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Con informe a la JEP, 138.000 víctimas de desplazamiento intraurbano claman reparación en Medellín

Los sobrevivientes de este delito en la ciudad han sido reconocidos como víctimas del conflicto, pero no han sido objeto de indemnización.

PANCARTA DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO EN MEDELLÍN.jpeg
Pancarta de las víctimas del desplazamiento intraurbano en la entrega del informe a la Justicia Especial para la Paz.
Cortesía Museo Casa de la Memoria de Medellín

En un encuentro en el Museo Casa de la Memoria, la Mesa de Víctimas de Medellín entregó la primera parte del Informe de Desplazamiento Forzado Intraurbano en la ciudad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En este documento de 46 páginas, entregado a la magistrada María del Pilar Valencia, se recopila la información sobre este flagelo que han sufrido las familias sobre todo en ocho comunas de la capital antioqueña desde hace 36 años.

Según los registros de este primer informe, con datos de la Personería de Medellín, entre 1985 y el 28 de febrero de 2021, se han registrado 138.183 víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, pues por amenazas y la misma violencia han tenido que abandonar sus hogares y cambiarse a otro barrio en la ciudad. Incluso, son revictimizadas porque muchas de ellas llegaron despojadas de sus tierras de otras regiones de Antioquia y del país.

Por eso, la Mesa de Víctimas de Medellín busca que la Justicia Especial para la Paz investigue y sancione a los causantes de estos desplazamiento intraurbanos, pero además, que los afectados puedan ser reparados porque si bien este flagelo ya fue reconocido por la Corte Constitucional como delito del conflicto armado colombiano, hoy no se ha indemnizado.

"Lo llevamos hasta la Corte y fue reconocido el desplazamiento intraurbano; sino que tiene unos matices ahora que no lo indemnizan", sostuvo Ana Idaly Delgado, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Medellín.

El informe entregado a la JEP también indica que el 71% de los casos de desplazamiento forzado intraurbano ha ocurrido en Robledo, Popular, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires, Manrique, Santa Cruz y la Comuna Trece desde 1985. Sin embargo, los picos de víctimas se evidencian después de la Operación Orión en 2002.

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Al destacar este informe, la magistrada Valencia indicó que el conocimiento de estos casos "está orientado al derecho no solamente a la verdad sino también a la investigación-sanción de los responsables en el marco de la justicia restaurativa".

El segundo informe sobre este delito en la ciudad será entregado al Tribunal de Paz el 20 de septiembre de este año.

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