Amanda Rodríguez, paciente trasplantada de hígado, enfrenta dificultades para acceder a su tratamiento posoperatorio, luego de que su trasplante se realizara el 18 de febrero de 2024 en la Fundación Cardio Infantil, y aunque se ordenó un control médico el 4 de diciembre de 2024, la institución no ha dado respuesta positiva para continuar con la atención.
Según el proceso, la afectada padece una enfermedad crónica y se vio gravemente perjudicada cuando su EPS anterior dejó de prestarle el servicio, ahora, la nueva entidad, por su parte, se negó a suministrar los medicamentos recetados argumentando la necesidad de cumplir con nuevos procedimientos administrativos.
“Desde que me hicieron el trasplante, solo he podido tener un control, y eso fue gracias a una tutela anterior. La negligencia es evidente”, afirmó Rodríguez Jiménez en su denuncia.
En su fallo, con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz, el Tribunal ordenó a la EPS garantizar el suministro inmediato del medicamento, “sin exigirle nuevos trámites que retrasen su tratamiento”.
El Tribunal también hizo énfasis en que la continuidad en la prestación del servicio de salud es un deber esencial de las EPS y que los cambios administrativos no pueden afectar el derecho de los pacientes a recibir su tratamiento oportunamente.
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