En un documento de 2.511 páginas la Contraloría intersectorial 9 de la Unidad Investigaciones Especiales contra la Corrupción hizo una cronología de los hechos que enmarcan la causa fiscal, donde resolvió el proceso, en primera instancia, por el daño patrimonial de 4, 33 billones de pesos y por la contingencia de Hidroituango que afecta a 26 personas y empresas.
La Procuraduría revisó las actas de junta directiva de Hidroituango, las actas de la asamblea de accionistas de Hidroituango, los informes de gestión de Hidroituango, los informes del comité Boomt, el contrato Boomt incluidos sus anexos, las actas de modificación bilateral, tanto del contrato Boomt como del subcontrato de obra con el consorcio CTIFS y CCC Ituango, el subcontrato con CCC Ituango, entre otros.
En estos se evidenció que en 2008: “se comienzan a presentar una serie de irregularidades como consecuencia de problemas de planeación, decisiones inoportunas e insuficientes de administración, dirección y control” además de falta de diligencia de los contratistas y ejecución defectuosa de las prestaciones necesarias para el desarrollo del proyecto.
Esas situaciones, advierten el fallo, “serie de hechos sucesivos y concatenados que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018".
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"Estos hechos contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto y como consecuencia de la no entrada en operación no se generara ni se comercializara energía, ocasionando un lucro cesante que también se tiene como daño dentro de la presente causa fiscal”, continúa el fallo.
Recordemos que desde el 8 de noviembre de 2019 se abrieron las investigaciones por fallas en la planeación y ejecución de Hidroituango donde se planteó un detrimento por $2,9 billones a raíz de las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por la Nación como consecuencia de la no entrada en operación en el año 2018.
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Según la decisión, que fue de primera instancia y que puede ser apelada, afecta por culpa grave los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero periodo 2008-2011 y Sergio Fajardo Valderrama periodo 2012-2015. Los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada que estuvo entre 2008-2011 y Juan Esteban Calle Restrepo que lideró a EPM entre 2012-2015 y el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo del periodo 2008-2011.
La decisión también afecta a los exmiembros de junta directiva Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina.
Exfuncionarios de EPM como Jesús Aristizábal Guevara, exdirector de energía EPM, John Alberto Maya Salazar, exgerente de Hidroituango, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente Hidroituango y Luis Javier Vélez Duque exgerente EPM-Ituango.
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Además, a quienes estuvieron entre 2008 y 2015 al frente del Idea, los exgerentes Álvaro Vásquez Osorio e Iván Mauricio Pérez Salazar.
Aparecen tres firmas que componen el consorcio constructor CCCI que son Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H y las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; Integral, diseñador y asesor; y Sainc Ingenieros Constructores, del consorcio constructor de túneles.
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En el fallo se tomó la decisión de absolver del proceso a Aníbal Gaviria Correa, que fue alcalde de Medellín 2012-2015 y a Jorge Mario Pérez Gallón, que fue miembro de la Junta Directiva y funcionario del Idea entre 2012 y 2015.
Por ahora ninguno de los 26 implicados se ha querido referir a la decisión en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación.
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