La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que puedan establecerse durante la investigación.Según el documento, el ministro habría incumplido de manera consciente y reiterada varias órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento. La denuncia señala que estas decisiones estarían relacionadas con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos que financian servicios y tecnologías en salud no cubiertos por ese mecanismo. Para los denunciantes, estas actuaciones habrían puesto en riesgo la estabilidad del sistema y la garantía del derecho a la salud de millones de usuarios.El escrito menciona que, pese a advertencias de la Corte en autos emitidos entre 2023 y 2025, el Ministerio de Salud habría mantenido prácticas contrarias a lo ordenado, como no unificar los presupuestos máximos para toda la vigencia anual mediante un acto administrativo, realizar pagos tardíos y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos. La Corte ha calificado estos hechos como incumplimientos en materia de suficiencia financiera del sistema.La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas para revisar la UPC se habrían desarrollado sin una deliberación efectiva. De acuerdo con Pacientes Colombia y otras organizaciones firmantes, se habrían presentado restricciones en el acceso a la información, exclusión de actores del sistema y decisiones ya definidas por el ministerio. Voceros de estas organizaciones sostienen que sus aportes técnicos no fueron incorporados y que no se garantizó una participación efectiva.“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país. Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón de elusión de decisiones judiciales mediante actos aparentes de cumplimiento”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, al solicitar a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del jefe de la cartera de Salud.En la denuncia se solicita además la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección de denunciantes y testigos y la evaluación de una suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos, mientras se adelanta la investigación. Según los firmantes, estas acciones buscan evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que estaría afectando la atención y la continuidad de los servicios.
Pacientes Colombia expresó su preocupación sobre un posible traslado masivo de afiliados entre EPS en distintas regiones del país. Según la organización, un borrador de decreto del Gobierno Nacional podría provocar el movimiento de cerca de 6,6 millones de usuarios como consecuencia de la liquidación de varias EPS.De acuerdo con Pacientes Colombia, el traslado automático de usuarios cuando se liquida una EPS no es una práctica nueva y ya ha sido aplicada en gobiernos anteriores, como los de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, la principal preocupación radica en que, a diferencia de esos periodos, anteriormente no se permitía trasladar afiliados a EPS que se encontraran intervenidas, debido a sus graves problemas administrativos y financieros. Por lo que, comparando el escenario actual, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría considerando trasladar millones de usuarios a entidades que ya presentan serias dificultades para garantizar la atención en salud.Pacientes Colombia advirtió que los usuarios que serían trasladados provienen de EPS liquidadas, es decir, entidades que ya agotaron todas las posibilidades de recuperación.“Ahora el gobierno pretende cuadrar la tasa de la nueva EPS trasladándole cerca de 4 millones de usuarios. Si a la nueva EPS le quedó grande manejar 11 millones 500.000 afiliados que tiene de promedio hoy en día, si le trasladan 4 millones más, serían cerca de 16 millones. El caos sería espantoso”, según señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.Este panorama implica que muchos afiliados lleguen sin tratamientos activos, sin historias clínicas completas y con una alta carga de enfermedad. Al ser trasladados a EPS que atraviesan problemas similares, los pacientes podrían enfrentar meses de espera antes de retomar sus tratamientos, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas o de alto costo.Según Pacientes Colombia, aunque algunos de estos usuarios no hacen uso frecuente del sistema de salud, la mayoría presenta patologías de alto costo y alto impacto social, lo que aumenta la gravedad de la situación. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones se tomen de manera responsable y no se condene a los pacientes de una EPS liquidada a ser trasladados a otra que se encuentra en condiciones iguales o peores.Finalmente, Pacientes Colombia aclaró que, hasta que el Gobierno no haga público el borrador del decreto, no es posible confirmar qué EPS serían liquidadas. Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos, ya que una vez se anuncien los traslados, los afiliados podrán ejercer su derecho a la libre elección y solicitar el cambio a otra EPS.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Las amenazas del presidente Gustavo Petro de liquidar de manera generalizada las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de intervención generaron una respuesta conjunta de organizaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, instituciones del sector salud, gremios económicos y un amplio grupo de exministros y exviceministros de Salud, quienes advirtieron sobre los riesgos inmediatos que una decisión de este tipo tendría para el sistema y para la atención de millones de colombianos.En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes señalaron que la liquidación apresurada de las EPS profundizaría la crisis sanitaria y aumentaría los riesgos para los pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, que dependen de la continuidad de tratamientos, la entrega oportuna de medicamentos y la articulación de redes de atención especializadas.El pronunciamiento subraya que, pese a sus falencias, las EPS cumplen funciones esenciales dentro del sistema, como la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la coordinación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Eliminar estos actores sin un sustituto operativo probado, advierten, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir de manera simultánea en todo el país.Las organizaciones alertaron que ninguna entidad del orden nacional o territorial cuenta hoy con la capacidad operativa para administrar, autorizar, auditar y pagar millones de servicios de salud de forma directa, lo que podría derivar en interrupciones masivas de la atención, saturación de los servicios de urgencias y un aumento previsible en los riesgos de morbimortalidad.En el plano financiero, el comunicado advierte que, aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Esto dejaría a hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.El documento también atribuye la crisis actual a problemas estructurales como la insuficiencia de financiación del sistema, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, retrasos en los pagos del presupuesto máximo y decisiones regulatorias que, según los firmantes, han incrementado la desfinanciación. A esto se suma la actualización de la UPC para 2026, que consideran insuficiente para cubrir las necesidades del régimen contributivo y subsidiado.Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a abandonar la confrontación política y los señalamientos personales, y a retomar el diálogo técnico e institucional. Aseguran que una transformación responsable del sistema de salud requiere respaldo legal, transiciones graduales y modelos alternativos probados, y no decisiones improvisadas que, según advierten, pondrían en riesgo el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Wilfred Franco, un adulto mayor de 70 años, denuncia que desde hace varios semanas enfrenta serias dificultades para que la Nueva EPS le entregue medicamentos esenciales para su tratamiento, pese a su delicado estado de salud y a sus múltiples antecedentes médicos.Según su familia, el señor Franco requiere de manera permanente los medicamentos Ezetimib y Rosuvastatina, los cuales debe tomar cada mes y de por vida, además de hialuronato de sodio y sulfa, formulados, luego de una cirugía de próstata a la que fue sometido en junio de 2025.La entrega de estos medicamentos debía hacerse a través de la Droguería Cafam, sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta efectiva ni una fecha clara para la dispensación, a pesar de haber adelantado múltiples trámites ante la EPS.De acuerdo con la denuncia, Wilfred Franco padece un sinnúmero de enfermedades, entre ellas antecedentes de infarto, lo que hace que la continuidad de su tratamiento médico sea vital para evitar complicaciones mayores.Aunque su familia ha elevado la queja ante varias instancias, incluidas las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, hasta el momento no han recibido una solución efectiva. Ante las persistentes demoras en la entrega de los medicamentos, se vieron en la obligación de acudir a los medios de comunicación para hacer pública la situación y pedir una respuesta urgente por parte de la Nueva EPS.“Son medicamentos que él debe tomar todos los meses y de por vida. No puede suspenderlos porque su vida está en riesgo. Hemos ido muchas veces y no nos dan ninguna respuesta”, aseguró Daniela Villamil, familiar del paciente.El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se garantice de manera urgente la entrega de los medicamentos y se proteja el derecho a la salud del adulto mayor.
El Gobierno nacional salió a defender el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, en medio de nuevas críticas de gremios de la salud que insisten en que los recursos resultan insuficientes para garantizar la atención a los pacientes. El Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que el incremento definido para el próximo año cumple con criterios técnicos, se ajusta a la información disponible y responde a las órdenes de la Corte Constitucional.Según la cartera de Salud, la decisión se adoptó a partir de una metodología “rigurosa”, basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales. El Ministerio sostiene que el proceso incluyó espacios de participación con los actores del sistema y que no se trató de una decisión discrecional o improvisada. En ese sentido, señaló que cuestionar el cálculo de la UPC implica desconocer los estudios actuariales tradicionales y los ajustes técnicos exigidos por la Corte.En paralelo, el Ministerio puso el foco en el manejo de los recursos por parte de las EPS. Aseguró que durante años se han identificado inconsistencias graves en la información reportada por estas entidades, representadas por gremios como Acemi, lo que habría generado pérdidas multimillonarias. Entre los casos mencionados se encuentran pagos asociados a personas fallecidas, detectados tras el cruce de bases de datos oficiales, y reportes de servicios con valores que no corresponderían a los precios reales del mercado.Desde el otro lado, voces del sector salud reiteraron sus reparos. En declaraciones a Blu Radio, representantes gremiales cuestionaron que, pese a los incrementos anunciados, persistan problemas como la falta de redes para el suministro de medicamentos y la negativa de clínicas y hospitales a prestar servicios por deudas acumuladas.Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia: “Si la plata es suficiente, ¿por qué iniciamos, por ejemplo, el nuevo año sin red para el suministro de medicamentos y con varias clínicas y hospitales que no prestan servicios porque no les han pagado? ¿Qué están haciendo con la plata?, ¿para dónde se van los recursos del sistema de salud? Y lo más importante: ¿quién le va a responder a los pacientes y a las familias de los pacientes por el incremento de la enfermedad y por las muertes que está generando la crisis que creó el Gobierno del presidente Petro? La salud no es un favor, es un derecho fundamental.” SeñalóDesde estas organizaciones se advierte que el debate sobre la suficiencia de la UPC no es nuevo y que durante 2025 ya se habían formulado cuestionamientos similares frente a la postura del Gobierno.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y señaló que el incremento definido no refleja la demanda de los servicios de salud ni el comportamiento de los costos asociados a su prestación, lo que, según indicó, puede incidir en el funcionamiento del sistema.La entidad explicó que los costos de la atención están relacionados con el volumen de servicios requeridos por la población y con diversos factores que influyen en su prestación.De acuerdo con la Andi, al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se destinan cerca de 106 pesos únicamente a la atención en salud. Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante 2025.Con base en estas proyecciones, la asociación señaló que para 2026 se requeriría un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC, con el fin de avanzar en la estabilización del sistema. En particular, indicó que un aumento cercano al 9 % en el régimen contributivo no permitiría cubrir la totalidad de los costos de las atenciones de las personas afiliadas a este régimen.Según la Andi, en el régimen contributivo el faltante de recursos sería cercano a los 3,7 billones de pesos, lo que impactaría la financiación de clínicas y hospitales, así como la disponibilidad de recursos para el personal de salud y la atención de los usuarios del sistema.
Los pacientes del país recibieron con profunda preocupación el aumento diferencial de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) definido por el Gobierno para 2026. Aunque el reajuste fue mayor para el régimen subsidiado que para el contributivo, las organizaciones advierten que la decisión no soluciona la crisis estructural del sistema y, por el contrario, puede profundizarla.Así lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia —organización que agrupa a más de 200 asociaciones—, en entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre. Desde su experiencia diaria con usuarios del sistema, el dirigente aseguró que el próximo año será aún más crítico para quienes dependen de tratamientos, medicamentos y atención oportuna.Aumento de la UPC no es suficiente para todo el sistema de saludSilva fue enfático al señalar que el Gobierno mantiene una línea que, según él, pone en riesgo la vida de los colombianos. “El gobierno ha sido coherente en su línea de acabar con la salud y la vida de los colombianos”, afirmó, al referirse al ajuste de la UPC y a la situación actual del sistema.De acuerdo con el vocero, el 2025 ya fue “un año desastroso para los pacientes” por la falta de medicamentos, la ausencia de citas médicas y el cierre de servicios. En ese contexto, advirtió que el 2026 “será muchísimo peor”, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto costo o catastróficas. Gasto de bolsillo y empobrecimiento de los pacientesUno de los puntos más sensibles es el aumento del gasto de bolsillo. Silva explicó que hoy los hogares destinan entre el 17 % y el 23 % de sus ingresos a salud, pero con un sistema desfinanciado esa cifra podría aumentar hasta un 33 %. “Eso es catastrófico”, señaló.El dirigente puso como ejemplo a los trabajadores independientes, quienes deben asumir de su propio bolsillo aportes, copagos, cuotas moderadoras y medicamentos que no reciben oportunamente. “Al año, algunos pacientes pagan un salario mínimo y otros más de dos salarios mínimos solo para poder atender su salud”, dijo.El Gobierno conduce la "carrera de las muertes"La frase más dura de la entrevista llegó al abordar las consecuencias humanas de la crisis. Silva aseguró que el Gobierno “está conduciendo la carrera de las muertes evitables”, al no garantizar el derecho fundamental a la salud. Recordó que solo entre enero y septiembre de 2025 murieron más de 2.000 pacientes, algunos por fallas directas del sistema.También cuestionó la gestión de las EPS intervenidas, que hoy concentran el 51 % de los afiliados. Según afirmó, “las EPS intervenidas no están atendiendo a la población” y el Gobierno, pese a tener la responsabilidad directa, “es indolente frente al drama humanitario”.Para Pacientes Colombia, el mensaje de quienes viven la crisis es claro: la confianza en el Gobierno se erosiona mientras la salud se deteriora y los pacientes sienten que, literalmente, están quedando fuera de la carrera por la vida.
Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, advirtió que la crisis de Nueva EPS continúa profundizándose por el incremento mensual de su deuda durante 2025, lo que ha llevado a que varias IPS suspendan servicios de forma abierta o implícita.Según Álvarez, aunque en diciembre suele disminuir la demanda, en enero se evidenciará un deterioro mayor en la entrega de medicamentos y atenciones, pues muchos usuarios regresan con enfermedades descompensadas y sin los tratamientos oportunos.A esto se suma, dijo, la incertidumbre financiera de la EPS y la expectativa de una UPC 2026 que, según él, no tendría en cuenta las atenciones no prestadas durante este año, lo que agravaría aún más el panorama en un semestre que coincide con un periodo electoral.Néstor señaló que la relación con los interventores ha sido compleja, con una alta rotación de directivos y poca disposición para atender a las organizaciones de pacientes.Recordó que el 15 de octubre tuvieron que realizar un plantón frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la creación de una mesa de trabajo, hoy llamada “mesa de crisis por el derecho a la vida”. Sin embargo, afirmó que el interventor actual no ha accedido a reunirse directamente y que los encuentros han sido asumidos por funcionarios sin competencia en los temas críticos.Esta situación, según dijo, ha diluido responsabilidades y ha afectado acuerdos previos, como el compromiso de pagos para la atención de personas con VIH, que no ha sido cumplido. Tras más de 3.000 quejas presentadas en los últimos 15 días, manifestó que todavía no se han recibido respuestas por parte de la entidad.
El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca.Resultado del Chontico Día hoy, viernes 10 de julio de 2026El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 10 de julio de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Cómo jugar el chance Chontico DíaEste juego ofrece distintas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifraEstas alternativas permiten elegir entre premios más altos o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más simples.Cuánto cuesta apostarEl Chontico Día se destaca por su accesibilidad, permitiendo la participación de diferentes tipos de jugadores:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosCómo reclamar un premio del Chontico DíaEl proceso de cobro depende del monto ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadSegún el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosEntre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFTMayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábilesCon sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.
La fuerte caída del dólar en Colombia ha sorprendido tanto a analistas como a ciudadanos. Con una tasa de cambio cercana a los $3.250, el peso colombiano se convirtió en la moneda con mejor desempeño frente al dólar en el mundo, un comportamiento que, según el economista y gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, responde principalmente a factores internos y a las expectativas que han generado las primeras señales del nuevo Gobierno.Durante una entrevista, Campos explicó que para entender el comportamiento de la tasa de cambio es necesario analizar tres niveles. El primero corresponde al contexto internacional, donde el panorama no justificaría una caída del dólar en Colombia."Este año el dólar en el mundo está subiendo 3%. Muy poquitas monedas están cayendo frente al dólar en todo el mundo", afirmó. El economista recordó que la fortaleza de la divisa estadounidense obedece a factores como la inflación global, el comportamiento de los precios del petróleo y la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.El segundo nivel corresponde a América Latina. Allí, explicó, el buen desempeño de algunas economías exportadoras de materias primas, especialmente petróleo, ha favorecido la apreciación de monedas como el real brasileño, el peso mexicano y el colombiano. Sin embargo, advirtió que este factor solo explica una parte de la caída del dólar."De los 600 pesos que está cayendo el dólar en Colombia, uno afuera lo puede explicar por mucho 100 o 200 pesos del tema internacional, sobre todo por el lado del petróleo", señaló.Para Campos, la verdadera explicación está en el tercer nivel: la coyuntura interna. Aunque reconoció que las altas tasas de interés del Banco de la República han contribuido a estabilizar la moneda, considera que no son suficientes para explicar una apreciación tan marcada.En su opinión, el principal impulso proviene de la confianza que han generado las promesas del nuevo Gobierno, particularmente en materia fiscal."Por primera vez en décadas, la primera política de un Gobierno es decir que va a recortar una barbaridad de plata. Eso es música para los mercados por el problema fiscal", aseguró.El economista comparó la reacción de los mercados con la vivida hace cuatro años tras la elección de Gustavo Petro. En ese entonces, recordó, el dólar reaccionó al alza por la incertidumbre frente a las propuestas del nuevo mandatario."Nos estamos saliendo del mundo por unas promesas políticas y hay que ver cuáles puede cumplir y cómo las va a cumplir", explicó, al advertir que la evolución de la tasa de cambio dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para materializar sus anuncios.Frente a la pregunta sobre si este es un buen momento para comprar dólares, Campos fue prudente. Aunque considera que la divisa estadounidense ya no tendría una tendencia alcista sostenida, recomendó mantener una parte del patrimonio en dólares como mecanismo de protección."El dólar siempre es bueno tenerlo, pero yo ahorita lo considero un seguro de vida. No pienso que usted se va a volver rico, pero si algunas cosas pasan mal, le va a ayudar a diversificar", sostuvo.Incluso proyectó que durante el próximo año la tasa de cambio podría mantenerse en un rango entre $2.800 y $3.200, reflejando un escenario de mayor estabilidad para la moneda colombiana.Campos también descartó que una eventual reducción de las tasas de interés represente un riesgo para el peso. Por el contrario, explicó que una inflación más baja y una política monetaria menos restrictiva atraerían inversionistas de largo plazo, como fondos de pensiones internacionales, fortaleciendo la confianza en el país.Respecto a las perspectivas económicas, recordó que los efectos de las decisiones del Banco de la República se sienten con varios meses de retraso. "Las tasas de interés cuando suben afectan la economía entre ocho y doce meses después", indicó, razón por la cual el menor crecimiento previsto para el próximo año respondería, en buena parte, al endurecimiento monetario aplicado durante los últimos meses.Finalmente, destacó que, pese a los episodios de incertidumbre política registrados antes de las elecciones, Colombia continúa siendo un destino atractivo para los inversionistas extranjeros gracias a los altos rendimientos que ofrecen los bonos de deuda pública.
La Asociación de Ciudades Intermedias (Asointermedias), que agrupa a 52 municipios clave del país, ha formalizado su disposición para trabajar de la mano con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. El alcalde de Yumbo y vocero de la agremiación, Edgar Ruiz, confirmó que ya han entregado un documento con 10 iniciativas estratégicas diseñadas para integrarse al próximo Plan Nacional de Desarrollo.Ruiz destacó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la relevancia económica y social de los territorios que representa, señalando que estas ciudades no son solo centros urbanos, sino motores de desarrollo. “Somos 52 ciudades intermedias que aportamos a la nación el 23.7% del PIB y que somos 14 millones de habitantes”, indicó el mandatario. A pesar de no ser capitales departamentales, el vocero subrayó que son un ente “independiente y complementario” que busca soluciones directas desde los territorios para las necesidades de los colombianos.Seguridad y tecnología: el bloque urbanoUno de los puntos en los que existe mayor coincidencia con el plan de gobierno "Patria Milagro" es el fortalecimiento de la seguridad. Ruiz manifestó que la asociación ve con buenos ojos la creación de los bloques de seguridad urbana propuestos por De la Espriella.“Sería muy interesante poderlo fortalecer con sistemas tecnológicos para tener en las ciudades intermedias más cámaras que tengan reconocimiento facial, que tengan reconocimiento de placa”, aseveró. El objetivo, según el alcalde, es permitir la georreferenciación del delito y aumentar el pie de fuerza para prevenir actos criminales en los territorios.Infraestructura y reactivación económicaEn materia de competitividad, Asointermedias celebró la designación de Elsa Noguera como futura ministra de Transporte y su intención de reactivar las vías 4G y 5G. Ruiz puso como ejemplo la vía Mulaló-Loboguerrero, que conecta a Yumbo con Buenaventura, como una obra vital para el suroccidente colombiano.“Con todas estas obras vamos a reactivar economía, vamos a volvernos más competitivos y llegará inversión extranjera”, afirmó el mandatario, recalcando que las ciudades intermedias aportan actualmente el 50% en los índices de productividad y formalizaron el 17.1% del empleo el año pasado.Finalmente, el vocero hizo un llamado a profundizar en la descentralización para garantizar que los recursos lleguen con equidad a las regiones. “Queremos que se pueda avanzar en la ley de competencias para poder reglamentar esos recursos que deben llegar con equidad a los territorios”, afirmó. Asimismo, instó al gobierno nacional a apoyar el ordenamiento territorial inteligente, ya que muchas ciudades intermedias carecen de fondos para actualizar sus planes de ordenamiento (POT) y requieren de la tecnología para un uso eficiente del suelo. “Tenemos todas las puertas abiertas, los alcaldes y las alcaldesas lo estamos esperando para que podamos articularnos”, concluyó Ruiz, reiterando la invitación al presidente electo a visitar regiones como Antioquia, el Valle y el Pacífico.Escuche la entrevista aquí:
Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en Venezuela, con el epicentro a 10 kilómetros al noreste de la parroquia Naiguatá, en el estado La Guaira, así lo dio a conocer la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).Debido a la ubicación del epicentro en el litoral central, el sismo se sintió con particular claridad en las zonas costeras y en varios sectores de Caracas, donde ciudadanos reportaron la vibración en edificios y viviendas a través de redes sociales.Sin reportes de dañosA pesar de la alarma inicial entre la población, la magnitud de 3,9 se considera moderada. Funvisis y los organismos de gestión de riesgos no han informado sobre afectaciones materiales de gravedad ni víctimas como consecuencia del temblor.Sin embargo, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y estar atentos a los canales oficiales ante posibles réplicas.
La agresión de una profesora contra una estudiante en plena jornada escolar quedó registrada en video y desató una fuerte polémica en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que la docente sostiene una acalorada discusión con la menor, la reta a llevar a sus padres al colegio y, segundos después, la golpea e insulta frente al resto de sus compañeros. El caso generó indignación entre cientos de usuarios y dio paso a una investigación por parte de las autoridades.El hecho ocurrió en el Centro Educativo República de Cuba, ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, en Morazán, Yoro, Honduras. De acuerdo con el video que comenzó a circular en plataformas digitales, la profesora, identificada como Perla Díaz, reprendía a la alumna por su comportamiento dentro del salón de clases. Durante el intercambio de palabras, la docente le exige que lleve a sus papás a la institución para hablar sobre la situación, pero poco después pierde el control y le propina una cachetada mientras la insulta con expresiones ofensivas.En otro momento de la grabación, la profesora se percata de que otra estudiante está registrando lo sucedido con su teléfono celular y decide quitarle el dispositivo para impedir que continúe grabando.Tras conocerse los hechos, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las diligencias correspondientes y sostuvo comunicación con el director de la institución educativa para recopilar información. Debido a que la presunta víctima es menor de edad, parte del proceso se manejó inicialmente bajo reserva.Horas después, la Policía Nacional de Honduras confirmó la detención de Perla Díaz. Según informaron las autoridades, la profesora es investigada como presunta responsable del delito de trato degradante y fue puesta a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con el proceso judicial de acuerdo con la legislación vigente.Después de la captura, una de las hijas de la docente salió públicamente en defensa de su madre. Si bien reconoció que lo ocurrido fue un error, aseguró que la familia lamenta profundamente la situación y considera que la profesora ha sido expuesta de manera desproporcionada."Mi mamá ha dedicado su vida al magisterio y nunca había pasado algo así", expresó la joven, quien señaló que tanto ella como su hermana también son maestras y conocen de primera mano el compromiso de Perla Díaz con la educación.Además, explicó que su madre perdió a sus padres cuando tenía apenas 11 años y que durante años ha contribuido al bienestar de la comunidad educativa, incluso financiando con recursos propios actividades escolares, materiales didácticos y vestuarios para eventos culturales.No obstante, aclaró que la familia no pretende justificar la agresión. Según indicó, la profesora ya había manifestado anteriormente que la estudiante presuntamente le había faltado al respeto en otras oportunidades y que ese día volvió a responderle de forma desafiante durante la clase.