Más de 2.000 personas han abandonado el pueblo colombiano de El Plateado, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), por enfrentamientos entre grupos armados ilegales que suceden desde el viernes pasado, informó la Defensoría del Pueblo.Ese organismo detalló que la confrontación armada se extendió hasta la tarde del sábado y provocó "el desplazamiento masivo de más de 2.000 personas" que huyeron a otras zonas urbanas del municipio de Argelia, del que hace parte El Plateado."Estos hechos han tenido lugar en el casco urbano del corregimiento (pueblo) de El Plateado, con más de 6.000 personas de la población civil expuestas ante el uso de artefactos explosivos convencionales y no convencionales por parte de los actores armados ilegales", agregó la Defensoría en un hilo de Twitter.Durante los enfrentamientos fue asesinado el soldado Deninson Ayiver Gaviria Muñoz."En el corregimiento de El Plateado nuestro soldado Deninson Ayiver Gaviria Muñoz (...) ofrendó su vida en defensa de la soberanía y la seguridad de los colombianos. Elevamos plegarias por su descanso eterno", afirmó el comandante de la Tercera División del Ejército, general Marco Vinicio Mayorga.En el Cauca tienen presencia grupos narcotraficantes, disidencias de las FARC y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan varias regiones para dedicarlo a cultivos ilícitos de coca y marihuana, así como a la minería ilegal, en una zona que también es un corredor clave para el movimiento de mercancías ilegales.HUYENDO DE LA VIOLENCIAEn videos publicados en las redes sociales se ve cómo muchas personas que están huyendo de la zona lo hacen con banderas o pañuelos blancos para que los grupos armados no los ataquen."Solicitamos respuesta inmediata e integral de prevención y protección por parte de las autoridades, y la activación del plan de contingencia municipal y departamental para los hechos victimizantes: combates y desplazamiento forzado", expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.El director para las América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por los desplazamientos masivos."Huyen de ataques entre grupos armados. Desplazados no cuentan con alimentos ni agua suficientes ni albergues dignos. Pedimos asistencia de la Gobernación del Cauca y la Unidad para las Víctimas y protección urgente para las comunidades", detalló Vivanco.ATENTADO EN LA REGIÓNAdemás de estos enfrentamientos, el viernes pasado 43 personas resultaron heridas por la explosión de un coche bomba frente a la Alcaldía del municipio de Corinto, en el Cauca, y las autoridades acusan del ataque a una disidencia de las FARC denominada Columna Móvil Dagoberto Ramos.Según el Gobierno de Corinto, el ataque dejó destruido el edificio de la Alcaldía, causó daños en cinco locales comerciales y las autoridades investigan lo ocurrido."Condenamos atentado con carro bomba perpetrado ayer en Corinto, Cauca, que provocó varios heridos, algunos graves, y daños materiales. Expresamos preocupación por desplazamientos forzados de personas en otras comunidades por combates en Argelia", expresó la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.
Human Rights Watch (HRW) y Robert F. Kennedy Human Rights pidieron justicia por Dilan Cruz, fallecido el 25 de noviembre de 2019 por un proyectil disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía durante una manifestación pacífica en Bogotá.Las organizaciones presentaron una intervención ante la Corte Constitucional para manifestar que las instituciones del país deben respetar el derecho a la protesta pacífica, así como "garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza policial en contra de manifestantes", incluidos los casos de homicidios.Cruz, de 18 años, murió por las heridas sufridas en la cabeza por el disparo de un agente del Esmad con una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", según un informe forense que consideró el caso como "homicidio" violento.La muerte del joven, ocurrida durante el paro nacional de 2019 contra las políticas económicas del Gobierno y la violencia, ha motivado múltiples protestas en contra de la brutalidad policial y la impunidad en su caso, así como a favor de las manifestaciones pacíficas.Impunidad en la justicia militar El caso de Cruz fue remitido por el Consejo Superior de la Judicatura a la Justicia Penal Militar donde, según advirtieron las organizaciones "ha habido pocos, si es que algún, progreso"."La Justicia Penal Militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz", señaló Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, citada en un comunicado.Kennedy manifestó que "las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece", pues en el proceso ningún oficial ha sido imputado por su muerte."La Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro de que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados", señaló por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.HRW ha advertido que en varios casos la Policía "empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y detenciones arbitrarias", como el de Javier Ordóñez, que murió en septiembre pasado luego de ser sometido brutalmente por dos patrulleros de la Policía que descargaron de manera prolongada sobre él una pistola eléctrica táser durante su arresto en Bogotá."En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de derechos humanos continúen", advirtió Vivanco.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le salió al paso a la respuesta del Centro Democrático que manifestó que el expresidente Álvaro Uribe no distorsiona la verdad sobre falsos positivos y, por el contrario, ejecutó una serie de acciones para combatirlos.El Centro Democrático había dicho que la directiva que mencionaba Vivanco sobre pagos por información se refería a civiles y no a miembros de la Fuerza Pública “como equivocadamente lo afirma Vivanco”.El director de Human Rights Watch expuso en sus redes sociales un aparte de esa directiva de 2005 en la que se establece que el pago es a “personas indeterminadas” y dijo que el decreto 1400 de 2006 “también otorgaba pagos a militares”.También dijo que se otorgaban beneficios como permisos por “buenos resultados”.De acuerdo con Vivanco, “el expresidente Uribe y el Centro Democrático siguen distorsionando la verdad”.Entre otras cosas desmintió que él tenga vínculos con las Farc y le dijo al expresidente que él lleva “décadas acusando falsamente a cualquiera que lo critica con tener vínculos con las Farc”.En la respuesta del Centro Democrático también se establece que el gobierno de Uribe priorizó las desmovilizaciones y capturas sobre falsos positivos. Sin embargo, y el director de HRW señaló que no fue desde el inicio de su gobierno sino en una directiva emitida en 2007.“Además, durante su gobierno, los comandantes claramente priorizaron las bajas”, añadió.
El partido Centro Democrático respondió a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que a través de un hilo en Twitter contradijo varias afirmaciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe luego de que la JEP revelara que entre el 2002 y 2008 se presentaron, por lo menos, 6.402 casos de falsos positivos. Afirmó que “Uribe distorsiona la historia de los falsos positivos”.Uno de los puntos que calificó como falso el director de HRW fue la versión que entregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez de que “nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos, por bajas en combate”, pues según Vivanco, sí hubo directivas que otorgaban recompensas y como prueba, adjuntó testimonios de libros de militares de la época.El Centro Democrático manifestó que las declaraciones de Vivanco son un “hostigamiento” al expresidente “y su sesgada participación en temas internos de Colombia siguiendo el libreto de sus aliados políticos”.Señalaron que la directiva 029 de 2005 se estableció para “definir los criterios para el pago de información y recompensa a particulares, no a los miembros de la Fuerza Pública como equivocadamente lo afirma Vivanco”.De acuerdo con el partido, las medidas que tomó el gobierno del expresidente Uribe lograron reducir las “conductas reprochables” de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.“La actuación del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a los llamados falsos positivos fue de cero tolerancia: retiro preventivo de 27 oficiales del Ejército de Colombia, desde los inicios del Gobierno”, manifestó el partido, y añadió que también adelantó gestiones para que la Fiscalía investigara en el lugar donde se presentaran bajas en combate y otras medidas para combatir ese problema.
En la presentación de un informe sobre la situación de Colombia por parte de la organización Human Rights Watch, su director José Miguel Vivanco, fue enfático en señalar que el presidente Iván Duque no aplica en la práctica lo que dice en sus discursos.Entre otras, fue punzante en críticas al control en materia de orden público y defensa de los derechos humanos en Colombia, pues recordó las graves cifras de violencia registradas el año pasado: 66 masacres, 421 defensores y defensoras, y líderes sociales asesinados, situación que no cesa, pues este año la crisis continúa.
A través de su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación por los ascensos de la fuerza pública que se votarán en la Comisión Segunda del Senado este martes.Según Vivanco, los oficiales podrían tener vínculos con posibles casos de falsos positivos.El primero es el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quien podría ascender a mayor general.“Entre octubre de 2006 y abril de 2007, Pinto comandó el batallón Anastasio Girardot (cuarta brigada) que, según Fiscalía, sería responsable de 23 presuntas ejecuciones en 2006 y 22 en 2007”, reseña Vivanco en la red social.Así mismo, dice que entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009, el general Pinto comandó el batallón Magdalena (novena brigada) que, según Fiscalía, sería responsable de 18 presuntas ejecuciones en 2008.El segundo nombre que menciona Vivanco es el del general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien podría ser ascendido a mayor general.“Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, el general Rodríguez comandó el batallón Magdalena (novena brigada) que, según la Fiscalía, habría cometido 7 presuntas ejecuciones en 2006 y 25 en 2007”. Indica.
A través de una carta, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, envió un fuerte mensaje a los expresidentes de la región y España que, por medio de un comunicado, cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de enviar al exsenador Álvaro Uribe a prisión domiciliaria, mientras avanza su proceso por fraude procesal y soborno.En el documento, Vivanco manifestó que el comunicado de los expresidentes "no ayuda a fortalecer el estado de derecho en Colombia”. “Por el contrario, fomenta los actuales ataques del expresidente Uribe y su partido político a la independencia judicial en el país", indica.Además, cuestiona que varios sectores comparen el caso de Uribe con el del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’, debido a que una decisión la tomó la Sala de Casación Penal y la del jefe natural del Centro Democrático le correspondió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.El director de Human Rights Watch también señaló que el comunicado de apoyo al ex senador Uribe, tiene "errores fácticos y jurídicos que incentivan una campaña contra la independencia del poder judicial en Colombia". Vea también: "No tengo aspiraciones políticas, mi padre está secuestrado: Tomás UribeVivanco también afirma que la decisión de detención de Uribe no es una controversia política, como lo hicieron ver los 20 expresidentes, sino es un arresto producto de una investigación judicial.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch emitió un mensaje de felicitación para la Corte Suprema de Justicia de Colombia “por actuar con responsabilidad al ordenar la detención domiciliaria de (Álvaro) Urbe”. Le puede interesar: Corte Suprema dicta medida de aseguramiento domiciliaria contra Álvaro UribeSegún Vivanco, el fallo “demuestra que todos, hasta los más poderosos, son iguales ante la ley” y que “hay que respetar la independencia judicial. De otro lado, Vivanco adelantó también en su cuenta de Twitter que “la comunidad internacional respaldará a la Corte”. El mensaje de felicitación fue publicado por Vivanco en español e inglés. Este martes 4 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe por ser el presunto determinador de los delitos de soborno y fraude procesal.
Luego de las revelaciones de Semana, en las que se denuncia espionaje a alrededor de 130 personas entre periodistas, organizaciones de derechos, entre otras, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, manifestó que es un “gravísimo escándalo” que afecta al Ejército y a los organismos de inteligencia, y considera que las proporciones afectan no solo la privacidad de quienes estarían en la mira, sino también al sistema democrático.“Es admisible que se desarrollen labores cuando se trata de conocer inteligencia que afecte la seguridad del Estado, porque estamos hablando de grupos irregulares armados, guerrillas, terrorismo, incluso poderosos carteles de la droga. Tratándose de periodistas nacionales o extranjeros, políticos, es inadmisible, y espero que las autoridades realicen una investigación seria, rigurosa y sancione a los responsables”, manifestó Vivanco.De otro lado, manifestó que no son suficientes las acciones y los trabajos para identificar a los responsables y sancionar a quienes estarían detrás de las actuaciones irregulares, que nuevamente ponen en tela de juicio el actuar del Ejército, desde las denuncias a Nicacio Martínez, cuando comandaba la institución, y que fueron objeto de rechazo por las acciones ilegales, según lo denunciado en diferentes medios de comunicación. “Es evidente que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son ineficaces e insuficientes, desde el momento en que este tipo de abusos y prácticas de espionaje se han normalizado en Colombia, sin prejuicio de que en el pasado se pudo identificar a responsables de otros espionajes similares”, comentó.“El hecho de que los aparatos de inteligencia del Estado continúen abusando de su poder es una demostración palpable que aquí no se han hecho ni tomado medidas eficaces, serias, para evitar que se vuelvan a reproducir este tipo de abusos, lo que considero realmente grave, y espero que se realicen las investigaciones pertinentes. Es que aparentemente se esté utilizando recursos, instrumentos y programas proporcionados por los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en Colombia y se estén desviando los recursos que han sido asignados de acuerdo con la legislación norteamericana y a los acuerdos bilaterales única y exclusivamente para la inteligencia que permitan seguir luchando contra el narcotráfico”, agregó.Entre tanto, recalcó que cada vez que se denuncia, las autoridades se comprometen a investigar, pero que las respuestas no son suficientes. “Nos aseguran que se acaban de enterar, que no tienen más información salvo por los medios de comunicación, pero que van a tomar las medidas e identificar y sancionar a los responsables. Es posible que en algunas oportunidades se hayan tomado esas medidas y se haya sancionado a los responsables, pero el hecho de que se haya convertido en una práctica habitual refleja que hay un problema de fondo, un problema mayor que compromete la estructura misma y la disciplina del Ejército. Me cuesta creer que la cúpula militar que dirigía el Ejército durante los tiempos en que se registraron estos espionajes no hubiera estado al tanto de estos hechos”, recalcó.A su vez, quienes serían también víctimas de las presuntas interceptaciones han manifestado su rechazo y piden sea esclarecida la situación. De un lado, la periodista María Alejandra Villamizar escribió en su cuenta de Twitter que los hechos son indignantes y que hay dudas que el Gobierno y Fuerzas Militares deberán responder.“Pues, qué les digo. Así estamos. Leyendo @RevistaSemana ¿Qué les parece? Esto es indignante. Ya me pronunciaré. Vendrán muchas preguntas al gob y a las FFMM”, escribió.En un comunicado, el medio de comunicación Rutas del Conflicto calificó de injustificable el actuar del Ejército, luego de las denuncias en las que consideran ser blanco de inteligencia.Vea aquí: Semana revela presuntos seguimientos ilegales del Ejército a periodistas, líderes sociales y políticos“La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Primero como medio de comunicación que termina perfilado por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones. Segundo, con el derecho de cada uno de los y las colegas que hacen parte de este proyecto de poder expresar sus opiniones personales en redes sociales, sin que por eso sean ‘fichados’ y ligarlos sin ningún tipo de sustento con círculos de relación que solo existen en la paranoia de algunos militares”, escribieron.
Human Rights Watch anunció que realizará todas las gestiones necesarias en Estados Unidos para establecer si en las presuntas chuzadas ilegales del Ejército realizadas a políticos y periodistas en Colombia se usaron equipos donados por ese país.Desde Bogotá, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, catalogó el escándalo de las nuevas y presuntas chuzadas del Ejército como una situación de “extrema gravedad que debe ser investigada y sancionada”.Según Vivanco, este caso pone en juego “la convivencia democrática” y por eso, según manifestó, es necesario establecer si hay injerencia norteamericana.“Nuestra contribución, donde podemos aportar algo a la investigación, es determinar en Washington si los equipos utilizados por personal del Ejército son donados por los Estados Unidos”, sostuvo. Vea acá: Se avecina citación de Fiscalía a militares por escándalo de presuntas chuzadasEl director de la organización enfatizó en que harán todas las gestiones necesarias en los Estados Unidos: “acá haremos el seguimiento y haremos las presentaciones que correspondan ante las autoridades locales”.Por otro lado, Vivanco reveló que durante su estadía en Colombia sostendrá reuniones con el fiscal general, Fabio Espitia, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para indagar sobre las investigaciones que cursan por las nuevas chuzadas.
Los encapuchados de los disturbios de este 2 de mayo en la Universidad Nacional, en Bogotá, agredieron al personal de vigilancia y los obligaron a tomar gasolina. Así lo informó el secretario de Seguridad, César Restrepo.Los encapuchados también atacaron la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria, ubicada sobre la calle 26. En las cámaras de seguridad quedó registrado cómo varias personas ingresaron con sus rostros cubiertos con máscaras para vandalizarla y luego prenderle fuego en los torniquetes con bombas molotov.Así quedó la estación Ciudad Universitaria tras ser vandalizadaEsta estación quedó con serios daños en los torniquetes de entrada y en los dispositivos que reciben el pago del pasaje. Además, quedó el rastro de las llamas y vidrios regados en el piso.Estos hechos se registraron en medio de las protestas por la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña.
En el contexto del Día Mundial de la Contraseña, la empresa de seguridad informática ESET destacó la importancia de evitar ciertos errores al crear contraseñas que pueden comprometer la seguridad de tus cuentas. En Colombia y alrededor del mundo, prácticas como la creación de contraseñas simples, su reutilización y el compartir claves con terceros son alarmantemente comunes y riesgosas.Según Fabiana Ramirez, Investigadora de Seguridad Informática en ESET Latinoamérica, la gestión inadecuada de las contraseñas se ha normalizado tanto que muchas personas optan por opciones fáciles de recordar para agilizar el acceso a servicios, ignorando los riesgos de seguridad que esto conlleva. En este Día Mundial de la Contraseña, estos son los cinco errores más comunes que debería evitar al establecer tus contraseñas:Reutilización de contraseñas: un estudio de Google reveló que más del 50% de las personas reutilizan sus contraseñas, aumentando el riesgo de ataques de 'credential stuffing', donde los atacantes usan credenciales filtradas para acceder a varias cuentas.Contraseñas simples: las contraseñas como "12345" o "password" son extremadamente vulnerables. Integrar datos personales en tus contraseñas también puede hacerlas fácilmente adivinables, según revelan encuestas de Google.Almacenamiento inseguro de contraseñas: guardar contraseñas en papel, notas adhesivas, o documentos de texto puede dejar tus cuentas expuestas si alguien accede física o remotamente a estos datos.Compartir contraseñas: compartir contraseñas, incluso con personas de confianza, puede resultar en un uso indebido o en la propagación incontrolada de tus credenciales.Cambios periódicos de contraseñas sin criterio: cambiar contraseñas regularmente sin una razón válida puede llevar a crear variantes predecibles y no aumenta la seguridad de la cuenta.Crear una contraseña robusta puede ser una tarea complicada, pero es esencial para proteger tu identidad digital. Considera usar frases como contraseñas, activar el doble factor de autenticación siempre que sea posible y utilizar un administrador de contraseñas para gestionarlas de manera segura y eficiente.
La Fiscalía General de la Nación conformó un grupo especial de investigadores del CTI para que continúe indagando y recopilando pruebas para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la muerte de la niña Kerly Cuevas, de 8 años, cuyo cuerpo fue hallado en zona boscosa del municipio de Girón, Santander.Un juez de garantías ordenó enviar a la cárcel al hombre capturado por la Policía como presunto responsable de raptar y cometer el asesinato de la menor. Alirio Gualdrón, de 60 años, el fiscal del caso le imputo el delito de desaparición forzada agravada. Mientras avanza la investigación la Fiscalía determinará si en la próxima audiencia le imputa el delito de homicidio o feminicidio. “Eso lo determinara las pruebas”, dijo una fuente a Blu Radio.“Según la investigación, la madre de la víctima acostumbraba a dejar a su hija al cuidado de una vecina, pues tenía que trabajar. Al parecer, el compañero sentimental de esta última aprovechó un descuido de su pareja para llevarse a la niña. Ante la ausencia de la menor la responsable de su cuidado avisó a la progenitora de esta, quien de inmediato informó a las autoridades del hecho”, señala el comunicado oficial de la Fiscalía.Al ser interrogado por lo sucedido, Alirio Gualdrón, habría entregado versiones contradictorias; además de ocultarle a la familia y a la Policía información sobre el paradero de la víctima.Ahora la mamá de la víctima piensa llevar el cadáver su hija hacia su natal Venezuela y hacer el entierro allá en el vecino país.“A la niña la podemos recordar, como una buena niña, flaca, pelo castaño, una niña muy alegre muy atenta, jugaba mucho con los dos amiguitos que tenía en la plazoleta. Ahora me voy para Venezuela con el cuerpo de mi hija y allá voy a hacer la sepultura, pero yo acá antes de llevármela voy a tenerla un momento para que los amigos la visiten”, confirmó la mamá de la niña.Comunicado Fiscalía:
Blu Radio logró conocer que el Tren de Aragua está detrás de las amenazas de extorsión el día jueves, durante la tarde y parte de la noche a todos los colegios privados ubicados en Chía, Cundinamarca.El Ojo de la noche llegó precisamente hasta la Alcaldía porque hasta esta madrugada el mandatario, el secretario de Gobierno, los docentes, los rectores y el Gaula de la Policía de Cundinamarca estuvieron reunidos verificando y analizando todo lo que pasó.De acuerdo con lo recogido, los delincuentes llamaron a cada uno de los representantes de todos los planteles educativos, inicialmente pidiendo una reunión urgente para poder garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en los colegios.De inmediato, todos se comunicaron, llamaron a la Alcaldía y allí la respuesta del Gaula. Blu Radio habló con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, quien contó los pormenores de esta grave denuncia que hicieron los maestros en este punto al norte de Bogotá.“Activamos la ruta, verificamos, contactamos al Gaula y reunimos esta misma noche a todos los miembros de los colegios privados. Asistieron, se logró generar una valoración, lo más importante es que no hay víctimas, pero se logró darle un manejo y darle a conocer cómo es el modus operandi de esta modalidad de extorsión”, detalló el mandatario local.Hombres del Gaula asumieron la investigación, recibieron los testimonios de todas las personas afectadas. Lo curioso es que no se entiende cómo hicieron para conseguir los números telefónicos exactos de todos los rectores, y representantes de los planteles educativos.Lo cierto es que ya están al tanto de la situación y precisamente fue el encargado de esta reunión, uno de los tenientes que estuvo con todos los docentes, quien resaltó el actuar de los rectores e instó a siempre denunciar estos casos.“Hay que resaltar la labor de o la función que cumplieron los profesores, que fue llamar a las autoridades de manera inmediata ellos se comunican con el Gaula de la Policía Nacional y posteriormente pues nosotros activamos la ruta para iniciar la investigación. A la comunidad invitarla a que cuando reciban esta clase de llamadas mantengan la calma y de manera inmediata se comuniquen con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional”, expresó.Igual el pánico se generó, los docentes sienten incertidumbre, pero el alcalde dice que tienen que estar tranquilos porque ya todo el tema de seguridad está activado.Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves 02 de mayo, en Bla Bla Blu:´La tía resentilia´, comediante colombo/ venezolana, habló sobre el lanzamiento de su show, stand up ´La comedia desde la matriz´.En la segunda hora, y con el #Tbt, arrancaron vallenatos nueva ola, en donde el oyente pedía y en el programa se la ponían.Escuche el programa en el siguiente enlace: