El gobierno entrante de Abelardo De La Espriella anunció este jueves un plan de rescate para el sistema de salud que contempla la movilización de hasta 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de gobierno. El anuncio fue hecho por Iván Sánchez, vocero del sector salud, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, donde aseguró que la prioridad será atender la crisis humanitaria, estabilizar las finanzas del sector y recuperar la confianza entre los actores del sistema.
Sánchez sostuvo que el nuevo gobierno reconoce la gravedad de la situación que enfrenta la atención en salud y aseguró que los primeros reportes del equipo de empalme evidencian cientos de miles de pacientes con tratamientos pendientes, entre ellos personas con cáncer, enfermedades crónicas y pacientes trasplantados con riesgo de interrupción en la entrega de medicamentos. Aunque aclaró que estas cifras aún deberán ser verificadas y auditadas, afirmó que servirán como punto de partida para las primeras acciones del Ejecutivo.
Como respuesta, anunció un plan de salvamento que destinará hasta 4 billones de pesos para el pago de nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas, 3 billones para garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos, 2 billones para reducir la represa de pacientes con enfermedades de alto costo y 1 billón para atender otras necesidades prioritarias del sistema. Según explicó, los recursos serán girados bajo criterios técnicos, con auditorías, cronogramas públicos y mecanismos de seguimiento para garantizar su trazabilidad.
El vocero también informó que el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con participación del Gobierno, EPS, IPS, ADRES, Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, pacientes y sociedades científicas para establecer una metodología que permita aclarar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026. El propósito será diferenciar las obligaciones debidamente certificadas de aquellas que se encuentran en litigio, presentan inconsistencias o carecen de soporte, con el fin de definir los mecanismos de pago correspondientes.
En materia de financiación, Sánchez anunció que el nuevo gobierno garantizará el flujo oportuno de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos, separando el manejo de la deuda histórica de la operación corriente del sistema. Asimismo, confirmó que desde el 7 de agosto comenzará una mesa técnica para definir la UPC de 2027, con una metodología basada en variables como la carga real de enfermedad, el envejecimiento de la población, la ruralidad y los costos efectivos de prestación de los servicios. Además, no descartó un ajuste extraordinario para la UPC de 2026, siempre que exista respaldo técnico y disponibilidad presupuestal.
Finalmente, Sánchez aseguró que el plan de recuperación exigirá compromisos de todos los actores del sistema. El Gobierno asumirá la coordinación y el financiamiento del rescate, mientras que EPS, IPS, industria farmacéutica, profesionales de la salud y sociedades científicas deberán fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de los servicios y contribuir a la estabilización del sistema de salud colombiano.
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