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Alcaldía de Cartagena firma convenio con plazo de un año para demolición de Aquarela

Constructora de Aquarela señala que el fallo policivo de restitución de espacio público se encuentra actualmente demandado y que no contempla la demolición completa del edificio.

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Foto: suministrada por la Alcaldía de Cartagena

La demolición del polémico edificio Aquarela, en Cartagena, parece estar cada día más cerca. El alcalde William Dau firmó un convenio interadministrativo con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura para restituir 619 metros de espacio público ocupados por el edificio ubicado a pocos metros del Castillo de San Felipe, y cuya construcción afectaría la declaración de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad.

El mandatario aseguró que este convenio con plazo de ejecución de un año tiene por objeto aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre las tres entidades para cumplir con la medida correctiva de policía ordenada en 2018.

“Siempre fui claro en que no haría las cosas a la ligera, sino apegados a la ley cumpliendo con todos los requisitos técnicos y jurídicos necesarios. Además, porque el Distrito tampoco cuenta con todos los recursos necesarios para aplicar esta medida. Decían era: alcalde tumba, pero de dónde viene el dinero, y cuando vengan las demandas quién va responder”, señaló el mandatario, al tiempo que explicó que luego de una suma esfuerzos entre la Nación y el Distrito finalmente permitió la firma de este convenio que fue anunciado desde el pasado mes de enero.

El alcalde explicó que se instalará un comité operativo que se encargará de coordinar y definir las actividades necesarias para la demolición, y que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo tendrá a su cargo los estudios para determinar la mejor forma de demoler la estructura sin afectar el patrimonio de los cartageneros.

El costo de este convenio es de $585.972.635, de los cuales la Alcaldía de Cartagena $387.200.000 para asistencia técnica y administrativa, el FNGRD hará un aporte inicial de $149.933.883 correspondientes a actividades técnicas, logísticas, operativas, jurídicas, financieras, administrativas y de gestión; y el Ministerio de Cultura $48.838.752 equivalentes a asistencia técnica.

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”Fallo policivo no contempla demolición del edificio”: Constructores

Por su parte, Promotora Calle 43, la empresa constructora del edificio, señaló que hasta el momento desconocen el convenio firmado por la Alcaldía de Cartagena y que este fallo policivo de restitución de espacio público se encuentra demandado.

“La constructora instauró una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos, dado que dicho fallo policivo fue adoptado con base en pruebas no idóneas con conclusiones equivocadas presentadas por Planeación Distrital, omitiendo los resultados del estudio adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, señaló Gilma Úsuga, vocera de
Promotora Calle 47 Aquarela.

Úsuga puntualizó, además, que el fallo policivo no contempla la demolición completa del edificio y que se actuaría de forma antijurídica.

“Los constructores han estado siempre dispuestos a realizar esta restitución mediante una perfilación del edificio que es técnicamente viable, para lo que se solicitó una modificación de la licencia que fue negada por el mismo distrito”, dijo.

”Seguimos en el limbo”: Compradores

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Los compradores del polémico proyecto de vivienda de interés social aseguran que cuatro años después de que fuera suspendida la obra aún son muy pocas las respuestas que tienen a cerca de lo que pasará con la inversión de su dinero.

“No sabemos qué va a pasar con nuestra inversión y hacemos un llamado a las autoridades para que también se incluya a los compradores, porque somos nosotros los directamente afectados”, aseguró Jesús Marín, comprador de la torre 1.

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