La Alcaldía de Itagüí ordenó la demolición de varias viviendas en el barrio El Porvenir n.° 2, luego de que estudios técnicos concluyeran que las estructuras representan un riesgo inminente de colapso y no pueden ser habitadas de manera segura.La decisión se adoptó tras evidenciar graves fallas estructurales en los inmuebles, construidos sobre un llenado antrópico que cedió. Según los informes, esta situación provocó grietas de gran tamaño en pisos y muros, desplazamientos del terreno, pérdida de soporte estructural e inestabilidad del suelo en una zona de ladera, condiciones que fueron catalogadas como de alto riesgo no mitigable.Ante este panorama, las autoridades declararon las edificaciones en estado de ruina, lo que implica que no existe intervención técnica que garantice su estabilidad. Por ello, además de la demolición, ordenaron la evacuación definitiva de las familias que residían en los inmuebles, como medida preventiva para evitar una tragedia.La administración municipal informó que adelanta un proceso de atención a los hogares afectados, que incluye la caracterización de las familias, la entrega de subsidios de arrendamiento temporal y acompañamiento social permanente.De igual manera, continúa el seguimiento técnico en la zona para prevenir nuevas emergencias en vista de la temporada de lluvias que atraviesa en particular la zona sur del Valle de Aburrá.
Las edificaciones ilegales en el Valle de Aburrá están bajo la lupa de las autoridades. Luego de que se conocieran las denuncias hechas sobre construcciones ilegales hechas en un cerro tutelar de la ciudad, en el corregimiento de Altavista, una situación similar se presentó en el corregimiento de Santa Elena.Un informe realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, determinaron que el predio donde se levantó el glamping es una zona donde no se puede otorgar licencia de construcción, por la posible presencia de restos, vestigios, piezas y estructuras antiguas que representan un patrimonio cultural.Bajo esta premisa y en cumplimiento de la emisión en segunda instancia de una orden policial, los propietarios del glamping realizaron el desmonte de la construcción. El glamping estaba construido en el sector conocido como La Cervecería, en el corregimiento de Santa Elena. Al respecto, se refirió el corregidor Gustavo Adolfo Restrepo. "Las personas siguieron construyendo e incumpliendo la orden de policía expedida por el corregidor. Para eso, los citamos a audiencia, y se ordenó la demolición completa de la de la vivienda y una multa por doscientos salarios."Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial de la ciudad, Juan Manuel Velásquez, indicó que este tipo de procesos en contra de las construcciones ilegales se viene agudizando en el corregimiento desde hace 2 años, y solo durante 2024 y 2025 se ordenaron 290 informes para la demolición de estas edificaciones."Nuestro objetivo es prevenir afectaciones en suelos donde la norma es clara y no permite construir. Solo este año en el corregimiento ya se han ordenado once remociones, lo que demuestra que el control urbanístico está activo y enfocado en proteger áreas estratégicas como el Cerro Pan de Azúcar y el sector de Piedras Blancas."Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier intervención urbanística en estos suelos está restringida, ya que la finalidad es preservar los valores culturales y ambientales de la zona. La presión que ejercen en los suelos las construcciones irregulares puede generar impactos irreversibles.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
La demolición de los primeros edificios del conjunto residencial Privilegios arrancó esta semana en el norte de Barranquilla, pero para poder llevarla a buen término se requería un acuerdo entre los propietarios de estos apartamentos y el Distrito, quienes finalmente lograron avanzar en la negociación durante una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas en la sede de la Procuraduría en la capital del Atlántico.El abogado Roberto Tapia, quien defiende los intereses de estos propietarios, sostuvo que después de discutir varios aspectos, finalmente el Distrito de Barranquilla se comprometió a pagar por los 51 apartamentos que integran los bloques tres, cuatro y cinco, de modo que sus dueños reciban una compensación económica tras perder sus viviendas.Sin embargo, dicha compra aún depende de un proceso adicional, explicó el abogado Tapia.“Depende de que el Distrito de Barranquilla termine unos avalúos que mandó hacer en los apartamentos de la zona, para así seguir con el compromiso de tener sus resultados la semana que viene”, dijo inicialmente.“Estos avalúos del Distrito de Barranquilla se confrontarán con unos que mandé a hacer con una firma profesional para determinar si hay coincidencias en los valores o qué tanto es la diferencia. Creo que llegaremos a un acuerdo sobre el valor”, agregó.Sobre Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. Sin embargo, con el tiempo este conjunto residencial volvió a ser habitado hasta que hace nueve meses, en noviembre de 2024, uno de los edificios colapsó y sepultó bajo los escombros a una mujer y a cuatro niños: ella murió y los menores quedaron heridos.El día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas, alegando que no tenían otra solución de vivienda. Ahora, tal como se había estipulado hace años y de paso para evitar que algunas personas insistan en vivir ahí, se dio inicio a la demolición de las tres primeras torres.La demolición total está prevista realizarse en dos meses y tendría una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, según los términos del contrato que adelantó el Distrito de Barranquilla.
El corregimiento de Santa Elena, ubicado en el oriente de Medellín, sigue reportando problemáticas por las construcciones ilegales que se realizan en esta zona, en la cual, según la administración local, se han realizado 98 informes técnicos por construcciones que no cumplen con la documentación correspondiente. Además, se han llevado a cabo 173 remociones de bienes, recuperando 5.000 metros cuadrados de espacio público.El Distrito y la Personería se articularon para atender esta problemática que aqueja al corregimiento, en el que alrededor de 200 personas, entre líderes, ediles y ciudadanía en general, recibieron orientación sobre los procesos de control urbanístico, infracciones, trámites catastrales y acceso a servicios públicos. "Escuchamos todas las inquietudes de los ciudadanos con referencia a algunos temas que los tienen con inconvenientes en el territorio, los temas más importantes. Primero el tema de las construcciones, el tema del acueducto y algunos temas de alcantarillado, y por último, temas de catástrofe", mencionó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.Vale la pena recalcar que en Medellín, en lo que va corrido del año, se han realizado al menos 6 mega operativos para el control y recuperación del Espacio Público.
El corregimiento de Santa Elena, en Medellín, la tierra de nuestros silleteros, sigue siendo escenario de una gran tensión derivada de los operativos que están adelantando las autoridades para demoler las viviendas que habrían sido construidas de forma ilegal en el territorio. Desde la noche de este domingo, varios de sus habitantes permanecen concentrados en la vereda Barro Blanco, sector de El Rosario, para impedir que la maquinaria amarilla ingrese a las viviendas que están en lista de demolición, como es el caso de la de Carlos Inti Zegarra, la cual fue construida hace dos años, según la Alcaldía, sin licencia y sobre un terreno cuyo suelo es de uso agroforestal, por lo que tras surtir el proceso judicial será derribada. "Faltan algunos requisitos para obtener la licencia de construcción, sin embargo la casa cumple los requisitos ambientales: tiene permiso de vertimientos de Corantioquia, tiene conexión al acueducto veredal y pagan servicios públicos a EPM, sin embargo, la curaduría archivó el proceso. Hemos buscado muchos mecanismos para hablar con el Gobierno pero no hemos encontrado una forma de detener el procedimiento. No dejaremos derribar la casa", aseguró Ana María Moreno es líder del movimiento Vivienda Digna.No obstante, la corregidora de Santa Elena, Eliana Gómez, quien entre otras cosas ha recibido varias amenazas tras el inicio de estos operativos, por lo que ya interpuso una denuncia formal en Fiscalía, le dijo a Blu Radio que el operativo se mantiene en cumplimiento de la ley 1801 de 2016."En la actualidad el despacho de la corregiduría de Santa Elena se encuentra adelantando 476 procesos por este tipo de comportamientos. No significa que en todos los procesos se vaya a decretar una medida adversa al ciudadano, toda vez que si es dable su reconocimiento podrá ir a cualquiera de las curadurías para que allí se verifique si su proceso constructivo es o no licenciable. En caso de que no lo sea, de acuerdo lo que nos indica la normatividad vigente, debemos proceder con la imposición de las medidas correctivas", le dijo a Blu Radio Gómez.A la fecha, nueve viviendas han sido demolidas por las autoridades en el corregimiento de Santa Elena.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) anunció que ya fueron retirados los 14.983 metros cúbicos de material producto de la implosión del edificio Continental Towers que se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre.Tal y como fue el compromiso previo a la demolición controlada de la estructura que presentaba graves fallas estructurales, ahora el terreno será entregado a los copropietarios de Continental Towers, luego de que funcionarios del DAGRD llevaran a cabo labores de estabilización de losas, repiqueo y extracción de los escombros.También desde la administración distrital aseguraron que avanzan en las herramientas jurídicas que les permitan recuperar los costos del procedimiento y que como ha manifestado en varias oportunidades el alcalde Daniel Quintero deberían ser asumidos por la constructora CDO o en su defecto los propietarios. "Los daños estructurales, patológicos en una estructura y el seguimiento que nosotros desde el DAGRD hacemos es muy importante para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, pero este tipo de cosas no pueden seguir pasando en el Distrito de Medellín”, manifestó Walter Pérez, subdirector de conocimiento del DAGRD.Desde la entidad, también destacaron el éxito de lo que ha sido este proceso, en el cual se logró garantizar la integridad de habitantes y estructuras aledañas a Continental Towers, en la que se levantaron un total de 684 actas de vecindad que ya finalizaron y dejaron como resultado solo algunos vidrios rotos en el conjunto vecino Interclub, que ya fueron reparados.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En el corregimiento de Aguas Vivas, jurisdicción del municipio de Piojó, hace dos meses fue demolida la vieja estructura del único puesto de salud que tenía la población, luego de que sus instalaciones agrietadas representaran un riesgo, sin embargo, el procedimiento se dio sin que antes fuese construido una nueva estructura.Desde entonces la comunidad tuvo que destinar un billar para la atención de los enfermos. Dada esta situación, el consultorio del médico está junto a un enfriador y un letrero que no dice atención médica, sino que se venden cervezas.¿Qué dicen los habitantes de Piojó?Rocío Rivaldo, una habitante del municipio, contó el drama que viven.“Es un sitio que no presta las condiciones optimas para el servicio, ya que es de difícil acceso para el adulto mayor. También está en mal estado, vemos debilitadas las paredes y la mesa de billas se utilizada como escritorio y poner los utensilios de salud como el tensiómetro”, contó Rocio Rivaldo, habitante del corregimiento.Lo que más tiene molestos a la comunidad es que en el predio en el que fue demolida la antigua estructura del puesto de salud se construirá un proyecto de parques y una inspección de Policía. Sin embargo, Alfredo Soñett, secretario de planeación de Piojó, informó que tienen dos propuestas para construir un centro de salud en el corregimiento y que buscan definir si se levantará con recursos del municipio o del departamento.Escuche más noticias aquí:
Después de haber iniciado hace algunos días la demolición del Monumento a los Héroes en Bogotá, este martes 28 de septiembre se tumbó más del 90% de la estructura para dar paso a las obras de la primera línea del metro, el cual llegará a ese punto desde la localidad de Bosa.Sin embargo, la Empresa Metro de Bogotá, para conservar su historia en la calle 72, justo al lado de lo que será la última estación del metro, anunció que se construirá una galería de arte, en la cual se ubicarán algunos de los elementos representativos que han convertido este espacio en símbolo de los movimientos sociales en diferentes momentos de la historia del país.De acuerdo con los diseñadores del proyecto, la nueva galería se concibió como una escultura habitable que permitirá que los visitantes interactúen con ella y estará en una plazoleta que aportará un nuevo espacio de reunión y convivencia a la ciudadanía.Según el Distrito, el nuevo equipamiento estará conformado por dos elementos: un salón de exposiciones que será soterrado y se conectará a nivel del sótano con la estación 16 de la primera línea del metro, y un espacio superior, enmarcado por tres grandes muros, donde se verán representados los diferentes conceptos de heroísmo que van más allá de las batallas por la independencia.Escuche las Noticias del Día en Spotify:
Empezaron las labores de demolición del Monumento a los Héroes, ubicado en el norte de Bogotá, el cual será trasladado para poder llevar a cabo la construcción de una de las líneas del Metro. Situación por la que el Ministerio de Defensa hizo una petición a la Alcaldía de la capital, solicitando que el proceso permita la reubicación del monumento en su integridad.De toda la estructura que durante más de 50 años ha permanecido en este punto de la ciudad, únicamente se conservará la estatua del libertador Simón Bolívar, el cual fue declarado como patrimonio cultural.Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, expresó en Mañanas BLU que fue enviada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una carta en la que se expresa la total disposición para colaborar con este proceso de este traslado, pero solicitando que este sea reubicado en su totalidad.De igual forma, el ministro puso a disposición todo el apoyo de su entidad como de las Fuerzas Militares, para que esta sea reubicada, respetando su infraestructura original. Aún se desconoce el lugar en el que se instalará el monumento, pero el ministro expresó de igual manera, la opción que ofrecen para que sea incluso en alguna institución militar.Para terminar, el ministro de Defensa compartió que en una conversación con la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo, ambos mostraron interés porque en el traslado del monumento, se respete su integridad.Escuche las declaraciones del ministro de Defensa en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
El presidente Abelardo De La Espriella anunció dos grandes operaciones este jueves que golpearon a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En la principal de ellas, se logró la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado cabecilla de la estructura mencionada.Ese operativo se llevó a cabo de forma simultánea en las poblaciones de Santa Marta y Ciénaga, donde la Policía Nacional y el Ejército realizaron seis allanamientos y capturaron a 13 personas.Dentro del mismo fueron incautadas cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. Del mismo modo, anunció el presidente, fue hallada una tarjeta bancaria a nombre de alias 'Pinocho'En otra operación que llevó por nombre Kratos, las autoridades de antinarcóticos, en coordinación con la DEA y la Fiscalía, capturaron en Santa Marta y Barranquilla a cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos.La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’. Asimismo, se informó que la red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y, al parecer, lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.“He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos”, fueron las palabras del presidente De La Espriella en sus redes sociales.“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde. Gracias a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía y a la DEA por su trabajo”, finalizó.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, con corte al 23 de septiembre, el sismo ha dejado 486.917 personas afectadas, agrupadas en 303.934 familias, en 500 municipios de 16 departamentos del país..Las cifras oficiales también reportan 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas. Además, se contabilizan 36.478 viviendas destruidas, de acuerdo con los reportes que complementan la información del Registro Único de Damnificados.En materia de infraestructura, el balance señala afectaciones en 4.431 centros educativos, 402 centros de salud, 6.094 centros comunitarios y 182 acueductos.Sin embargo, desde la OCHA advierten que estas cifras todavía pueden cambiar debido a las dificultades para consolidar y actualizar la información en algunas zonas.Uno de los principales vacíos está precisamente en la identificación de daños en municipios apartados y zonas rurales dispersas, donde hay baja capacidad técnica y limitada presencia institucional. Esta situación es particularmente evidente en departamentos como Chocó y Valle del Cauca.En Chocó, por ejemplo, existen diferencias entre los registros de las evaluaciones de daños, los reportes de las secretarías departamentales y municipales y otras fuentes sectoriales. Según la OCHA, estas diferencias dificultan conocer oportunamente las necesidades en salud, alojamientos temporales y vigilancia epidemiológica.Además, las dificultades de conectividad, las barreras geográficas y la presencia de grupos armados complican el acceso a comunidades rurales. En zonas como el Atrato, San Juan y Baudó, incluso la movilidad por los ríos presenta dificultades, lo que afecta el reporte oportuno de las necesidades.Otro de los problemas identificados es que personas refugiadas y migrantes que están en algunas de las zonas más afectadas no estarían quedando registradas, lo que puede limitar su acceso a derechos y a las ayudas disponibles.En Risaralda también persiste un vacío importante, el informe señala que la evaluación de estructuras continúa siendo baja, especialmente en Pereira y otros municipios afectados.A esto se suma que algunas familias todavía no tienen suficiente información sobre los resultados de las evaluaciones estructurales ni sobre las rutas disponibles para acceder a soluciones de vivienda y otros servicios.En los alojamientos temporales también continúan las necesidades. La OIM identificó alrededor de 6.903 personas, correspondientes a 1.970 hogares, ubicadas en 105 alojamientos temporales de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Caldas.En Chocó, cerca de 501 personas de 173 familias permanecen en nueve alojamientos temporales ubicados en Quibdó, Istmina, Nóvita y Condoto.Allí se mantienen necesidades relacionadas con agua potable, saneamiento, condiciones de habitabilidad, atención en salud física y mental y prevención de enfermedades como dengue y malaria.En Valle del Cauca, especialmente en Buenaventura, persisten problemas en los alojamientos temporales, con dificultades de acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos, además de afectaciones en infraestructura de salud y educación.El informe también advierte que algunas comunidades continúan enfrentando una doble afectación, debido a que, además de las consecuencias del terremoto, tienen necesidades relacionadas con el conflicto armado, lo que dificulta el acceso a servicios y la recuperación.Hasta la fecha, al menos 31 organizaciones humanitarias han atendido a más de 137.000 personas, unas 32.600 familias, en 53 municipios de los departamentos priorizados.La asistencia ha incluido alimentos, agua, elementos de alojamiento e higiene, atención en salud física y mental, educación en emergencias, protección y transferencias monetarias. Desde la OCHA señalan que los socios humanitarios continúan focalizando acciones en zonas rurales donde persisten vacíos de atención.
Carlos Montoya sale de la presidencia de Colpensiones. El presidente Abelardo De La Espriella pidió su renuncia tras las dificultades que tuvo durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado de la República donde no respondió todos los requerimientos sobre el sistema pensional del país.En desarrollo...
El Grupo Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de 200 millones de dólares para Colombia (aprox 654 mil millones de pesos) , destinado a fortalecer las labores de respuesta y recuperación tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Los recursos buscan respaldar los esfuerzos del Gobierno para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y avanzar en las acciones de recuperación luego de la emergencia. Este nuevo financiamiento se suma a los 200 millones desembolsados en agosto para la respuesta inmediata ante la emergencia, según aseguró Susana Cordeiro, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial.El nuevo financiamiento complementa un préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado en febrero, que cuenta con una opción de desembolso diferido ante catástrofes. Este mecanismo permite que Colombia pueda acceder rápidamente a recursos cuando se presenta un desastre natural o una emergencia de gran magnitud, con el propósito de garantizar liquidez para atender las necesidades más urgentes.Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, destacó que estos recursos “permitirán incrementar la capacidad de respuesta financiera del país y contribuirán a que los recursos lleguen de manera oportuna a las poblaciones afectadas”. También señaló que el mecanismo busca fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones para enfrentar las labores de recuperación después de una emergencia.El Banco Mundial recordó que este tipo de instrumentos ya ha sido utilizado por Colombia para responder ante crisis anteriores, entre ellas las relacionadas con el fenómeno de La Niña y la pandemia de COVID-19. Con esta nueva operación, la entidad y el Gobierno buscan fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la capacidad financiera del país para responder no solo a los efectos del terremoto de agosto, sino también ante futuras emergencias.“Este financiamiento adicional del Banco Mundial es una muestra de confianza en Colombia y en la capacidad del Gobierno para responder con responsabilidad en momentos difíciles”, fue lo que dijo Miguel Gomez Martinez, ministro de Hacienda, tras el anuncio.
El Chance Paisita Noche continúa entre los sorteos más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus diferentes modalidades de apuesta permiten participar con distintas combinaciones y revisar el resultado oficial para comprobar si el tiquete obtuvo algún premio.Además, este chance cuenta con una quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una alternativa complementaria para los participantes.Resultado del Paisita Noche hoy, jueves 24 de septiembre de 2026El número ganador del chance Paisita Noche para este jueves 24 de septiembre de 2026 fue el 1806. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 1806.Dos últimas cifras: 06.Tres últimas cifras: 806.Los jugadores pueden consultar el resultado en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para verificar si su tiquete fue ganador.¿A qué hora se juega Paisita Noche?Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario depende de la jornada:De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden anunciado oficialmente.Modalidades de apuesta en Paisita NocheEl juego dispone de varias opciones para participar, de acuerdo con la modalidad elegida.Cuatro cifras directo o superplenoConsiste en acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del resultado oficial.Combinado de cuatro cifrasPermite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoPremia cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y conservan el mismo orden.Combinado de tres cifrasEntrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.Quinta balota: una alternativa adicionalLa quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Se trata de una cifra adicional que acompaña al resultado principal y permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.Esta alternativa se suma a las diferentes modalidades disponibles para los jugadores habituales del sorteo.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador.Documentos básicosTiquete original en buen estado.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Premios menores a 48 UVTSolo requieren la documentación básica para realizar el cobro.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVTTambién será necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar mediante la quinta balota, el Paisita Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones de Colombia.
