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La Procuraduría General de la Nación abre investigación disciplinaria contra miembros de la mesa directiva del Concejo de Bogotá y ordenó la recolección de pruebas contra Samir José Abisalmbra, Humberto Rafael Amín y Rubén Torrado Pacheco, en su calidad de concejales, por modificar las fechas en la elección del contralor distrital.
Según la Procuraduría, la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, presuntamente, estaría incumpliendo lo descrito en el “Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 el 2018, la Resolución CGR 728 de 18 de noviembre de 2019, y la Resolución CGR 785 de 15 de julio de 2021”, porque el contralor distrital anterior debió salir de su cargo el 31 de diciembre.
“Habida cuenta que debido a su inactividad, el nuevo contralor distrital de Bogotá que debería haber tomado posesión el día 1 de enero de 2022, a la fecha se observa que ni siquiera se ha convocado a concurso, de igual forma se ha ampliado de forma irregular el periodo del actual Contralor Distrital que debió haber finalizado su periodo en el mes de diciembre de 2021, por ello las presuntas irregulares deben seguir evaluándose bajo la órbita disciplinaria, que escapa a las funciones asignadas a esta Procuraduría delegada; de conformidad con lo previsto en el artículo 25 literal a) del Decreto Ley 262 del 2000”, señala el documento de la Procuraduría.
La investigación por la elección a contralor distrital hace referencia a la salida de Andrés Castro Franco del cargo. De acuerdo con el Ministerio Público, el Concejo de Bogotá debía garantizar que el contralor distrital ejerciera su función durante un periodo de cuatro años, iniciando el primero de enero y terminando el 31 de diciembre. Y la elección del nuevo funcionario, Julián Mauricio Ruíz, se realizó el pasado 17 de mayo de este año y no enero como estaba previsto en la norma. Ruíz fue seleccionado con una votación de 29 a favor y 6 en contra.
La advertencia de la Procuraduría
Sin embargo, la Procuraduría ya había hecho una advertencia acerca de la modificación del periodo del contralor distrital que hizo el Concejo de Bogotá, porque aseguró que desde diciembre de 2021 había advertido sobre el incumplimiento de las normas en el proceso de elección.
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Según la Procuraduría, las fechas de inicio y terminación de labores del cargo no coincidían con las disposiciones vigentes. “Los cuales deben adelantarse estos concursos e hizo observaciones a lo dispuesto en el artículo 105 del Acuerdo Distrital 741 de 2019, sobre las fechas de inicio y terminación del periodo de contralor, pues aparentemente no se ajustaba a las normas vigentes”, señaló el ente de control.
Aunque el Concejo de Bogotá hizo los cambios, a través del Acuerdo 837 del 29 de marzo de 2022 y se modificó el periodo del contralor distrital, “para que este se aplique conforme con la normativa vigente”, la Procuraduría manifestó: “Esta actuación preventiva no implica coadministración, prejuzgamiento o injerencia en las decisiones administrativas, técnicas, jurídicas o de cualquier otra índole para las entidades ni para los particulares que ejercen funciones públicas o administren recursos públicos”. Por lo que finalmente decidió abrir investigación disciplinaria y ordenar varias pruebas como la hoja de vida de Andrés Castro quien ejerció como contralor de Bogotá desde el 18 de noviembre.
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