Estas acciones se desarrollan de manera insistente por parte de la Policía Antinarcóticos y el Ejército Nacional en las zonas rurales de ese municipio chocano, donde los campesinos denuncian supuestas agresiones como parte de los operativos de erradicación de coca y también en la búsqueda de cabecillas de grupos armados ilegales.
"Iba rumbo a trabajar. Me acogieron y me tumbaron del caballo, me rompieron lo que llevaba para trabajar el ganado", dijo uno de los afectados.
Esta es una de las varias situaciones que se denuncian en la Alerta Temprana emitida por el defensor de derechos humanos Alex Morales, que pide una respuesta del Gobierno Nacional y la Procuraduría, así como Mecanismo de verificación de la ONU. Incluso, uno de los casos fue de una mujer embarazada quien relató que uniformados llegaron en dos helicópteros y la maltrataron junto a su pareja porque presionaban por información.
"A las 4 de la mañana se escucharon dos helicópteros rodeando a la casa y se metieron como 20 manes. No se identificaron ni nada y entraron así a las patatas, pateando todo, dañaron las cosas y yo decía que estaban en embarazo, sin importar ni nada me dieron un golpe, me maltrataron", cuenta la mujer.
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Las comunidades cultivadoras de coca ya se sienten cansadas de las reiteradas agresiones y amenazan con enfrentarse a la fuerza pública.
"Estamos súper cansados y la misma comunidad quiere tomar acciones de cómo proteger sus cultivos con artefactos explosivos. ¿Por qué? Porque es que todos los meses es esa erradicación, sabiendo que esa es la única fuente de empleo que tienen los cocaleros", expresa una de las miembros de la comunidad.
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Esa es precisamente la preocupación del defensor Alex Morales, pues un enfrentamiento acarrearía graves violaciones de derechos humanos.
"Que pueden conllevar a situaciones que pueden alterar el orden público y por lo tanto, pueden ocasionar violaciones a los derechos humanos y/o crímenes equivalentes al derecho internacional humanitario", dice el defensor de derechos humanos.
Las organizaciones de derechos y las comunidades piden al Gobierno que se llegue a la conformación con un plan de sustitución de cultivos ilícitos como fue estipulado en los Acuerdos de Paz de La Habana.
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