Supersalud anuncia auditoría forense a la Nueva EPS con firma internacional
La medida hace parte de la intervención que el Gobierno inició a la EPS desde abril de 2024, cuando tomó el control tras identificar irregularidades financieras.
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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que en agosto iniciará una auditoría forense a la Nueva EPS, a través de una firma internacional, con el fin de revisar las cuentas de la entidad correspondientes al periodo entre 2019 y 2025.
La medida hace parte de la intervención que el Gobierno inició a la EPS desde abril de 2024, cuando tomó el control tras identificar irregularidades financieras.
“Esta auditoría forense nos pondrá en blanco y negro la situación real de cada una de estas instituciones, no solamente en el tema financiero, sino en el tema de prestación de servicios de salud y otros aspectos técnicos muy relevantes”, dijo el superintendente Giovanny Rubiano García.
Es decir, buscarán esclarecer cómo se han dado los manejos financieros, el flujo de recursos y plantear propuestas de mejora y de control para evitar que se sigan perdiendo dineros de la salud.
Este tipo de auditorías busca investigar y documentar todas las prácticas irregulares con el manejo de los recursos en EPS, hospitales, clínicas y otras entidades del sistema de salud y, a diferencia de una auditoría tradicional, que solo revisa los estados contables, un proceso forense puede usarse como parte de una investigación judicial.
Y es que durante la intervención, ya han evidenciado pagos a IPS vinculadas a la EPS, lo que supone conflictos de interés y deficiencias en el sistema de compras .
“Vamos a desarrollar unos semáforos de control para evaluar el desempeño de las EPS de manera semanal, con un informe mensual sobre cobertura, contratación, postulación de pagos, estructuración de red y número de tutelas”, explicó Rubiano como una metodología para agilizar los resultados de esa auditoría.
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El funcionario insistió en que la intervención ya ha arrojado hallazgos preocupantes como deudas ocultas por facturas no registradas, anticipos médicos sin legalizar que superan los $1,5 billones para 2023, y presuntos desvíos de más de $70 .000 millones de pesos hacia exfuncionarios.