Luego de las denuncias de usuarios y familiares que protagonizaron un plantón en las oficinas de atención de la Nueva EPS en Bucaramanga, la entidad entregó su versión sobre los reclamos y anunció una serie de acciones para atender los casos expuestos.A través de un comunicado, la EPS informó que sostuvo una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo, familiares de los pacientes y las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el propósito de revisar las inconformidades y establecer alternativas de solución.Uno de los casos abordados fue el de Cristian Andrés Calderón Mendoza, de 31 años, diagnosticado con cáncer de lengua, cuya pareja, Alex Barajas, se encadenó en las instalaciones de la entidad para exigir el cumplimiento de una orden judicial que, según denunció, dispuso la asignación de enfermería domiciliaria durante 12 horas.En su comunicado, la Nueva EPS señaló que revisó las inconformidades relacionadas con las terapias prestadas por la IPS Projection Life, particularmente por el número de sesiones asignadas y la solicitud de cambio de profesional de fonoaudiología.Sobre la cantidad de terapias, la entidad explicó que estas se determinan de acuerdo con la pertinencia y las recomendaciones del profesional tratante, bajo criterios médicos.Frente a la solicitud de cambio de fonoaudióloga, la Nueva EPS aseguró que identificó dificultades para el ingreso de la profesional al domicilio del paciente. Como alternativas, planteó un cambio de zonificación y la posibilidad de continuar las terapias con otros prestadores, entre ellos MTD y Forpresalud.Sin embargo, según la versión de la EPS, estas opciones no fueron aceptadas por el representante del usuario, quien manifestó su decisión de desistir de las terapias y dejó constancia mediante la firma de un documento de consentimiento.La entidad también informó que revisó un requerimiento por medicamentos pendientes de entrega a través de Offimédicas y aseguró que su suministro está previsto para este sábado.Durante la reunión también se revisó el caso de un menor de edad identificado como E.X.S.O., cuyos familiares reclamaban por la entrega de medicamentos y la disponibilidad de un coche neurológico.De acuerdo con la Nueva EPS, uno de los medicamentos será evaluado para determinar una alternativa terapéutica a través del Plan de Beneficios en Salud o del mecanismo MIPRES, mientras que el segundo tendría programada su entrega para este viernes.En cuanto al coche neurológico, la entidad anunció que la próxima semana realizará una junta médica con la Clínica Foscal para analizar la evaluación técnica y determinar si el dispositivo requiere ajustes o debe ser reemplazado.Finalmente, la Nueva EPS manifestó que hará seguimiento a los compromisos establecidos durante la reunión con las familias, los organismos de control y las IPS.
La organización Pacientes Colombia volvió a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se proteja el derecho a la salud y a la vida. En diálogo con Blu Radio, su vocero, Denis Silva, también se refirió al plan de acción en el que trabaja el Gobierno para la estabilización del sistema y dijo que la ruta de atención a la crisis en el sistema de salud debe tener garantías de no repetición.Según Silva, la organización recurre a la CIDH desde 2025 y atribuye al Gobierno del expresidente Gustavo Petro una crisis humanitaria. “Desde 2025 venimos acudiendo a la Comisión Interamericana por el derecho fundamental a la salud y a la vida. El Gobierno anterior nos dejó una crisis humanitaria sin precedentes, y esa crisis generó víctimas que requieren verdad, justicia, reparación y no repetición”, afirmó.El vocero dijo que están de acuerdo con el plan de choque y que la ministra de Salud, Ana María Vesga, va “por el camino correcto”, pero advirtió que, sin garantías, se seguirá afectando a los pacientes. Silva explicó que le preocupan tres puntos: que las EPS son las que postulan a los pacientes con medicamentos pendientes, que son las que cierran los casos y que no permiten verificar la información.“Históricamente, las EPS envían una orden de servicios cuando el usuario presenta una tutela y, en muchos casos, el paciente la pierde. Cuando llega al punto de dispensación o a la cita, le dicen que no hay servicios o que los contratos están vencidos. Por eso pedimos trazabilidad de la información”, dijo.Por otro lado, el vocero hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que respete el presupuesto y se garanticen recursos para el sector. “La invitación es a que se respeten los 3 billones de pesos que la ministra identificó y que son indispensables para estabilizar el sistema de salud. Y que la participación se entienda como un derecho y no como un favor”, sostuvo Silva en diálogo con Blu Radio.Sobre el tamaño del problema, Silva cuestionó las cifras que reportan las aseguradoras. Mencionó que la EPS Mutualser, con cerca de 3 millones de afiliados, reporta solo 4.000 pacientes pendientes en el tablero de seguimiento del Ministerio de Salud, cuando, según él, el número real es “muchísimo mayor”, con corte al 1 de septiembre de 2026. Agregó que otra EPS con un alto número de tutelas por cada 100.000 afiliados reportó apenas 3.000 casos. En el caso de Sanitas, indicó que reportó 536.000 pacientes con pendientes tras el cambio de operador farmacéutico, pues Cruz Verde tenía 12 puntos de dispensación.Frente al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Silva fue enfático en que se deben cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. “Hay que acatar lo que la Corte ordenó, eso es innegociable. Si la UPC para 2027 no se genera con suficiencia de recursos, la crisis humanitaria se va a agravar”, advirtió.Finalmente, recordó que el Gobierno anterior se negó a aceptar la visita de la CIDH y pidió al presidente abrir las puertas. “Esperamos que este Gobierno permita una visita de campo. Invitamos al presidente a que abra las puertas para que la Comisión llegue en 2027 a hacer trabajo de campo en Colombia en materia de salud”, concluyó.
Hay desesperación en una familia de Barranquilla que suma cuatro meses esperando que EPS Sanitas autorice una cirugía de cadera a una mujer que fue atropellada por un conductor en estado de embriaguez. Tras los desacatos de una acción de tutela que ordena la intervención, un juez ordenó el arresto por tres días de la gerente de la entidad en el Atlántico, María Rosa Lacouture.La historia comienza el 13 de diciembre de 2025, cuando Jackeline Altamar Gutiérrez, de 59 años, sufrió un accidente de tránsito en Barranquilla junto con su hijo, causado por una persona que conducía una camioneta en estado de embriaguez, según reportaron las autoridades en ese momento. Desde entonces, está postrada en una cama, sin poder caminar ni atender sus necesidades básicas.De acuerdo con el relato de la familia, la paciente ya se ha sometido a tres cirugías, pero no ha logrado recuperar su movilidad. Por lo tanto, ahora necesita un reemplazo total de cadera, un procedimiento que, según su hija Kathy Rincón, lleva más de cuatro meses esperando la autorización de Sanitas EPS.Kathy describió que, mientras esperan, el estado de salud de su madre se ha deteriorado de manera considerable, no solo a nivel físico, sino también emocional."Han sido unos meses muy trágicos. Mi mamá ni siquiera puede soportar la cama, no duerme en ella, duerme en una silla con un montón de almohadas. Mi mamá no puede hacer bien sus necesidades; su soporte, digamos que en estos momentos, hemos sido nosotros. La vida cambió drásticamente porque ella era una pieza fundamental en la casa".Llama la atención que ni siquiera con el fallo de una tutela a su favor, notificado en septiembre, se ha logrado garantizar la intervención quirúrgica. Por este motivo, un juez emitió un incidente de desacato contra María Rosa Lacouture, gerente regional de Sanitas, y la sancionó con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos.Además, el despacho ordenó a Sanitas EPS autorizar de manera integral los procedimientos dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del fallo. No obstante, ha transcurrido una semana desde dicha orden y la familia de Jackeline aún no ha recibido una respuesta positiva.
La cancelación de una cita médica que estaba programada desde hace cinco meses encendió las alarmas de la familia de un menor de 14 años, paciente de Salud Total y diagnosticado con una enfermedad huérfana.El padre del menor, Jorge Bula, denunció públicamente que su hijo tenía programada para este lunes 28 de septiembre una cita de otorrinolaringología en el Hospital HOMI de la Misericordia, en Bogotá, con el objetivo de obtener la autorización para el cambio de la cánula de su traqueostomía. Según relató, horas antes de la atención recibieron una llamada en la que les informaron que la cita había sido cancelada, sin que, de acuerdo con su denuncia, les entregaran una explicación sobre los motivos de la cancelación.La preocupación de la familia está relacionada con el tiempo que lleva el menor con la misma cánula. Su padre asegura que ya completó alrededor de tres meses con este dispositivo y que el cambio debe realizarse periódicamente para reducir el riesgo de complicaciones e infecciones.El padre advierte que, ante la cancelación de la cita, no tendrían una nueva atención disponible durante lo que resta del año, situación que, según manifiesta, podría retrasar aún más el procedimiento que requiere el menor.“Son 14 años de lucha”, expresó el padre, quien pidió la intervención de las autoridades para encontrar una solución y garantizar la atención médica de su hijo.El caso corresponde a un paciente de Salud Total y tanto la EPS como el Hospital de la Misericordia se encuentran investigando lo ocurrido, con el fin de establecer las razones por las que fue cancelada la cita y determinar la ruta que se seguirá para la atención del menor.Mientras avanza esta revisión, la familia insiste en que se garantice una nueva valoración médica y el procedimiento que requiere el niño, ante el temor de que el retraso pueda afectar su estado de salud.
Arrancó el plan de choque del Gobierno Nacional para atender a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo y enfermedades raras, y con él también las expectativas de las asociaciones de pacientes y prestadores de servicios de salud. Aunque reconocen los avances en la identificación de los pacientes y las patologías priorizadas, advierten que la crisis no ha parado y que será necesario garantizar recursos para que la estrategia tenga resultados.Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras y Crónicas, aseguró que todavía existen pacientes con dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y servicios, algunos de ellos con condiciones que requieren atención inmediata. “Tenemos casos muy críticos, pacientes que están pendientes de infusiones, están pendientes de sus bombas para poder infundirles sus medicamentos, pacientes que tienen un deterioro funcional complejo que vienen con un aumento de discapacidad, con un deterioro realmente alarmante”, señaló Gil.El representante de los pacientes pidió que el plan se implemente de manera inmediata y que exista seguimiento y transparencia sobre la destinación de los recursos, para garantizar que estos lleguen a los prestadores, gestores farmacéuticos y entidades encargadas de facilitar la atención.Desde la Unión de IPS, su director, Jorge Toro, explicó que el Ministerio de Salud ya avanzó en una primera etapa de identificación de los pacientes, las regiones donde se encuentran y las IPS y gestores farmacéuticos responsables de su atención. Según explicó, el plan tendrá una duración inicial de tres meses y el seguimiento deberá hacerse paciente por paciente.La expectativa de los prestadores también está relacionada con los recursos para atender la cartera vencida que mantienen las EPS con clínicas y hospitales. Toro señaló que, mientras las IPS continúan prestando los servicios, las deudas siguen aumentando, por lo que pidió que este asunto se trabaje de manera paralela al plan de choque.“Sí debemos ir rápidamente estructurando metodológicamente y ubicando recursos para poder garantizar los recursos de pago de cartera a la red prestadora, porque nosotros seguimos atendiendo, pero igual la cartera sigue aumentando todos los días”, afirmó. Toro agregó que el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud ya trabajan en la depuración de las cifras para establecer el monto real de la cartera y analizar mecanismos que permitan movilizar recursos hacia los prestadores.Así, mientras comienza la ejecución del plan de choque, las asociaciones de pacientes y prestadores esperan que la estrategia permita atender las necesidades más urgentes, pero insisten en que la situación financiera del sistema también requiere una respuesta. La advertencia es que el plan de tres meses puede atender parte de las necesidades inmediatas, pero la crisis de fondo y la cartera vencida continúan.
La crisis del sistema de salud es tan grande que hoy el 98,76% de los colombianos está afiliado a una EPS que no cumple los requisitos financieros exigidos por la ley, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República.Aliansalud, Anas Wayuu EPSI, EPM y Salud Mía son las únicas entidades que cumplen con el capital mínimo, el margen de solvencia y el régimen de inversiones de la reserva técnica. Las demás fallan en alguno de los indicadores, y 13 fallaron en todos.Este resultado se da en un contexto en el que las EPS no reciben ingresos suficientes para financiar el costo de la atención en salud de los pacientes, y en el que la decisión de intervenir las EPS y tomar el control desde el gobierno nacional tampoco resolvió el problema, porque esas entidades siguen en una situación financiera crítica. El año pasado, Colombia destinó un presupuesto de 100 billones de pesos para la operación de su sistema de salud, pero esa cifra se quedó corta y el grueso de las EPS recibió menos dinero del que costó la atención de los pacientes. Las pérdidas totales de las EPS (sin contar a Nueva EPS) llegaron a 5,73 billones de pesos.EPS intervenidas Colombia: la crisis financiera que la Contraloría dice que no se ha resueltoLas EPS intervenidas por el gobierno continúan en una situación financiera crítica y su estado se está deteriorando aún más: las deudas están por las nubes, la operación da pérdidas de forma recurrente y no hay patrimonio de respaldo, advirtió la Contraloría General de la República. El informe del ente de control incluye a 7 EPS hoy intervenidas y gerenciadas por la Superintendencia Nacional de Salud: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, S.O.S. (Servicio Occidental de Salud) y Savia Salud EPS. No está incluida la Nueva EPS (la EPS más grande del país) porque aún no ha publicado sus estados financieros para 2025, a pesar de que había anunciado que revelaría sus informes financieros a mediados de julio tras la orden de un juez. "La persistencia de resultados operacionales negativos evidencia que las EPS intervenidas continúan destruyendo valor desde su operación principal, situación que impide cualquier proceso de recuperación patrimonial y obliga a financiar permanentemente la operación mediante un mayor endeudamiento. Esta situación refleja que las intervenciones administrativas no han logrado restablecer condiciones mínimas de viabilidad financiera para las entidades objeto de la medida", señaló la entidad.En otro segmento del estudio, la Contraloría señala que las medidas de intervención administrativa implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud han generado en las EPS un deterioro crítico y agudizaron las causas estructurales que motivaron las intervenciones.Para la Contraloría, las EPS tienen una estructura financiera riesgosa en la que el valor del pasivo supera ampliamente el valor de los activos. En otras palabras, esto significa que si estas entidades se liquidan, no tienen con qué responder a la hora de pagar las deudas.
EPS Famisanar informó el viernes 14 de agosto que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) comunicó la terminación unilateral del contrato que mantenía vigente con la entidad.Según la EPS, tras conocer la decisión evaluó las condiciones planteadas por el instituto con el objetivo de mantener la prestación de los servicios. Sin embargo, señaló que debido a las condiciones actuales del sector salud y al contexto en el que se prestan estos servicios, no es posible atender las exigencias formuladas por el INC.Ante este escenario, Famisanar aseguró que adelantó las acciones necesarias para contar con una red de prestadores habilitada y disponible que permita dar continuidad a la atención de los pacientes que actualmente reciben servicios en el Instituto Nacional de Cancerología.La EPS indicó que el traslado o asignación de los pacientes se realizará teniendo en cuenta sus necesidades y condiciones clínicas.Famisanar anunció que se pondrá en contacto directamente con los afiliados que puedan verse afectados para entregarles información personalizada sobre la continuidad de sus tratamientos y acompañarlos durante el proceso de asignación o traslado a la institución que corresponda.La entidad reiteró que ningún afiliado quedará sin orientación sobre la continuidad de su atención y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar los servicios de salud requeridos, de acuerdo con las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario.Canales de orientación para los pacientesFamisanar habilitó canales especiales para los afiliados que tengan dudas sobre la continuidad de su atención en el INC.Para adultos, está disponible el correo caadultos@famisanar.com.co, mientras que para pacientes pediátricos se habilitó capediatrico@famisanar.com.co.La EPS también dispuso un formulario en línea denominado “Seguimiento Pacientes IPS Ins Nacional de Cancerología 2026” para realizar consultas y seguimiento de los casos.Los afiliados también pueden acudir a las oficinas de atención al usuario o agendar una atención presencial a través de www.famisanar.com.co, en la sección “Canales de atención” y luego en “Agendar atención física”.Entre los canales telefónicos se encuentran la Línea Amable PBS, en Bogotá al (601) 307 8069 y a nivel nacional en el 01 8000 116 662, y la Línea Amable PAC, en el (601) 307 8085 o 01 8000 127 363.También están disponibles el correo servicioalcliente@famisanar.com.co, el WhatsApp Camila: 300 643 8831, el portal Famisanar en Línea y el servicio de atención por videollamada, ambos disponibles desde la página web de la EPS.
La crisis financiera, la falta de recursos, la necesidad de recuperar la confianza entre los actores del sector y una hoja de ruta clara para los primeros 100 días del nuevo gobierno son, según Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, los principales desafíos que enfrentará el sistema de salud colombiano a partir del 7 de agosto.En entrevista, Silva aseguró que la llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud genera expectativas positivas, pese a los cuestionamientos que surgieron por su cercanía con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De hecho, reveló que la primera reunión que sostuvo la ministra designada fue precisamente con representantes de los pacientes.“La primera reunión que tuvo la ministra designada fue con nosotros los pacientes”, afirmó Silva, quien explicó que durante el encuentro se abordaron temas sensibles como un eventual conflicto de interés por la trayectoria de Vesga al frente del gremio de las EPS.Según el vocero, la funcionaria respondió que el Ministerio de Salud no ejerce funciones de inspección y vigilancia, competencia que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, y aseguró que, de ser necesario, se declararía impedida para tomar decisiones específicas. “Eso nos generó tranquilidad, pero hay que hacer preguntas”, señaló.Silva también lamentó que el sector salud haya sido uno de los últimos en iniciar el proceso de empalme y cuestionó la falta de información heredada por el actual Gobierno. “Tenemos que recordarle a la audiencia que el gobierno del presidente Gustavo Petro no hizo empalme. Entonces eso dificulta tener información clara, precisa y oportuna para saber cómo se puede mejorar el sistema”, sostuvo.Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el relacionado con la financiación del sistema. Para Silva, la promesa de inyectar 10 billones de pesos a la salud enfrenta enormes dificultades presupuestales. Aun así, considera indispensable encontrar nuevas fuentes de recursos.“Sin plata no funciona el sistema de salud”, enfatizó, al advertir que la prioridad inmediata debe ser estabilizar financieramente el modelo para evitar el deterioro en la atención a millones de pacientes.El representante de Pacientes Colombia propuso concentrar los esfuerzos del nuevo gobierno en tres frentes: atender la crisis humanitaria y financiera, reconstruir la confianza entre todos los actores del sistema y definir un plan de acción concreto para los primeros 100 días de Gobierno.“Los temas que hay que poner sobre la mesa son tres: la crisis humanitaria y financiera; la generación de confianza con todos los actores del sistema de salud; y definir la hoja de ruta de cómo va a funcionar el puesto de mando unificado para los primeros 100 días”, afirmó.Respecto al papel de la nueva ministra, Silva destacó su experiencia y capacidad de concertación. “La doctora Vesga conoce plenamente cómo funciona el sistema de salud, es una mujer dialogante, tiene la capacidad de sentar a todos los actores y tratar de llegar a consensos. Y es una mujer ética, y eso nos genera confianza”, expresó.Sobre las EPS, insistió en que el Estado no debe asumir las deudas de los privados, aunque sí debe cumplir los fallos de la Corte Constitucional relacionados con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Explicó que este mecanismo corresponde al valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema y que su metodología debe ser revisada para determinar si existieron insuficiencias en los recursos girados.Asimismo, calificó como inviable una eventual liquidación de Nueva EPS, que reúne cerca de 11,5 millones de afiliados. A su juicio, ninguna otra entidad cuenta actualmente con la capacidad financiera, administrativa o de red para absorber semejante volumen de usuarios. En ese sentido, propuso renovar los equipos interventores y construir acuerdos con hospitales y proveedores para estabilizar el sistema.Silva también defendió la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria o una crisis humanitaria, medida que permitiría priorizar la atención en salud y gestionar recursos de cooperación internacional para responder a las necesidades más urgentes de la población.Finalmente, el vocero de Pacientes Colombia lanzó una de las críticas más fuertes al Gobierno saliente al referirse al reconocimiento otorgado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.“A los pacientes les pusieron la cruz para que se fueran para el cementerio, y a los que generaron la crisis y no hicieron nada para salvar la vida los premian. Eso produce vergüenza, indignación y molestia”, afirmó.Pese a las dificultades que enfrenta el sistema, Denis Silva concluyó que el inicio del nuevo Gobierno representa una oportunidad para reconstruir el diálogo y recuperar la confianza. “Todos sentimos un parte de confianza. Eso es muy importante para empezar a trabajar”, concluyó.
La publicación de los estados financieros de Nueva EPS reabrió el debate sobre el futuro de las EPS intervenidas. Sin embargo, un análisis de la firma FrontierView advierte que el próximo gobierno no tendría margen para desmontar esas intervenciones en el corto plazo, ya que el sistema de salud perdió gran parte de su capacidad para absorber una liquidación masiva de aseguradoras.En entrevista con Blu Radio, Santiago González Barrera, analista para la Región Andina de FrontierView, explicó que el principal problema ya no es únicamente financiero, sino estructural. Según el estudio, cerca del 77 % de los municipios del país cuenta con tres o menos EPS no intervenidas, mientras que en 755 municipios más de la mitad de los afiliados pertenece a una EPS intervenida, lo que impediría trasladar millones de usuarios sin afectar la prestación de los servicios.El experto señaló que una eventual liquidación de Nueva EPS, que concentra cerca de una cuarta parte de los afiliados del país y mantiene una deuda cercana a los 20 billones de pesos, requeriría no solo cubrir sus obligaciones con hospitales y clínicas, sino también destinar recursos adicionales para fortalecer las demás EPS que tendrían que recibir a esos pacientes. De lo contrario, advirtió, aumentaría el riesgo de cierres de IPS, suspensión de servicios y desabastecimiento de medicamentos.González también aseguró que levantar las intervenciones y devolver las EPS a sus antiguos propietarios tampoco sería una salida viable. Explicó que, en las condiciones actuales, muchas de esas entidades entrarían rápidamente en insolvencia, generando una pérdida de confianza entre hospitales y clínicas que hoy continúan prestando servicios con la expectativa de recuperar los recursos adeudados.Frente a este panorama, FrontierView plantea que las liquidaciones sí deberían hacerse, pero de manera gradual y durante varios años. El analista sostuvo que el próximo gobierno necesitaría un plan de largo plazo para fortalecer financieramente el sistema, construir capacidad en las EPS que permanecerán operando y negociar el pago de las deudas con los prestadores antes de iniciar el cierre progresivo de las entidades intervenidas.El estudio también advierte que cerca del 70 % de las EPS del país, intervenidas y no intervenidas, incumple actualmente al menos uno de los requisitos financieros exigidos para operar. Además, recuerda que la deuda del sistema supera los 41 billones de pesos, por lo que, incluso sumando los 11 billones que el gobierno Petro ha planteado asumir y el plan de choque de 10 billones anunciado por el presidente electo, los recursos seguirían siendo insuficientes para resolver la crisis estructural del sector.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
Cuatro personas murieron y otras decenas resultaron heridas el domingo tras la colisión de dos trenes al sur de El Cairo, que provocó el descarrilamiento de varios vagones, informaron las autoridades.Según la autoridad ferroviaria egipcia, un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.El Ministerio de Salud informó en un balance preliminar de cuatro fallecidos y 88 heridos que estaban siendo atendidos en hospitales de la región de Guiza.El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación "con gran preocupación" y ordenó una investigación urgente para "exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia".Los equipos de emergencia recurrieron a grúas para retirar los vagones accidentados, según la autoridad ferroviaria.Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente, ocurrido en la misma zona donde hace más de dos décadas tuvo lugar el peor desastre ferroviario de la historia de Egipto.En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. En 2009, varios accidentes ferroviarios en la misma zona causaron decenas de víctimas.
El futbolista chileno Leandro Hernández, del Colo Colo, fue detenido la madrugada de este domingo en Santiago tras protagonizar un grave accidente de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.Según el cuerpo policial chileno, Hernández "conducía en estado de ebriedad, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre".El futbolista, de 21 años, salió ileso del accidente, pero el conductor contra el que chocó tuvo que ser trasladado a un hospital cercano tras sufrir heridas de consideración.De acuerdo con la prensa local, Hernández se habría saltado un semáforo en rojo y colisionó contra otro auto en el capitalino barrio de Providencia.El joven no está convocado al partido de este domingo frente al Ñublense porque se encuentra en recuperación por un esguince medial en el tobillo izquierdo.Colo Colo se mide a las 15:00, hora local, con Ñublense en Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago, en un partido que podría alzarlo como campeón de la Liga de Primera 2026.
La agente Especial Interventora del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Marjorie Englehard Archbold, dio a conocer que los recursos asignados al programa equipos básicos de salud no se encuentran disponibles en las cuentas de la E.S.E. en la cuantía que se necesita para atender las obligaciones pendientes.Dijo en un comunicado la funcionaria que ante esta crítica situación por el riesgo que corre la atención a las comunidades en la isla, adelanta la revisión financiera y administrativa relacionada con el programa, con el propósito de establecer los recursos recibidos, los valores ejecutados, los pagos realizados y los saldos pendientes asociados a cada obligación, y que corresponden a hechos ocurridos antes del inicio de la intervención; es decir, bajo la administración del exgerente del hospital, Michael Manuel Cardona.Agregó que esta situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio, como entidad que asignó los recursos del programa.Asimismo, los hechos que así lo requieran serán puestos en conocimiento de los organismos de control competentes.“El Hospital Departamental de San Andrés continuará con la revisión de las cuentas presentadas por los contratistas y dará respuesta a las solicitudes recibidas conforme avance el proceso de verificación financiera”, ratificó la funcionaria.Hay que recordar que la Supersalud ordenó en octubre de este año la intervención forzosa administrativa por un año del hospital, tras una visita que hizo a la Isla el presidente Abelardo De La Espriella.En medio de la visita, se produjo un intercambio de palabras entre el mandatario con la gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Girley Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por la comunidad raizal Elizabeth Jay-Pang Díaz por la intervención del Hospital Departamental y el manejo de recursos públicos en el archipiélago.La decisión de intervenir el hospital por parte de la Superintendencia de Salud se tomó después de los múltiples incumplimientos en los planes de mejoramiento que, según la entidad, venían siendo exigidos desde 2022.
La agencia internacional Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Medellín en ‘AAA(col)’, la máxima de su escala, con perspectiva estable, tras evaluar el comportamiento de las finanzas del Distrito durante 2025.En su revisión del 5 de noviembre de 2026, la calificadora destacó el crecimiento de los ingresos tributarios, las transferencias nacionales y los dividendos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), factores que contribuyeron a mantener márgenes operativos sólidos y aumentar la disponibilidad de recursos de la administración distrital.Según Fitch, Medellín tiene una expectativa muy baja de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras frente a otros emisores del país. Además, su perfil financiero ‘AA’ y su perfil crediticio individual ‘BBB’ la ubican por encima de Bogotá, Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia.El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que esta calificación refleja la confianza en el manejo de los recursos públicos y permite respaldar la financiación de proyectos de infraestructura mediante créditos, cuyos pagos se distribuyen en el tiempo.“Esta calificación es una buena noticia para Medellín y una muestra de que cuando se administran los recursos públicos con transparencia, responsabilidad y rigor, se construye confianza. Recuperamos la credibilidad en nuestras instituciones y demostramos que la plata de la gente se debe cuidar e invertir bien”, expresó el mandatario.Por su parte, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, indicó que el recaudo tributario pasó de 2,72 billones de pesos a 3,47 billones durante esta administración, lo que representa un crecimiento del 27,56 %.“En la ciudad hay más de 1.800 obras en marcha, avanzamos en la construcción de megacolegios, jardines infantiles Buen Comienzo, el Metro de la 80, escenarios deportivos y espacios culturales. Ese trabajo se financia con distintas fuentes”, afirmó el funcionario.En su evaluación, Fitch también señaló que salud y educación concentran las principales responsabilidades de gasto del Distrito. Sin embargo, indicó que el crecimiento de los gastos operativos ha estado acompañado por mayores ingresos, lo que ha permitido conservar un margen operativo positivo y estable.La ratificación de esta calificación se conoce mientras el Concejo de Medellín discute el presupuesto para 2027 y las fuentes de financiación de los proyectos de la ciudad.
El programa de este domingo, 8 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿En cuáles de estas experiencias prefiere gastar su dinero?'La ciencia detrás de las cosas': Juanca Solarte explicó la anatomía de las orejas y el funcionamiento del oído, respondiendo a por qué nunca dejamos de escuchar.'Tema Central': Se analizó la economía de las experiencias y por qué las personas prefieren gastar su dinero en vivencias (viajes, gastronomía, entretenimiento y aprendizaje) antes que acumular bienes materiales.'Historias de viaje con JuanK': Juanca compartió detalles de su viaje a Egipto, comentando la importancia cultural de los gatos y su recorrido por las pirámides en la meseta de Guiza.'La máquina de la verdad': Se desmintieron mitos sobre Guatapé, explicando el valor cultural e histórico de sus zócalos y sus variadas opciones turísticas más allá de la rumba.
