La publicación de los estados financieros de Nueva EPS reabrió el debate sobre el futuro de las EPS intervenidas. Sin embargo, un análisis de la firma FrontierView advierte que el próximo gobierno no tendría margen para desmontar esas intervenciones en el corto plazo, ya que el sistema de salud perdió gran parte de su capacidad para absorber una liquidación masiva de aseguradoras.
En entrevista con Blu Radio, Santiago González Barrera, analista para la Región Andina de FrontierView, explicó que el principal problema ya no es únicamente financiero, sino estructural. Según el estudio, cerca del 77 % de los municipios del país cuenta con tres o menos EPS no intervenidas, mientras que en 755 municipios más de la mitad de los afiliados pertenece a una EPS intervenida, lo que impediría trasladar millones de usuarios sin afectar la prestación de los servicios.
El experto señaló que una eventual liquidación de Nueva EPS, que concentra cerca de una cuarta parte de los afiliados del país y mantiene una deuda cercana a los 20 billones de pesos, requeriría no solo cubrir sus obligaciones con hospitales y clínicas, sino también destinar recursos adicionales para fortalecer las demás EPS que tendrían que recibir a esos pacientes. De lo contrario, advirtió, aumentaría el riesgo de cierres de IPS, suspensión de servicios y desabastecimiento de medicamentos.
González también aseguró que levantar las intervenciones y devolver las EPS a sus antiguos propietarios tampoco sería una salida viable. Explicó que, en las condiciones actuales, muchas de esas entidades entrarían rápidamente en insolvencia, generando una pérdida de confianza entre hospitales y clínicas que hoy continúan prestando servicios con la expectativa de recuperar los recursos adeudados.
Frente a este panorama, FrontierView plantea que las liquidaciones sí deberían hacerse, pero de manera gradual y durante varios años. El analista sostuvo que el próximo gobierno necesitaría un plan de largo plazo para fortalecer financieramente el sistema, construir capacidad en las EPS que permanecerán operando y negociar el pago de las deudas con los prestadores antes de iniciar el cierre progresivo de las entidades intervenidas.
El estudio también advierte que cerca del 70 % de las EPS del país, intervenidas y no intervenidas, incumple actualmente al menos uno de los requisitos financieros exigidos para operar. Además, recuerda que la deuda del sistema supera los 41 billones de pesos, por lo que, incluso sumando los 11 billones que el gobierno Petro ha planteado asumir y el plan de choque de 10 billones anunciado por el presidente electo, los recursos seguirían siendo insuficientes para resolver la crisis estructural del sector.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.