El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó serios reparos ante la insistencia de las Farc en que la Unidad especializada del ente acusador, creada a través de un decreto Ley expedido por el presidente Juan Manuel Santos en el marco de sus facultades especiales, estaría diseñada para sancionar a promotores del paramilitarismo y no a la protección es de defensores de derechos humanos y otros fines.
Martínez, en relación con la reciente entrevista concedida por el exjefe negociador de esa guerrilla en el proceso de paz, 'Iván Márquez', a la Revista Semana, advirtió que esa posición pretendería dar beneficios a las Farc, mientras que otros actores del conflicto quedarían por fuera de la Jurisdicción Especial de Paz.
"La sociedad colombiana haría tránsito de una guerra militar al inicio de una guerra jurídica, en la que uno de los sectores del conflicto armado se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional para quienes fueron sus enemigos. Es decir, justicia transicional para la subversión y justicia Ordinaria para los demás actores del conflicto", señaló.
Según el jefe del ente acusador, las Farc pretenden que la Unidad Especial de investigación de la Fiscalía, sobre la cual la tiene serias reservas de constitucionalidad, dedique la mayor de sus energías no a proteger a defensores de derechos humanos y la integridad de los desmovilizados sino al juzgamiento y sanción de quienes promovieron o ayudaron grupos paramilitares.
"La Fiscalía considera que esa pretensión es inadecuada porque el conocimiento de esos crímenes es exclusivo de la JEP", precisó.
El fiscal manifestó que, de lo contrario, el tratamiento especial previsto en la JEP en materia de penas y de los principios de no extradición sería un privilegio exclusivo de las Farc, dejando a otros actores del conflicto al régimen de la justicia Ordinaria con penas de hasta 60 años.
"Esa lógica discursiva de pretender comprometer la principal acción de la Unidad de la fiscalía en el trámite de la compulsa de copias de justicia y paz, aparte de subvertir la competencia exclusiva de la JEP y el derecho a la igualdad de trato jurisdiccional entre los combatientes del conflicto armado pondría en vilo el logro de una paz estable y duradera", concluyó.
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