El informe resalta el trabajo adelantado en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, desde su creación en 2009. Destaca que esta instancia fue creada de común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. (Vea también: MinDefensa dice que ELN está detrás de asesinatos contra defensores de DDHH)
Esta “permite contar con espacios directos de interlocución con las autoridades estatales, para el diseño e implementación de las estrategias y acciones de defensa a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, señala la publicación.
Igualmente, la CIDH indica que las iniciativas desarrolladas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) facilitan a las defensoras y los defensores realizar sus actividades en condiciones de seguridad.
Entre tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la Unidad Nacional de Protección ya trabaja en la reubicación de personas que están amenazadas por liderar temas de derechos humanos y de restitución de tierras. (Vea también: Muertes de defensores de DDHH no pueden pasar en silencio: De La Calle)
Una de las primeras medidas del Gobierno luego de las denuncias hechas por organizaciones sociales y movimientos de izquierda quienes han visto perjudicadas sus labores y en peligro su integridad por las acciones de las bandas criminales y organizaciones delincuenciales.
“Hay algunas solicitudes de reubicación de algunos líderes que están amenazados y que están en trámite, ustedes entenderán obviamente por razones de seguridad no se dan”, señaló.
Por otro lado, el jefe de la cartera política informó que en dos semanas se tendría listo un informe sobre las amenazas y asesinatos de miembros de la Marcha Patriótica, ya que desde su creación han sido asesinados 115 de sus integrantes, al parecer, a manos de las Bacrim y reductos de los grupos paramilitares.
“Aquí lo importante es que estamos entrando en el detalle, individualizando cada caso, cada amenaza, cada crimen que se ha cometido para tener una información muy precisa”, dijo.
Según informaciones, la Unidad Nacional de Protección para la seguridad de los defensores de derechos humanos han recibido en el último tiempo cerca de 1.200 solicitudes para instalar o reforzar esquemas de seguridad en regiones como Antioquia, Cauca, Valle, Sucre, Córdoba, Santander, Norte de Santander y Meta.
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