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El creciente malestar de las familias sigue siendo el costo de las matrículas, y es que, año tras año, los aumentos generan preocupación entre los padres. Por ello, en el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que buscaría ofrecer mecanismos de control estrictos y así garantizar una tarifa que ofrezca mayor equidad en el acceso a la educación.
De esa manera, la Ley 38 del Senado le daría un alivio a los padres de familia, quienes desde ahora podrían ahorrarse una buena suma de dinero, pues el proyecto propone establecer límites claros en los incrementos de matrículas, pensiones y cobros periódicos en los colegios privados.
Con esta iniciativa, el incremento en los valores cobrados no podrá exceder el índice de inflación del año anterior, a menos que exista alguna autorización expedida por parte del Ministerio de Educación Nacional o por la Secretaría de Educación territorial correspondiente.
Eso sí, las autoridades competentes serán las encargadas de comprobar las condiciones que motivaron la solicitud de incremento. En caso de presentarse inconsistencias o incumplimientos, la institución educativa será inhabilitada para solicitar aumentos por encima del índice de inflación durante los próximos cinco años.
La propuesta plantea que el Ministerio de Educación y las secretarías de educación tendrán 30 días calendario para responder a las solicitudes de aumento en los cobros escolares.
Si no hay respuesta en ese plazo, los colegios podrán aplicar incrementos por encima de la inflación, siempre que estén dentro de los márgenes definidos por el Ministerio. Además, se exigirá que los colegios privados publiquen en su sitio web, de forma visible y permanente, el informe técnico y el acto administrativo que justifica el aumento.
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Durante el proceso de matrícula, esta información debe ser comunicada claramente a los padres o acudientes.
También se prohíben recargos por pagos tardíos de matrícula; las familias podrán pagar sin penalidades hasta el día hábil anterior al inicio de clases. Sin embargo, se podrán ofrecer descuentos por pronto pago. Finalmente, se establece un canal de denuncia accesible para reportar incumplimientos ante las autoridades de inspección y vigilancia.
De esta manera, los padres de familia serían beneficiados por la nueva ley, al dejar de preocuparse por aumentos desmedidos en matrículas y pensiones escolares, algo que, en muchos hogares, representa una carga financiera difícil de sostener.
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