El Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y la firma Eureka Group presentaron el primer estudio independiente de percepción ciudadana sobre el sistema de salud en Colombia.
La investigación, basada en 1.560 encuestas presenciales en 47 municipios, revela que el 26,1 % de los colombianos considera que la falta o el mal servicio de salud es el problema más grave del país. Este indicador sitúa a la salud por encima de la corrupción (19,8 %), la delincuencia (7,6 %) y el desempleo (4,2 %), registrando niveles de preocupación social que no se alcanzaban desde la pandemia de 2020.
Los resultados muestran una brecha en la calidad de la atención entre los usuarios de EPS intervenidas por el Gobierno nacional y los de entidades no intervenidas. Según el reporte, el 49,5 % de los afiliados a EPS no intervenidas asegura recibir atención sin dificultades, mientras que en las EPS intervenidas ese porcentaje cae al 33 %. Asimismo, el 18,7 % de los usuarios en entidades bajo control estatal manifestó no haber recibido el servicio solicitado.
En cuanto al acceso a tratamientos, el 25,3 % de los pacientes en las EPS intervenidas reportó recibir sus medicamentos completos, frente a un 43,5 % en las entidades no intervenidas. El estudio señala además que la tasa de negación de servicios de salud se duplica en las EPS controladas por el Gobierno, alcanzando el 20,6 % en comparación con el 10,5% registrado en las EPS que operan de forma ordinaria. Las demoras en la asignación de citas médicas, también son mayores en el bloque intervenido, con un 19,1 % frente al 11 % del sector no intervenido.
Esta situación ha impactado la economía de los usuarios. El 38,5 % de los afiliados a EPS intervenidas afirmó haber realizado pagos de su bolsillo para acceder a la atención médica, en contraste con el 22,2 % de las EPS no intervenidas. De manera general, el 21,8 % de la población total gasta mensualmente entre 500 mil y un millón de pesos de sus propios recursos para financiar servicios de salud.
Respecto a la propuesta de reforma al sistema de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, el 43,6 % de los encuestados apoya la iniciativa. No obstante, solo el 30,4% apoya la desaparición definitiva de las EPS. El 69 % de los ciudadanos considera importante la participación del sector privado en la administración del sistema, y el 57,6 % sostiene que la responsabilidad de garantizar la atención médica debe ser compartida por igual entre el Estado y los privados. Al ser consultados sobre su preferencia de atención, el 37 % opta por instituciones privadas y el 20,8 % por entidades públicas.
El estudio, cofinanciado por Acemi, Asocajas, Afidro y Amcham, concluye con una medición de la confianza de los afiliados hacia sus aseguradoras. El nivel de desconfianza se ubicó en el 12,8 % para las EPS no intervenidas, mientras que en las EPS bajo administración del Gobierno nacional el indicador de desconfianza escaló al 30 %. Los realizadores del informe indicaron que las siguientes fases del proyecto desglosarán a detalle los datos por regiones, edad y condición socioeconómica.
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