La atención a mujeres que buscan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo continúa creciendo en Colombia, pero las barreras para ejercer este derecho siguen presentes. Así lo evidencia el más reciente informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que analizó los casos atendidos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
Durante ese periodo, la organización acompañó 2.532 casos, de los cuales el 19,2 % requirió asesoría y acciones legales debido a obstáculos impuestos por instituciones o prestadores de salud. Según el informe, aunque el acceso ha mejorado desde la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24, todavía persisten dificultades que retrasan la atención o vulneran los derechos de las mujeres.
Los datos muestran que el 44 % de las mujeres accedió al procedimiento durante las primeras 12 semanas de gestación, mientras que aún se registran casos que llegan a realizarse después de las 24 semanas, principalmente por demoras y barreras en el sistema. La organización destaca, sin embargo, que los tiempos de respuesta han disminuido en comparación con los primeros años de implementación del fallo.
El informe también evidencia que el 48 % de las mujeres logró acceder al procedimiento por medio de su EPS, lo que representa 1.360 casos en los que el servicio fue garantizado directamente por estas entidades.
En cuanto al perfil de las personas atendidas, la Mesa reportó que 35 correspondieron a niñas menores de 14 años, equivalentes al 1,38 % del total. Para la organización, estos casos reflejan que continúan existiendo situaciones de especial vulnerabilidad y retrasos que afectan a niñas y adolescentes.
Otro de los grupos que enfrenta mayores dificultades es el de las mujeres migrantes. El informe señala que el 7,66 % de las mujeres atendidas eran migrantes, y de ellas el 90,4 % eran venezolanas, quienes enfrentan obstáculos relacionados con la afiliación al sistema de salud y el acceso oportuno a los servicios.
Por regiones, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el mayor número de atenciones, mientras que Meta, Guainía y Guaviare fueron identificados como los territorios con mayor impacto por las barreras de acceso.
Publicidad
La Mesa también reportó un incremento sostenido en la demanda de acompañamiento. Mientras en 2022 atendió 252 mujeres, al cierre de 2025 la cifra ascendió a 971, lo que, según la organización, refleja un mayor conocimiento del derecho, pero también la persistencia de obstáculos que llevan a las mujeres a buscar apoyo jurídico.
En diálogo con Blu Radio, Sara Méndez, asesora jurídica de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que las barreras más frecuentes afectan a niñas y adolescentes, cuyas decisiones reproductivas muchas veces son desconocidas y cuya información clínica llega a ser divulgada de forma indebida. También señaló dificultades para mujeres indígenas, a quienes algunas EPS exigen autorizaciones de autoridades indígenas antes de acceder al procedimiento, y para mujeres migrantes, quienes continúan enfrentando problemas para recibir una atención oportuna y en condiciones de calidad.
La organización recordó que cualquier mujer que encuentre barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo o considere vulnerado su derecho a la intimidad puede solicitar acompañamiento jurídico gratuito, con el fin de promover acciones legales que permitan eliminar esas restricciones y garantizar el acceso al servicio.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.