En junio del año pasado, el juez 62 de garantías de Bogotá envió a casa por cárcel al mayor Tocarruncho y al sargento Velásquez por, supuestamente, interceptar ilegalmente a cinco de sus compañeros en medio del proceso en el que investigaban al 'Ñeñe' Hernández como supuesto determinador del homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del sastre Carlos Rodríguez, de Barranquilla.
El abogado Jaime Lombana, que representa los intereses del directivo de EPS Asmet Salud, dijo que su cliente es víctima de un “montaje judicial” porque quieren callar las denuncias que hizo el año pasado contra el representante Juan Carlos Reinales.
Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de la EPS Asmet Salud, se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación.
Dijo Barbosa que la Fiscalía pasó de ser una entidad centralizada en Bogotá a estar en los territorios conociendo las dinámicas de las regiones, para así poder combatir la criminalidad.
Al parecer, las huellas de algunos de los funcionarios fueron encontradas en acetatos en donde reposaban procesos que nada tenían que ver con sus funciones.
Este sería uno de los testimonios más importantes que tiene la Fiscalía para asegurar que Paul Naranjo y Julián Ortegón serían los presuntos responsables del homicidio de la joven Ana María Castro.
Según el documento, la investigación inició cuando, el 23 de marzo de 2020, en la vía que conduce de Barranquilla a Santa Marta, a la altura del peaje Tasajero, las autoridades pararon en un retén a un automóvil de servicio público y encontraron chalecos antibalas, miras telescópicas, silenciadores para arma de fuego y veintiséis armas de fuego (26) tipo fusiles calibre 5.56.
El Tribunal Superior de Bogotá informó que negó por “improcedente” la tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez con la cual buscaba tumbar su imputación de cargos.