Las amenazas del presidente Gustavo Petro de liquidar de manera generalizada las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo medida de intervención generaron una respuesta conjunta de organizaciones de pacientes, asociaciones de usuarios, instituciones del sector salud, gremios económicos y un amplio grupo de exministros y exviceministros de Salud, quienes advirtieron sobre los riesgos inmediatos que una decisión de este tipo tendría para el sistema y para la atención de millones de colombianos.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, los firmantes señalaron que la liquidación apresurada de las EPS profundizaría la crisis sanitaria y aumentaría los riesgos para los pacientes, en especial aquellos con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo, que dependen de la continuidad de tratamientos, la entrega oportuna de medicamentos y la articulación de redes de atención especializadas.
El pronunciamiento subraya que, pese a sus falencias, las EPS cumplen funciones esenciales dentro del sistema, como la gestión del riesgo en salud, la organización de las redes de prestación, la coordinación entre niveles de atención y el pago a miles de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Eliminar estos actores sin un sustituto operativo probado, advierten, generaría un vacío funcional inmediato que el Estado no está en capacidad de asumir de manera simultánea en todo el país.
Las organizaciones alertaron que ninguna entidad del orden nacional o territorial cuenta hoy con la capacidad operativa para administrar, autorizar, auditar y pagar millones de servicios de salud de forma directa, lo que podría derivar en interrupciones masivas de la atención, saturación de los servicios de urgencias y un aumento previsible en los riesgos de morbimortalidad.
En el plano financiero, el comunicado advierte que, aunque los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continuarían fluyendo, la desaparición abrupta de los pagadores organizados rompería la cadena de desembolsos. Esto dejaría a hospitales y clínicas sin un interlocutor claro, profundizando la crisis de liquidez, el cierre de servicios y el deterioro de las condiciones laborales del talento humano en salud.
El documento también atribuye la crisis actual a problemas estructurales como la insuficiencia de financiación del sistema, el incumplimiento de fallos y autos de la Corte Constitucional, retrasos en los pagos del presupuesto máximo y decisiones regulatorias que, según los firmantes, han incrementado la desfinanciación. A esto se suma la actualización de la UPC para 2026, que consideran insuficiente para cubrir las necesidades del régimen contributivo y subsidiado.
Finalmente, los firmantes hicieron un llamado a abandonar la confrontación política y los señalamientos personales, y a retomar el diálogo técnico e institucional. Aseguran que una transformación responsable del sistema de salud requiere respaldo legal, transiciones graduales y modelos alternativos probados, y no decisiones improvisadas que, según advierten, pondrían en riesgo el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.