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La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa y factores de riesgo electoral para las elecciones legislativas y presidenciales de este 2026. El estudio fue elaborado por un grupo técnico de 37 analistas e investigadores que trabajan en 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas.
Una de las principales alarmas que se encienden es la identificación de 170 municipios en los que coinciden factores indicativos de fraude electoral y violencia física. Este panorama representa un incremento del 29.77 % en comparación con los comicios nacionales de 2022, evidenciando lo que los expertos califican como un deterioro cualitativo de la integridad democrática en los territorios.
También se presenta un aumento de municipios con riesgo extremo. Esta categoría, donde la amenaza es máxima, pasó de 49 municipios en el periodo anterior a 81 para las próximas elecciones, lo que supone un crecimiento del 65.31 %. Departamentos como Cauca (19 municipios) y Antioquia (18 municipios) se consolidan como los epicentros de este panorama negativo, seguidos por zonas críticas en Bolívar, Chocó y Nariño.
Según la MOE, hay seis zonas prioritarias: Centro de Arauca (Arauquita, Fortul, Saravena), Norte de Antioquia y Sur de Bolívar, Andén Pacífico Colombiano (33 municipios tienen riesgo extremo), Norte del Cauca, Suroriente colombiano, Medio y Bajo Putumayo.
El riesgo identificado por la MOE no es unidimensional. Por un lado, las variables de fraude analizan atipicidades estadísticas como niveles inusuales de participación, votos nulos y el dominio electoral de ciertos grupos. En total, 383 municipios presentan riesgos para la Cámara de Representantes y 334 para el Senado, con repuntes significativos de anomalías en regiones como la Amazonía (Amazonas, Guainía y Vaupés) y el Pacífico caucano.
Por otro lado, la violencia condiciona la libertad del voto en 339 municipios. La injerencia de Grupos Armados Ilegales (GAI), los desplazamientos forzados, el confinamiento de comunidades y la violencia contra liderazgos políticos y periodistas han creado escenarios de “gobernanza criminal”. Estas dinámicas se ven agravadas por la inestabilidad en las negociaciones de la Paz Total, que en algunos casos ha intensificado las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
La recomendación central es priorizar la presencia institucional y las Comisiones de Seguimiento Electoral en estos 170 territorios para garantizar que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin coacciones ni manipulaciones estadísticas.
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