En el documento, el expresidente subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.
La reposición de votos es el mecanismo mediante el cual el Estado financia parcialmente las campañas políticas, pagando a los partidos, movimientos o coaliciones un monto de dinero por cada voto válido.
Los partidos podrán acreditar a sus testigos, verificar si estas personas cumplen su papel y hacer un seguimiento en todo el país de en qué puestos de votación tendrán presencia.
De prosperar esta acción, los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio deberán buscar otros mecanismos para escoger a los candidatos de sus respectivas coaliciones, o que todos estos aspirantes lleguen solos a la primera vuelta del 31 de mayo.
La denuncia de Enciso habla de la relación familiar entre dos altos funcionarios y el exdirector de la entidad, Juan Carlos Muñiz; así como lo que sería la firma de un convenio interadministrativo por valor de $22.000 millones.
Cabe recordar que esta decisión de unificar los tarjetones corresponde a una sentencia que busca proteger el secreto del voto y que no quede explícita la preferencia del votante.
Actualmente, la remuneración de los congresistas se compone de un sueldo básico, los gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud.
La propuesta sería acogida inicialmente por 17 gobernadores quienes presentarán tutelas, oficios a la Corte Constitucional y no aplicarán los nuevos impuestos decretados por el Gobierno, especialmente en materia de licores.
Entre los proyectos que quedarían sin recursos se encuentran la adquisición y renovación de sistemas de seguridad, arcos detectores de metales, equipos antiexplosivos, sistemas antidrones, entre otros.
Mientras que el senador y hoy candidato presidencial gastó aproximadamente $964 millones de pesos, más que todo en publicidad; la exministra de Salud y hoy cabeza de lista al Senado gastó aproximadamente $1.428 millones.
El congresista también presentó una solicitud de insistencia ante la Mesa Directiva del Congreso para que convoque, a la mayor brevedad, la sesión de debate de control político sobre el decreto de declaratoria del estado de excepción.
Según la solicitud presentada por el exregistrador delegado y abogado, Nicolás Farfán, las listas presentadas habrían superado el tope del 15 % para realizar coaliciones y, en algunos casos, habrían desconocido los resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025.