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Fundación demandada por la alcaldía de Medellín inició investigación interna

La administración de Daniel Quintero asegura que la fundación falsificó un certificado para acceder a un contrato.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Fiscalía
Fiscalía General de la Nación.
Foto: Fiscalía

La Fundación Carla Cristina, denunciada por la alcaldía de Medellín por una presunta falsificación de un documento para acceder a un contrato, respondió a través de un comunicado que inició una investigación interna para determinar lo ocurrido.

Aseguran que uno de sus empleados, sin consultar a colegas o directivos, “actuó de manera fraudulenta y por decisión propia, e hizo pasar el documento no oficial como parte del conjunto de documentos exigidos por Buen Comienzo”.

El documento en cuestión es el Certificado de Vigilancia y Control que acredita que la fundación es una entidad sin ánimo de lucro, el cual expide la Gobernación de Antioquia.

La denuncia de la alcaldía señala que el documento que recibieron como parte de los requisitos habilitantes para contratar con el programa que atiende la primera infancia de la ciudad, tenía una fecha de expedición de enero presente, pero un radicado que correspondía a otro archivo y que el funcionario que firmaba no laboraba en dicha dependencia.

Según la Fundación, ya dejó en conocimiento de las autoridades el actuar de su empleado y lo retiró de su cargo, aunque reiteran que es un comportamiento sospechoso.

“Nos causa inmensa preocupación este hecho extraño y salido del comportamiento demostrado por tantos años, justo en el momento en el que el programa Buen Comienzo tiene el escrutinio público, y en el que la fundación ha estado aportando sugerencias constructivas para mantener los altos estándares técnicos que han caracterizado el programa”, reseñó el comunicado.

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Y es que esta demanda se conoce justo en medio de la polémica generada porque la alcaldía cambió, a último momento, los requisitos que deben cumplir los operadores de dicho programa, lo que tiene en riesgo la continuidad de más 24 fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.

Ahora queda en manos de la Fiscalía la investigación para determinar si hubo o no delito en este proceso que busca la adjudicación de contratos por montos cercanos a los 10.000 millones de pesos.

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