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Dichas denuncias fueron remitidas a las Secretarías de Educación en cada territorio, para que se adelanten las investigaciones respectivas, y en caso de ser necesario se apliquen las sanciones a que haya lugar.
Las quejas van desde la exigencia para adquirir textos y materiales en lugares específicos, pasando por listas desproporcionadas para alumnos de preescolar y primaria, la inclusión de elementos de aseo y papelería que son responsabilidad de los planteles educativos, hasta aumentos exagerados y prohibidos en el valor de las matrículas, entre otros factores.
Las denuncias que se mantendrán hasta el 23 de enero, recibidas desde ciudades como Bogotá, Cali, Neiva, Popayán, Ibagué y Santa Marta, además de municipios como Cajicá, Soacha, Bello y Girón.
Dice el organismo humanitario que llama la atención casos como el de un colegio en Usaquén, el cual incrementó el valor de la pensión en más del 100 por ciento, cuando según la resolución del Ministerio de Educación el ajuste no puede ser mayor al 6,46 por ciento.
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“Un establecimiento educativo en Kennedy que pide resmas de papel, libros y cuadernos en cantidades no adecuadas para niños que ni siquiera llegan a los 3 años de edad; y el caso de otro plantel que pone como condición la entrega de todos los materiales para autorizar el ingreso a clase de sus estudiantes”.
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