponden al flujo real de necesidades ni al incremento diario de las deudas.
Desde la industria farmacéutica, la preocupación no solo se centra en la falta de recursos, sino también en el impacto que esta crisis tiene sobre la innovación. Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, advierte que Colombia tarda entre tres y cinco años en permitir el acceso a un medicamento nuevo, un retraso que afecta directamente la vida de los pacientes.
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“Acceder a un nuevo medicamento no puede ser un lujo, es un derecho”, sostiene. Aunque reconoce que la innovación genera debates, insiste en que el aumento de la expectativa de vida en el mundo se debe justamente al avance de tratamientos y tecnologías que hoy en Colombia tardan demasiado en llegar.
Otro frente clave es el desarrollo de estudios clínicos, un campo que podría traer beneficios científicos, económicos y sociales, pero que se encuentra estancado por la falta de agilidad en los procesos regulatorios. Para los expertos, Colombia está perdiendo la oportunidad de convertirse en un país atractivo para la investigación, en un momento en que el mundo avanza hacia terapias más precisas, más personalizadas y más efectivas.
Mientras tanto, los pacientes siguen enfrentando un sistema que parece colapsar entre trámites atrasados, deudas acumuladas y reglas de financiamiento insuficientes. Lo que antes era un proceso sencillo hoy se convierte en una odisea que puede tardar semanas o meses. La crisis no es una tendencia futura, sino una realidad cotidiana que exige decisiones urgentes. El país enfrenta el reto de rescatar un sistema que, sin recursos ni capacidad de respuesta, está dejando a miles de personas sin el derecho básico a recibir un tratamiento oportuno.
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