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Luego de que el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, anunciara desde Cartagena que el Gobierno estudia demandar a los constructores del proyecto Aquarela; voceros del proyecto multifamiliar dieron a conocer que hace justo un año ellos instauraron una demanda en estos mismos términos en contra del Estado.
La demanda de reparación directa fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el año 2019 por la firma constructora Promotora Calle 47, y busca el resarcimiento de los perjuicios que, según voceros de la firma, ha causado el Estado colombiano a inversionistas y compradores con la suspensión de esta obra desde hace tres años.
En la demanda, la firma constructora sustenta el sistemático desconocimiento por parte del Ministerio de Cultura y demás partes demandadas, de los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas, así como de la normatividad que está hoy vigente y que aplica para los proyectos de vivienda de interés social que se adelanta hoy de Cartagena.
Dice la vocera que en la demanda "se expone la utilización del proyecto habitacional como excusa de la incapacidad del Ministerio de Cultura para atender las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, expresadas por este organismo desde hace más de 15 años, sobre las medidas regulatorias y normativas necesarias para proteger la totalidad del conjunto monumental de Cartagena".
Mientras tanto, se espera que el alcalde William Dau, quien el pasado 21 de octubre confirmó que demolerá Aquarela, de a conocer la fecha en la que el Distrito procedera a derribar el polémico edificio de 30 pisos construido en inmediaciones al Castillo de San Felipe, y que de acuero al Ministerio de Cultura pone en riesgo la declaracion de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad.
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