La crisis financiera, la falta de recursos, la necesidad de recuperar la confianza entre los actores del sector y una hoja de ruta clara para los primeros 100 días del nuevo gobierno son, según Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, los principales desafíos que enfrentará el sistema de salud colombiano a partir del 7 de agosto.En entrevista, Silva aseguró que la llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud genera expectativas positivas, pese a los cuestionamientos que surgieron por su cercanía con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De hecho, reveló que la primera reunión que sostuvo la ministra designada fue precisamente con representantes de los pacientes.“La primera reunión que tuvo la ministra designada fue con nosotros los pacientes”, afirmó Silva, quien explicó que durante el encuentro se abordaron temas sensibles como un eventual conflicto de interés por la trayectoria de Vesga al frente del gremio de las EPS.Según el vocero, la funcionaria respondió que el Ministerio de Salud no ejerce funciones de inspección y vigilancia, competencia que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, y aseguró que, de ser necesario, se declararía impedida para tomar decisiones específicas. “Eso nos generó tranquilidad, pero hay que hacer preguntas”, señaló.Silva también lamentó que el sector salud haya sido uno de los últimos en iniciar el proceso de empalme y cuestionó la falta de información heredada por el actual Gobierno. “Tenemos que recordarle a la audiencia que el gobierno del presidente Gustavo Petro no hizo empalme. Entonces eso dificulta tener información clara, precisa y oportuna para saber cómo se puede mejorar el sistema”, sostuvo.Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el relacionado con la financiación del sistema. Para Silva, la promesa de inyectar 10 billones de pesos a la salud enfrenta enormes dificultades presupuestales. Aun así, considera indispensable encontrar nuevas fuentes de recursos.“Sin plata no funciona el sistema de salud”, enfatizó, al advertir que la prioridad inmediata debe ser estabilizar financieramente el modelo para evitar el deterioro en la atención a millones de pacientes.El representante de Pacientes Colombia propuso concentrar los esfuerzos del nuevo gobierno en tres frentes: atender la crisis humanitaria y financiera, reconstruir la confianza entre todos los actores del sistema y definir un plan de acción concreto para los primeros 100 días de Gobierno.“Los temas que hay que poner sobre la mesa son tres: la crisis humanitaria y financiera; la generación de confianza con todos los actores del sistema de salud; y definir la hoja de ruta de cómo va a funcionar el puesto de mando unificado para los primeros 100 días”, afirmó.Respecto al papel de la nueva ministra, Silva destacó su experiencia y capacidad de concertación. “La doctora Vesga conoce plenamente cómo funciona el sistema de salud, es una mujer dialogante, tiene la capacidad de sentar a todos los actores y tratar de llegar a consensos. Y es una mujer ética, y eso nos genera confianza”, expresó.Sobre las EPS, insistió en que el Estado no debe asumir las deudas de los privados, aunque sí debe cumplir los fallos de la Corte Constitucional relacionados con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Explicó que este mecanismo corresponde al valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema y que su metodología debe ser revisada para determinar si existieron insuficiencias en los recursos girados.Asimismo, calificó como inviable una eventual liquidación de Nueva EPS, que reúne cerca de 11,5 millones de afiliados. A su juicio, ninguna otra entidad cuenta actualmente con la capacidad financiera, administrativa o de red para absorber semejante volumen de usuarios. En ese sentido, propuso renovar los equipos interventores y construir acuerdos con hospitales y proveedores para estabilizar el sistema.Silva también defendió la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria o una crisis humanitaria, medida que permitiría priorizar la atención en salud y gestionar recursos de cooperación internacional para responder a las necesidades más urgentes de la población.Finalmente, el vocero de Pacientes Colombia lanzó una de las críticas más fuertes al Gobierno saliente al referirse al reconocimiento otorgado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.“A los pacientes les pusieron la cruz para que se fueran para el cementerio, y a los que generaron la crisis y no hicieron nada para salvar la vida los premian. Eso produce vergüenza, indignación y molestia”, afirmó.Pese a las dificultades que enfrenta el sistema, Denis Silva concluyó que el inicio del nuevo Gobierno representa una oportunidad para reconstruir el diálogo y recuperar la confianza. “Todos sentimos un parte de confianza. Eso es muy importante para empezar a trabajar”, concluyó.
La publicación de los estados financieros de Nueva EPS reabrió el debate sobre el futuro de las EPS intervenidas. Sin embargo, un análisis de la firma FrontierView advierte que el próximo gobierno no tendría margen para desmontar esas intervenciones en el corto plazo, ya que el sistema de salud perdió gran parte de su capacidad para absorber una liquidación masiva de aseguradoras.En entrevista con Blu Radio, Santiago González Barrera, analista para la Región Andina de FrontierView, explicó que el principal problema ya no es únicamente financiero, sino estructural. Según el estudio, cerca del 77 % de los municipios del país cuenta con tres o menos EPS no intervenidas, mientras que en 755 municipios más de la mitad de los afiliados pertenece a una EPS intervenida, lo que impediría trasladar millones de usuarios sin afectar la prestación de los servicios.El experto señaló que una eventual liquidación de Nueva EPS, que concentra cerca de una cuarta parte de los afiliados del país y mantiene una deuda cercana a los 20 billones de pesos, requeriría no solo cubrir sus obligaciones con hospitales y clínicas, sino también destinar recursos adicionales para fortalecer las demás EPS que tendrían que recibir a esos pacientes. De lo contrario, advirtió, aumentaría el riesgo de cierres de IPS, suspensión de servicios y desabastecimiento de medicamentos.González también aseguró que levantar las intervenciones y devolver las EPS a sus antiguos propietarios tampoco sería una salida viable. Explicó que, en las condiciones actuales, muchas de esas entidades entrarían rápidamente en insolvencia, generando una pérdida de confianza entre hospitales y clínicas que hoy continúan prestando servicios con la expectativa de recuperar los recursos adeudados.Frente a este panorama, FrontierView plantea que las liquidaciones sí deberían hacerse, pero de manera gradual y durante varios años. El analista sostuvo que el próximo gobierno necesitaría un plan de largo plazo para fortalecer financieramente el sistema, construir capacidad en las EPS que permanecerán operando y negociar el pago de las deudas con los prestadores antes de iniciar el cierre progresivo de las entidades intervenidas.El estudio también advierte que cerca del 70 % de las EPS del país, intervenidas y no intervenidas, incumple actualmente al menos uno de los requisitos financieros exigidos para operar. Además, recuerda que la deuda del sistema supera los 41 billones de pesos, por lo que, incluso sumando los 11 billones que el gobierno Petro ha planteado asumir y el plan de choque de 10 billones anunciado por el presidente electo, los recursos seguirían siendo insuficientes para resolver la crisis estructural del sector.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que puedan establecerse durante la investigación.Según el documento, el ministro habría incumplido de manera consciente y reiterada varias órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento. La denuncia señala que estas decisiones estarían relacionadas con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos que financian servicios y tecnologías en salud no cubiertos por ese mecanismo. Para los denunciantes, estas actuaciones habrían puesto en riesgo la estabilidad del sistema y la garantía del derecho a la salud de millones de usuarios.El escrito menciona que, pese a advertencias de la Corte en autos emitidos entre 2023 y 2025, el Ministerio de Salud habría mantenido prácticas contrarias a lo ordenado, como no unificar los presupuestos máximos para toda la vigencia anual mediante un acto administrativo, realizar pagos tardíos y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos. La Corte ha calificado estos hechos como incumplimientos en materia de suficiencia financiera del sistema.La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas para revisar la UPC se habrían desarrollado sin una deliberación efectiva. De acuerdo con Pacientes Colombia y otras organizaciones firmantes, se habrían presentado restricciones en el acceso a la información, exclusión de actores del sistema y decisiones ya definidas por el ministerio. Voceros de estas organizaciones sostienen que sus aportes técnicos no fueron incorporados y que no se garantizó una participación efectiva.“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país. Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón de elusión de decisiones judiciales mediante actos aparentes de cumplimiento”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, al solicitar a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del jefe de la cartera de Salud.En la denuncia se solicita además la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección de denunciantes y testigos y la evaluación de una suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos, mientras se adelanta la investigación. Según los firmantes, estas acciones buscan evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que estaría afectando la atención y la continuidad de los servicios.
Pacientes Colombia expresó su preocupación sobre un posible traslado masivo de afiliados entre EPS en distintas regiones del país. Según la organización, un borrador de decreto del Gobierno Nacional podría provocar el movimiento de cerca de 6,6 millones de usuarios como consecuencia de la liquidación de varias EPS.De acuerdo con Pacientes Colombia, el traslado automático de usuarios cuando se liquida una EPS no es una práctica nueva y ya ha sido aplicada en gobiernos anteriores, como los de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, la principal preocupación radica en que, a diferencia de esos periodos, anteriormente no se permitía trasladar afiliados a EPS que se encontraran intervenidas, debido a sus graves problemas administrativos y financieros. Por lo que, comparando el escenario actual, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría considerando trasladar millones de usuarios a entidades que ya presentan serias dificultades para garantizar la atención en salud.Pacientes Colombia advirtió que los usuarios que serían trasladados provienen de EPS liquidadas, es decir, entidades que ya agotaron todas las posibilidades de recuperación.“Ahora el gobierno pretende cuadrar la tasa de la nueva EPS trasladándole cerca de 4 millones de usuarios. Si a la nueva EPS le quedó grande manejar 11 millones 500.000 afiliados que tiene de promedio hoy en día, si le trasladan 4 millones más, serían cerca de 16 millones. El caos sería espantoso”, según señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.Este panorama implica que muchos afiliados lleguen sin tratamientos activos, sin historias clínicas completas y con una alta carga de enfermedad. Al ser trasladados a EPS que atraviesan problemas similares, los pacientes podrían enfrentar meses de espera antes de retomar sus tratamientos, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas o de alto costo.Según Pacientes Colombia, aunque algunos de estos usuarios no hacen uso frecuente del sistema de salud, la mayoría presenta patologías de alto costo y alto impacto social, lo que aumenta la gravedad de la situación. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones se tomen de manera responsable y no se condene a los pacientes de una EPS liquidada a ser trasladados a otra que se encuentra en condiciones iguales o peores.Finalmente, Pacientes Colombia aclaró que, hasta que el Gobierno no haga público el borrador del decreto, no es posible confirmar qué EPS serían liquidadas. Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos, ya que una vez se anuncien los traslados, los afiliados podrán ejercer su derecho a la libre elección y solicitar el cambio a otra EPS.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Las amenazas del presidente Gustavo Petro de liquidar de manera generalizada las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de intervención generaron una respuesta conjunta de organizaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, instituciones del sector salud, gremios económicos y un amplio grupo de exministros y exviceministros de Salud, quienes advirtieron sobre los riesgos inmediatos que una decisión de este tipo tendría para el sistema y para la atención de millones de colombianos.En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes señalaron que la liquidación apresurada de las EPS profundizaría la crisis sanitaria y aumentaría los riesgos para los pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, que dependen de la continuidad de tratamientos, la entrega oportuna de medicamentos y la articulación de redes de atención especializadas.El pronunciamiento subraya que, pese a sus falencias, las EPS cumplen funciones esenciales dentro del sistema, como la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la coordinación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Eliminar estos actores sin un sustituto operativo probado, advierten, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir de manera simultánea en todo el país.Las organizaciones alertaron que ninguna entidad del orden nacional o territorial cuenta hoy con la capacidad operativa para administrar, autorizar, auditar y pagar millones de servicios de salud de forma directa, lo que podría derivar en interrupciones masivas de la atención, saturación de los servicios de urgencias y un aumento previsible en los riesgos de morbimortalidad.En el plano financiero, el comunicado advierte que, aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Esto dejaría a hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.El documento también atribuye la crisis actual a problemas estructurales como la insuficiencia de financiación del sistema, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, retrasos en los pagos del presupuesto máximo y decisiones regulatorias que, según los firmantes, han incrementado la desfinanciación. A esto se suma la actualización de la UPC para 2026, que consideran insuficiente para cubrir las necesidades del régimen contributivo y subsidiado.Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a abandonar la confrontación política y los señalamientos personales, y a retomar el diálogo técnico e institucional. Aseguran que una transformación responsable del sistema de salud requiere respaldo legal, transiciones graduales y modelos alternativos probados, y no decisiones improvisadas que, según advierten, pondrían en riesgo el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Wilfred Franco, un adulto mayor de 70 años, denuncia que desde hace varios semanas enfrenta serias dificultades para que la Nueva EPS le entregue medicamentos esenciales para su tratamiento, pese a su delicado estado de salud y a sus múltiples antecedentes médicos.Según su familia, el señor Franco requiere de manera permanente los medicamentos Ezetimib y Rosuvastatina, los cuales debe tomar cada mes y de por vida, además de hialuronato de sodio y sulfa, formulados, luego de una cirugía de próstata a la que fue sometido en junio de 2025.La entrega de estos medicamentos debía hacerse a través de la Droguería Cafam, sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta efectiva ni una fecha clara para la dispensación, a pesar de haber adelantado múltiples trámites ante la EPS.De acuerdo con la denuncia, Wilfred Franco padece un sinnúmero de enfermedades, entre ellas antecedentes de infarto, lo que hace que la continuidad de su tratamiento médico sea vital para evitar complicaciones mayores.Aunque su familia ha elevado la queja ante varias instancias, incluidas las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, hasta el momento no han recibido una solución efectiva. Ante las persistentes demoras en la entrega de los medicamentos, se vieron en la obligación de acudir a los medios de comunicación para hacer pública la situación y pedir una respuesta urgente por parte de la Nueva EPS.“Son medicamentos que él debe tomar todos los meses y de por vida. No puede suspenderlos porque su vida está en riesgo. Hemos ido muchas veces y no nos dan ninguna respuesta”, aseguró Daniela Villamil, familiar del paciente.El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se garantice de manera urgente la entrega de los medicamentos y se proteja el derecho a la salud del adulto mayor.
El Gobierno nacional salió a defender el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, en medio de nuevas críticas de gremios de la salud que insisten en que los recursos resultan insuficientes para garantizar la atención a los pacientes. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que el incremento definido para el próximo año cumple con criterios técnicos, se ajusta a la información disponible y responde a las órdenes de la Corte Constitucional.Según la cartera de Salud, la decisión se adoptó a partir de una metodología “rigurosa”, basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales. El Ministerio sostiene que el proceso incluyó espacios de participación con los actores del sistema y que no se trató de una decisión discrecional o improvisada. En ese sentido, señaló que cuestionar el cálculo de la UPC implica desconocer los estudios actuariales tradicionales y los ajustes técnicos exigidos por la Corte.En paralelo, el Ministerio puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las EPS. Aseguró que durante años se han identificado inconsistencias graves en la información reportada por estas entidades, representadas por gremios como Acemi, lo que habría generado pérdidas multimillonarias. Entre los casos mencionados se encuentran pagos asociados a personas fallecidas, detectados tras el cruce de bases de datos oficiales, y reportes de servicios con valores que no corresponderían a los precios reales del mercado.Desde el otro lado, voces del sector salud reiteraron sus reparos. En declaraciones a Blu Radio, representantes gremiales cuestionaron que, pese a los incrementos anunciados, persistan problemas como la falta de redes para el suministro de medicamentos y la negativa de clínicas y hospitales a prestar servicios por deudas acumuladas.Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia: “Si la plata es suficiente, ¿por qué iniciamos, por ejemplo, el nuevo año sin red para el suministro de medicamentos y con varias clínicas y hospitales que no prestan servicios porque no les han pagado? ¿Qué están haciendo con la plata?, ¿para dónde se van los recursos del sistema de salud? Y lo más importante: ¿quién le va a responder a los pacientes y a las familias de los pacientes por el incremento de la enfermedad y por las muertes que está generando la crisis que creó el Gobierno del presidente Petro? La salud no es un favor, es un derecho fundamental.” SeñalóDesde estas organizaciones se advierte que el debate sobre la suficiencia de la UPC no es nuevo y que durante 2025 ya se habían formulado cuestionamientos similares frente a la postura del Gobierno.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y señaló que el incremento definido no refleja la demanda de los servicios de salud ni el comportamiento de los costos asociados a su prestación, lo que, según indicó, puede incidir en el funcionamiento del sistema.La entidad explicó que los costos de la atención están relacionados con el volumen de servicios requeridos por la población y con diversos factores que influyen en su prestación.De acuerdo con la Andi, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se destinan cerca de 106 pesos únicamente a la atención en salud. Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante 2025.Con base en estas proyecciones, la asociación señaló que para 2026 se requeriría un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC, con el fin de avanzar en la estabilización del sistema. En particular, indicó que un aumento cercano al 9 % en el régimen contributivo no permitiría cubrir la totalidad de los costos de las atenciones de las personas afiliadas a este régimen.Según la Andi, en el régimen contributivo el faltante de recursos sería cercano a los 3,7 billones de pesos, lo que impactaría la financiación de clínicas y hospitales, así como la disponibilidad de recursos para el personal de salud y la atención de los usuarios del sistema.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.