La crisis del sistema de salud es tan grande que hoy el 98,76% de los colombianos está afiliado a una EPS que no cumple los requisitos financieros exigidos por la ley, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República.Aliansalud, Anas Wayuu EPSI, EPM y Salud Mía son las únicas entidades que cumplen con el capital mínimo, el margen de solvencia y el régimen de inversiones de la reserva técnica. Las demás fallan en alguno de los indicadores, y 13 fallaron en todos.Este resultado se da en un contexto en el que las EPS no reciben ingresos suficientes para financiar el costo de la atención en salud de los pacientes, y en el que la decisión de intervenir las EPS y tomar el control desde el gobierno nacional tampoco resolvió el problema, porque esas entidades siguen en una situación financiera crítica. El año pasado, Colombia destinó un presupuesto de 100 billones de pesos para la operación de su sistema de salud, pero esa cifra se quedó corta y el grueso de las EPS recibió menos dinero del que costó la atención de los pacientes. Las pérdidas totales de las EPS (sin contar a Nueva EPS) llegaron a 5,73 billones de pesos.EPS intervenidas Colombia: la crisis financiera que la Contraloría dice que no se ha resueltoLas EPS intervenidas por el gobierno continúan en una situación financiera crítica y su estado se está deteriorando aún más: las deudas están por las nubes, la operación da pérdidas de forma recurrente y no hay patrimonio de respaldo, advirtió la Contraloría General de la República. El informe del ente de control incluye a 7 EPS hoy intervenidas y gerenciadas por la Superintendencia Nacional de Salud: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, S.O.S. (Servicio Occidental de Salud) y Savia Salud EPS. No está incluida la Nueva EPS (la EPS más grande del país) porque aún no ha publicado sus estados financieros para 2025, a pesar de que había anunciado que revelaría sus informes financieros a mediados de julio tras la orden de un juez. "La persistencia de resultados operacionales negativos evidencia que las EPS intervenidas continúan destruyendo valor desde su operación principal, situación que impide cualquier proceso de recuperación patrimonial y obliga a financiar permanentemente la operación mediante un mayor endeudamiento. Esta situación refleja que las intervenciones administrativas no han logrado restablecer condiciones mínimas de viabilidad financiera para las entidades objeto de la medida", señaló la entidad.En otro segmento del estudio, la Contraloría señala que las medidas de intervención administrativa implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud han generado en las EPS un deterioro crítico y agudizaron las causas estructurales que motivaron las intervenciones.Para la Contraloría, las EPS tienen una estructura financiera riesgosa en la que el valor del pasivo supera ampliamente el valor de los activos. En otras palabras, esto significa que si estas entidades se liquidan, no tienen con qué responder a la hora de pagar las deudas.
EPS Famisanar informó el viernes 14 de agosto que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) comunicó la terminación unilateral del contrato que mantenía vigente con la entidad.Según la EPS, tras conocer la decisión evaluó las condiciones planteadas por el instituto con el objetivo de mantener la prestación de los servicios. Sin embargo, señaló que debido a las condiciones actuales del sector salud y al contexto en el que se prestan estos servicios, no es posible atender las exigencias formuladas por el INC.Ante este escenario, Famisanar aseguró que adelantó las acciones necesarias para contar con una red de prestadores habilitada y disponible que permita dar continuidad a la atención de los pacientes que actualmente reciben servicios en el Instituto Nacional de Cancerología.La EPS indicó que el traslado o asignación de los pacientes se realizará teniendo en cuenta sus necesidades y condiciones clínicas.Famisanar anunció que se pondrá en contacto directamente con los afiliados que puedan verse afectados para entregarles información personalizada sobre la continuidad de sus tratamientos y acompañarlos durante el proceso de asignación o traslado a la institución que corresponda.La entidad reiteró que ningún afiliado quedará sin orientación sobre la continuidad de su atención y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar los servicios de salud requeridos, de acuerdo con las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario.Canales de orientación para los pacientesFamisanar habilitó canales especiales para los afiliados que tengan dudas sobre la continuidad de su atención en el INC.Para adultos, está disponible el correo caadultos@famisanar.com.co, mientras que para pacientes pediátricos se habilitó capediatrico@famisanar.com.co.La EPS también dispuso un formulario en línea denominado “Seguimiento Pacientes IPS Ins Nacional de Cancerología 2026” para realizar consultas y seguimiento de los casos.Los afiliados también pueden acudir a las oficinas de atención al usuario o agendar una atención presencial a través de www.famisanar.com.co, en la sección “Canales de atención” y luego en “Agendar atención física”.Entre los canales telefónicos se encuentran la Línea Amable PBS, en Bogotá al (601) 307 8069 y a nivel nacional en el 01 8000 116 662, y la Línea Amable PAC, en el (601) 307 8085 o 01 8000 127 363.También están disponibles el correo servicioalcliente@famisanar.com.co, el WhatsApp Camila: 300 643 8831, el portal Famisanar en Línea y el servicio de atención por videollamada, ambos disponibles desde la página web de la EPS.
La crisis financiera, la falta de recursos, la necesidad de recuperar la confianza entre los actores del sector y una hoja de ruta clara para los primeros 100 días del nuevo gobierno son, según Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, los principales desafíos que enfrentará el sistema de salud colombiano a partir del 7 de agosto.En entrevista, Silva aseguró que la llegada de Ana María Vesga al Ministerio de Salud genera expectativas positivas, pese a los cuestionamientos que surgieron por su cercanía con las Entidades Promotoras de Salud (EPS). De hecho, reveló que la primera reunión que sostuvo la ministra designada fue precisamente con representantes de los pacientes.“La primera reunión que tuvo la ministra designada fue con nosotros los pacientes”, afirmó Silva, quien explicó que durante el encuentro se abordaron temas sensibles como un eventual conflicto de interés por la trayectoria de Vesga al frente del gremio de las EPS.Según el vocero, la funcionaria respondió que el Ministerio de Salud no ejerce funciones de inspección y vigilancia, competencia que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, y aseguró que, de ser necesario, se declararía impedida para tomar decisiones específicas. “Eso nos generó tranquilidad, pero hay que hacer preguntas”, señaló.Silva también lamentó que el sector salud haya sido uno de los últimos en iniciar el proceso de empalme y cuestionó la falta de información heredada por el actual Gobierno. “Tenemos que recordarle a la audiencia que el gobierno del presidente Gustavo Petro no hizo empalme. Entonces eso dificulta tener información clara, precisa y oportuna para saber cómo se puede mejorar el sistema”, sostuvo.Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el relacionado con la financiación del sistema. Para Silva, la promesa de inyectar 10 billones de pesos a la salud enfrenta enormes dificultades presupuestales. Aun así, considera indispensable encontrar nuevas fuentes de recursos.“Sin plata no funciona el sistema de salud”, enfatizó, al advertir que la prioridad inmediata debe ser estabilizar financieramente el modelo para evitar el deterioro en la atención a millones de pacientes.El representante de Pacientes Colombia propuso concentrar los esfuerzos del nuevo gobierno en tres frentes: atender la crisis humanitaria y financiera, reconstruir la confianza entre todos los actores del sistema y definir un plan de acción concreto para los primeros 100 días de Gobierno.“Los temas que hay que poner sobre la mesa son tres: la crisis humanitaria y financiera; la generación de confianza con todos los actores del sistema de salud; y definir la hoja de ruta de cómo va a funcionar el puesto de mando unificado para los primeros 100 días”, afirmó.Respecto al papel de la nueva ministra, Silva destacó su experiencia y capacidad de concertación. “La doctora Vesga conoce plenamente cómo funciona el sistema de salud, es una mujer dialogante, tiene la capacidad de sentar a todos los actores y tratar de llegar a consensos. Y es una mujer ética, y eso nos genera confianza”, expresó.Sobre las EPS, insistió en que el Estado no debe asumir las deudas de los privados, aunque sí debe cumplir los fallos de la Corte Constitucional relacionados con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Explicó que este mecanismo corresponde al valor que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema y que su metodología debe ser revisada para determinar si existieron insuficiencias en los recursos girados.Asimismo, calificó como inviable una eventual liquidación de Nueva EPS, que reúne cerca de 11,5 millones de afiliados. A su juicio, ninguna otra entidad cuenta actualmente con la capacidad financiera, administrativa o de red para absorber semejante volumen de usuarios. En ese sentido, propuso renovar los equipos interventores y construir acuerdos con hospitales y proveedores para estabilizar el sistema.Silva también defendió la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria o una crisis humanitaria, medida que permitiría priorizar la atención en salud y gestionar recursos de cooperación internacional para responder a las necesidades más urgentes de la población.Finalmente, el vocero de Pacientes Colombia lanzó una de las críticas más fuertes al Gobierno saliente al referirse al reconocimiento otorgado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.“A los pacientes les pusieron la cruz para que se fueran para el cementerio, y a los que generaron la crisis y no hicieron nada para salvar la vida los premian. Eso produce vergüenza, indignación y molestia”, afirmó.Pese a las dificultades que enfrenta el sistema, Denis Silva concluyó que el inicio del nuevo Gobierno representa una oportunidad para reconstruir el diálogo y recuperar la confianza. “Todos sentimos un parte de confianza. Eso es muy importante para empezar a trabajar”, concluyó.
La publicación de los estados financieros de Nueva EPS reabrió el debate sobre el futuro de las EPS intervenidas. Sin embargo, un análisis de la firma FrontierView advierte que el próximo gobierno no tendría margen para desmontar esas intervenciones en el corto plazo, ya que el sistema de salud perdió gran parte de su capacidad para absorber una liquidación masiva de aseguradoras.En entrevista con Blu Radio, Santiago González Barrera, analista para la Región Andina de FrontierView, explicó que el principal problema ya no es únicamente financiero, sino estructural. Según el estudio, cerca del 77 % de los municipios del país cuenta con tres o menos EPS no intervenidas, mientras que en 755 municipios más de la mitad de los afiliados pertenece a una EPS intervenida, lo que impediría trasladar millones de usuarios sin afectar la prestación de los servicios.El experto señaló que una eventual liquidación de Nueva EPS, que concentra cerca de una cuarta parte de los afiliados del país y mantiene una deuda cercana a los 20 billones de pesos, requeriría no solo cubrir sus obligaciones con hospitales y clínicas, sino también destinar recursos adicionales para fortalecer las demás EPS que tendrían que recibir a esos pacientes. De lo contrario, advirtió, aumentaría el riesgo de cierres de IPS, suspensión de servicios y desabastecimiento de medicamentos.González también aseguró que levantar las intervenciones y devolver las EPS a sus antiguos propietarios tampoco sería una salida viable. Explicó que, en las condiciones actuales, muchas de esas entidades entrarían rápidamente en insolvencia, generando una pérdida de confianza entre hospitales y clínicas que hoy continúan prestando servicios con la expectativa de recuperar los recursos adeudados.Frente a este panorama, FrontierView plantea que las liquidaciones sí deberían hacerse, pero de manera gradual y durante varios años. El analista sostuvo que el próximo gobierno necesitaría un plan de largo plazo para fortalecer financieramente el sistema, construir capacidad en las EPS que permanecerán operando y negociar el pago de las deudas con los prestadores antes de iniciar el cierre progresivo de las entidades intervenidas.El estudio también advierte que cerca del 70 % de las EPS del país, intervenidas y no intervenidas, incumple actualmente al menos uno de los requisitos financieros exigidos para operar. Además, recuerda que la deuda del sistema supera los 41 billones de pesos, por lo que, incluso sumando los 11 billones que el gobierno Petro ha planteado asumir y el plan de choque de 10 billones anunciado por el presidente electo, los recursos seguirían siendo insuficientes para resolver la crisis estructural del sector.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington a voceros de Pacientes Colombia y otras organizaciones que denunciaron la situación del sistema de salud en el país. La cita se realizó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), donde los representantes entregaron un informe técnico de más de 80 páginas con cifras y soportes jurídicos sobre la atención a los pacientes.La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes expusieron lo que califican como una crisis que afecta a millones de usuarios. Según el documento, la deuda del sistema pasó de 13 billones de pesos en 2022 a más de 32 billones en 2026; además, reportaron el aumento en el desabastecimiento de medicamentos, el cierre de más de 40 instituciones prestadoras de salud y el crecimiento de las acciones de tutela relacionadas con servicios médicos.Durante la audiencia participaron diferentes asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes de Alto Costo y las organizaciones que integran Pacientes Colombia, movimiento que reúne a más de 200 colectivos en el país. Los voceros señalaron que acudieron a instancias internacionales tras agotar recursos internos y solicitaron medidas cautelares colectivas para personas con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.En su intervención, también pidieron que la CIDH realice una visita a Colombia para verificar la situación hospitalaria y convoque una audiencia pública en el próximo período de sesiones. Las organizaciones buscan que el organismo internacional evalúe posibles vulneraciones al derecho a la salud y emita recomendaciones al Estado colombiano.
La organización Pacientes Colombia, que agrupa a 202 asociaciones de pacientes, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial y otras conductas que puedan establecerse durante la investigación.Según el documento, el ministro habría incumplido de manera consciente y reiterada varias órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y sus autos de cumplimiento. La denuncia señala que estas decisiones estarían relacionadas con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos que financian servicios y tecnologías en salud no cubiertos por ese mecanismo. Para los denunciantes, estas actuaciones habrían puesto en riesgo la estabilidad del sistema y la garantía del derecho a la salud de millones de usuarios.El escrito menciona que, pese a advertencias de la Corte en autos emitidos entre 2023 y 2025, el Ministerio de Salud habría mantenido prácticas contrarias a lo ordenado, como no unificar los presupuestos máximos para toda la vigencia anual mediante un acto administrativo, realizar pagos tardíos y fijar el valor de la UPC con base en la inflación y no en estudios técnicos completos. La Corte ha calificado estos hechos como incumplimientos en materia de suficiencia financiera del sistema.La denuncia también advierte que las mesas técnicas ordenadas para revisar la UPC se habrían desarrollado sin una deliberación efectiva. De acuerdo con Pacientes Colombia y otras organizaciones firmantes, se habrían presentado restricciones en el acceso a la información, exclusión de actores del sistema y decisiones ya definidas por el ministerio. Voceros de estas organizaciones sostienen que sus aportes técnicos no fueron incorporados y que no se garantizó una participación efectiva.“Lo que está en juego no es una discusión técnica aislada, sino la vida y la continuidad de los tratamientos de los pacientes de todo el país. Consideramos que la conducta del ministro constituye un patrón de elusión de decisiones judiciales mediante actos aparentes de cumplimiento”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, al solicitar a la Fiscalía que investigue la responsabilidad penal individual del jefe de la cartera de Salud.En la denuncia se solicita además la adopción de medidas cautelares urgentes, entre ellas la protección de denunciantes y testigos y la evaluación de una suspensión temporal de las funciones del ministro relacionadas con la definición de la UPC y el giro de recursos, mientras se adelanta la investigación. Según los firmantes, estas acciones buscan evitar la prolongación de un escenario de desfinanciamiento que estaría afectando la atención y la continuidad de los servicios.
Pacientes Colombia expresó su preocupación sobre un posible traslado masivo de afiliados entre EPS en distintas regiones del país. Según la organización, un borrador de decreto del Gobierno Nacional podría provocar el movimiento de cerca de 6,6 millones de usuarios como consecuencia de la liquidación de varias EPS.De acuerdo con Pacientes Colombia, el traslado automático de usuarios cuando se liquida una EPS no es una práctica nueva y ya ha sido aplicada en gobiernos anteriores, como los de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Sin embargo, la principal preocupación radica en que, a diferencia de esos periodos, anteriormente no se permitía trasladar afiliados a EPS que se encontraran intervenidas, debido a sus graves problemas administrativos y financieros. Por lo que, comparando el escenario actual, el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría considerando trasladar millones de usuarios a entidades que ya presentan serias dificultades para garantizar la atención en salud.Pacientes Colombia advirtió que los usuarios que serían trasladados provienen de EPS liquidadas, es decir, entidades que ya agotaron todas las posibilidades de recuperación.“Ahora el gobierno pretende cuadrar la tasa de la nueva EPS trasladándole cerca de 4 millones de usuarios. Si a la nueva EPS le quedó grande manejar 11 millones 500.000 afiliados que tiene de promedio hoy en día, si le trasladan 4 millones más, serían cerca de 16 millones. El caos sería espantoso”, según señaló Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.Este panorama implica que muchos afiliados lleguen sin tratamientos activos, sin historias clínicas completas y con una alta carga de enfermedad. Al ser trasladados a EPS que atraviesan problemas similares, los pacientes podrían enfrentar meses de espera antes de retomar sus tratamientos, afectando especialmente a personas con enfermedades crónicas o de alto costo.Según Pacientes Colombia, aunque algunos de estos usuarios no hacen uso frecuente del sistema de salud, la mayoría presenta patologías de alto costo y alto impacto social, lo que aumenta la gravedad de la situación. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones se tomen de manera responsable y no se condene a los pacientes de una EPS liquidada a ser trasladados a otra que se encuentra en condiciones iguales o peores.Finalmente, Pacientes Colombia aclaró que, hasta que el Gobierno no haga público el borrador del decreto, no es posible confirmar qué EPS serían liquidadas. Además, pidió a los usuarios mantenerse atentos, ya que una vez se anuncien los traslados, los afiliados podrán ejercer su derecho a la libre elección y solicitar el cambio a otra EPS.
La crisis en la Nueva EPS continúa profundizándose, según denunció Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de esta entidad, durante una entrevista en El Radar en la que advirtió que la intervención estatal, lejos de mejorar la situación, ha generado un deterioro sin precedentes en la atención médica, la entrega de medicamentos y la estabilidad administrativa.Álvarez explicó que los problemas se agravaron desde que la EPS fue intervenida por el Gobierno en abril de 2024. “En este momento es una empresa que va sin control. Hay una rotación cada dos o tres meses de todos los directivos y no hay una política clara para manejar la crisis”, afirmó. Según el líder de pacientes, en menos de dos años han pasado cerca de siete interventores, lo que ha generado desorden, incumplimiento de acuerdos y pérdida de confianza por parte de los prestadores de servicios.Uno de los impactos más visibles, señaló, ha sido la interrupción en la entrega de medicamentos y la falta de atención médica oportuna. “Tenemos todos los pacientes un mes casi sin reclamar medicamentos, y el Ministerio y la Supersalud están en silencio. Nada pasa en este país con una violación tan sistemática de un derecho fundamental como es el derecho a la salud”, denunció Álvarez. A esto se suma la suspensión de diagnósticos, consultas y ayudas especializadas, lo que estaría afectando tanto a pacientes crónicos como a quienes requieren atención por primera vez.Sobre las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a embargos judiciales superiores a dos billones de pesos, el vocero fue enfático en rechazarlas. “Esto es una cortina de humo. Desde mucho antes la situación venía crítica, con cierres de servicios permanentes durante todo 2025 y ahora en 2026”, aseguró. En su concepto, el verdadero problema radica en el desorden administrativo, la insuficiencia de recursos y la falta de continuidad en la gestión.Álvarez también cuestionó la idoneidad de quienes han asumido la intervención. “Es absurdo que una empresa en crisis sea manejada por personas sin experiencia gerencial en organizaciones de esta dimensión. Las intervenciones nunca han servido para mejorar una EPS, siempre terminan en liquidación y deterioro del servicio”, advirtió.Frente a la posibilidad de un colapso definitivo de la Nueva EPS, el dirigente señaló que hablar de quiebra por los embargos es irresponsable, pues “el 80 % del giro directo sigue entrando al sistema”. Sin embargo, alertó que la falta de decisiones oportunas y el silencio de los entes de control están agravando el panorama.Finalmente, Álvarez fue crítico con los anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la eventual liquidación de EPS intervenidas. “Es una irresponsabilidad política, ética y legal crear más incertidumbre en los pacientes. No se puede jugar con la salud de millones de personas”, concluyó.
Las amenazas del presidente Gustavo Petro de liquidar de manera generalizada las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de intervención generaron una respuesta conjunta de organizaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, instituciones del sector salud, gremios económicos y un amplio grupo de exministros y exviceministros de Salud, quienes advirtieron sobre los riesgos inmediatos que una decisión de este tipo tendría para el sistema y para la atención de millones de colombianos.En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes señalaron que la liquidación apresurada de las EPS profundizaría la crisis sanitaria y aumentaría los riesgos para los pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, que dependen de la continuidad de tratamientos, la entrega oportuna de medicamentos y la articulación de redes de atención especializadas.El pronunciamiento subraya que, pese a sus falencias, las EPS cumplen funciones esenciales dentro del sistema, como la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la coordinación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Eliminar estos actores sin un sustituto operativo probado, advierten, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir de manera simultánea en todo el país.Las organizaciones alertaron que ninguna entidad del orden nacional o territorial cuenta hoy con la capacidad operativa para administrar, autorizar, auditar y pagar millones de servicios de salud de forma directa, lo que podría derivar en interrupciones masivas de la atención, saturación de los servicios de urgencias y un aumento previsible en los riesgos de morbimortalidad.En el plano financiero, el comunicado advierte que, aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Esto dejaría a hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.El documento también atribuye la crisis actual a problemas estructurales como la insuficiencia de financiación del sistema, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, retrasos en los pagos del presupuesto máximo y decisiones regulatorias que, según los firmantes, han incrementado la desfinanciación. A esto se suma la actualización de la UPC para 2026, que consideran insuficiente para cubrir las necesidades del régimen contributivo y subsidiado.Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a abandonar la confrontación política y los señalamientos personales, y a retomar el diálogo técnico e institucional. Aseguran que una transformación responsable del sistema de salud requiere respaldo legal, transiciones graduales y modelos alternativos probados, y no decisiones improvisadas que, según advierten, pondrían en riesgo el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Wilfred Franco, un adulto mayor de 70 años, denuncia que desde hace varios semanas enfrenta serias dificultades para que la Nueva EPS le entregue medicamentos esenciales para su tratamiento, pese a su delicado estado de salud y a sus múltiples antecedentes médicos.Según su familia, el señor Franco requiere de manera permanente los medicamentos Ezetimib y Rosuvastatina, los cuales debe tomar cada mes y de por vida, además de hialuronato de sodio y sulfa, formulados, luego de una cirugía de próstata a la que fue sometido en junio de 2025.La entrega de estos medicamentos debía hacerse a través de la Droguería Cafam, sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta efectiva ni una fecha clara para la dispensación, a pesar de haber adelantado múltiples trámites ante la EPS.De acuerdo con la denuncia, Wilfred Franco padece un sinnúmero de enfermedades, entre ellas antecedentes de infarto, lo que hace que la continuidad de su tratamiento médico sea vital para evitar complicaciones mayores.Aunque su familia ha elevado la queja ante varias instancias, incluidas las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, hasta el momento no han recibido una solución efectiva. Ante las persistentes demoras en la entrega de los medicamentos, se vieron en la obligación de acudir a los medios de comunicación para hacer pública la situación y pedir una respuesta urgente por parte de la Nueva EPS.“Son medicamentos que él debe tomar todos los meses y de por vida. No puede suspenderlos porque su vida está en riesgo. Hemos ido muchas veces y no nos dan ninguna respuesta”, aseguró Daniela Villamil, familiar del paciente.El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se garantice de manera urgente la entrega de los medicamentos y se proteja el derecho a la salud del adulto mayor.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
