Al menos 37 personas fallecieron, 51 resultaron intoxicadas y 7 se encuentran en estado crítico en Bogotá por el consumo de
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Entre los principales afectados por el consumo de este tipo de bebidas fraudulentas se encuentran personas en situación de calle y desempleadas, trabajadores informales y vendedores ambulantes de entre 40 y 69 años de edad, algunos de los cuales padecen problemas de alcoholismo, informó el secretario distrital de Salud de Bogotá, Juan Carlos Bolívar.
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Es por esto que Bolívar hizo un llamado a recurrir inmediatamente a los
Entre las marcas de licores afectados destacan Rey de Reyes, Cabañita, Old John, El Parrandero, Ardiente El Gran Niche Xtreme y Anís Cartujo, tal como precisaron las dos últimas alertas sanitarias emitidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) con fecha de 2 y 9 de diciembre.
Ante la falta de acceso a medios de comunicación y redes sociales por parte de algunos miembros de los sectores más afectados de la población, Bolívar informó que desde la secretaría se han puesto en marcha algunas medidas de trabajo directo sobre el terreno como la entrega de volantes para sensibilizar acerca del impacto que puede tener la ingesta de bebidas adulteradas, que ya es letal en un 72 %, según agregó el secretario.
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La Secretaría Distrital de Salud también recomendó evitar el consumo de destilados en alambiques y la compra de bebidas alcohólicas en la calle o sospechosamente baratas, además de comprar únicamente en establecimientos autorizados y revisar envases y rotulados antes de la ingesta del producto.
Asimismo, desde la institución se interpeló a los vendedores a abstenerse de comercializar estos licores carentes de autorización sanitaria para su elaboración, envasado y comercialización, y se recordó que, de hacerlo, se concurrirá en un delito de corrupción de alimentos e imitación o simulación de alimentos.
La condena para quienes comercialicen, distribuyan, imiten o simulen bebidas alcohólicas es de entre 5 y 11 años de prisión, multas económicas y el cierre definitivo del comercio por un delito de conductas contra la salud pública.
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