A través de un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia notificó su decisión en medio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que había interpuesto Empresas Públicas de Medellín (EPM) en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a raíz de la multa impuesta por la construcción de las obras del Sistema Auxiliar de Desviación de Hidroituango.
El Tribunal declaró nulos los actos administrativos mediante los cuales la ANLA en su momento impuso una sanción cercana a los $5.500 millones por esas obras y ahora deberá retornar a EPM el valor indexado de $6.855 millones.
Según EPM, el Tribunal consideró en esta determinación, que la autoridad no le permitió realizar su debida defensa en el marco del procedimiento sancionatorio, teniendo en cuenta que no dio oportuno traslado de las pruebas que decretó con posterioridad a la formulación de cargos y estas no pudieron ser controvertidas adecuadamente.
La sanción se dio en un principio luego de que la ANLA determinara que el Sistema Auxiliar de Desviación en la central hidroeléctrica empezó 13 meses antes de obtener la respectiva modificación en la licencia ambiental para adelantar la obra.
El fallo dispuso que la ANLA debe informar de esta sentencia a Corantioquia y a la Fiscalía General de la Nación y eliminar la inscripción de la sanción del Registro Único de Infractores Ambientales.
Asimismo, la ANLA tiene la posibilidad de presentar recurso de apelación ante el Consejo de Estado para que revise la decisión en segunda instancia.
En mayo de 2022 el Sistema de Desviación en cuestión, que en su momento fue una alternativa para la circulación del agua por la contingencia de 2018, fue taponado totalmente disminuyendo el riesgo para las comunidades aguas abajo de la presa.
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