La Alcaldía de Itagüí ordenó la demolición de varias viviendas en el barrio El Porvenir n.° 2, luego de que estudios técnicos concluyeran que las estructuras representan un riesgo inminente de colapso y no pueden ser habitadas de manera segura.La decisión se adoptó tras evidenciar graves fallas estructurales en los inmuebles, construidos sobre un llenado antrópico que cedió. Según los informes, esta situación provocó grietas de gran tamaño en pisos y muros, desplazamientos del terreno, pérdida de soporte estructural e inestabilidad del suelo en una zona de ladera, condiciones que fueron catalogadas como de alto riesgo no mitigable.Ante este panorama, las autoridades declararon las edificaciones en estado de ruina, lo que implica que no existe intervención técnica que garantice su estabilidad. Por ello, además de la demolición, ordenaron la evacuación definitiva de las familias que residían en los inmuebles, como medida preventiva para evitar una tragedia.La administración municipal informó que adelanta un proceso de atención a los hogares afectados, que incluye la caracterización de las familias, la entrega de subsidios de arrendamiento temporal y acompañamiento social permanente.De igual manera, continúa el seguimiento técnico en la zona para prevenir nuevas emergencias en vista de la temporada de lluvias que atraviesa en particular la zona sur del Valle de Aburrá.
Las edificaciones ilegales en el Valle de Aburrá están bajo la lupa de las autoridades. Luego de que se conocieran las denuncias hechas sobre construcciones ilegales hechas en un cerro tutelar de la ciudad, en el corregimiento de Altavista, una situación similar se presentó en el corregimiento de Santa Elena.Un informe realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, determinaron que el predio donde se levantó el glamping es una zona donde no se puede otorgar licencia de construcción, por la posible presencia de restos, vestigios, piezas y estructuras antiguas que representan un patrimonio cultural.Bajo esta premisa y en cumplimiento de la emisión en segunda instancia de una orden policial, los propietarios del glamping realizaron el desmonte de la construcción. El glamping estaba construido en el sector conocido como La Cervecería, en el corregimiento de Santa Elena. Al respecto, se refirió el corregidor Gustavo Adolfo Restrepo. "Las personas siguieron construyendo e incumpliendo la orden de policía expedida por el corregidor. Para eso, los citamos a audiencia, y se ordenó la demolición completa de la de la vivienda y una multa por doscientos salarios."Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial de la ciudad, Juan Manuel Velásquez, indicó que este tipo de procesos en contra de las construcciones ilegales se viene agudizando en el corregimiento desde hace 2 años, y solo durante 2024 y 2025 se ordenaron 290 informes para la demolición de estas edificaciones."Nuestro objetivo es prevenir afectaciones en suelos donde la norma es clara y no permite construir. Solo este año en el corregimiento ya se han ordenado once remociones, lo que demuestra que el control urbanístico está activo y enfocado en proteger áreas estratégicas como el Cerro Pan de Azúcar y el sector de Piedras Blancas."Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier intervención urbanística en estos suelos está restringida, ya que la finalidad es preservar los valores culturales y ambientales de la zona. La presión que ejercen en los suelos las construcciones irregulares puede generar impactos irreversibles.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
La demolición de los primeros edificios del conjunto residencial Privilegios arrancó esta semana en el norte de Barranquilla, pero para poder llevarla a buen término se requería un acuerdo entre los propietarios de estos apartamentos y el Distrito, quienes finalmente lograron avanzar en la negociación durante una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas en la sede de la Procuraduría en la capital del Atlántico.El abogado Roberto Tapia, quien defiende los intereses de estos propietarios, sostuvo que después de discutir varios aspectos, finalmente el Distrito de Barranquilla se comprometió a pagar por los 51 apartamentos que integran los bloques tres, cuatro y cinco, de modo que sus dueños reciban una compensación económica tras perder sus viviendas.Sin embargo, dicha compra aún depende de un proceso adicional, explicó el abogado Tapia.“Depende de que el Distrito de Barranquilla termine unos avalúos que mandó hacer en los apartamentos de la zona, para así seguir con el compromiso de tener sus resultados la semana que viene”, dijo inicialmente.“Estos avalúos del Distrito de Barranquilla se confrontarán con unos que mandé a hacer con una firma profesional para determinar si hay coincidencias en los valores o qué tanto es la diferencia. Creo que llegaremos a un acuerdo sobre el valor”, agregó.Sobre Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. Sin embargo, con el tiempo este conjunto residencial volvió a ser habitado hasta que hace nueve meses, en noviembre de 2024, uno de los edificios colapsó y sepultó bajo los escombros a una mujer y a cuatro niños: ella murió y los menores quedaron heridos.El día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas, alegando que no tenían otra solución de vivienda. Ahora, tal como se había estipulado hace años y de paso para evitar que algunas personas insistan en vivir ahí, se dio inicio a la demolición de las tres primeras torres.La demolición total está prevista realizarse en dos meses y tendría una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, según los términos del contrato que adelantó el Distrito de Barranquilla.
El corregimiento de Santa Elena, ubicado en el oriente de Medellín, sigue reportando problemáticas por las construcciones ilegales que se realizan en esta zona, en la cual, según la administración local, se han realizado 98 informes técnicos por construcciones que no cumplen con la documentación correspondiente. Además, se han llevado a cabo 173 remociones de bienes, recuperando 5.000 metros cuadrados de espacio público.El Distrito y la Personería se articularon para atender esta problemática que aqueja al corregimiento, en el que alrededor de 200 personas, entre líderes, ediles y ciudadanía en general, recibieron orientación sobre los procesos de control urbanístico, infracciones, trámites catastrales y acceso a servicios públicos. "Escuchamos todas las inquietudes de los ciudadanos con referencia a algunos temas que los tienen con inconvenientes en el territorio, los temas más importantes. Primero el tema de las construcciones, el tema del acueducto y algunos temas de alcantarillado, y por último, temas de catástrofe", mencionó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.Vale la pena recalcar que en Medellín, en lo que va corrido del año, se han realizado al menos 6 mega operativos para el control y recuperación del Espacio Público.
El corregimiento de Santa Elena, en Medellín, la tierra de nuestros silleteros, sigue siendo escenario de una gran tensión derivada de los operativos que están adelantando las autoridades para demoler las viviendas que habrían sido construidas de forma ilegal en el territorio. Desde la noche de este domingo, varios de sus habitantes permanecen concentrados en la vereda Barro Blanco, sector de El Rosario, para impedir que la maquinaria amarilla ingrese a las viviendas que están en lista de demolición, como es el caso de la de Carlos Inti Zegarra, la cual fue construida hace dos años, según la Alcaldía, sin licencia y sobre un terreno cuyo suelo es de uso agroforestal, por lo que tras surtir el proceso judicial será derribada. "Faltan algunos requisitos para obtener la licencia de construcción, sin embargo la casa cumple los requisitos ambientales: tiene permiso de vertimientos de Corantioquia, tiene conexión al acueducto veredal y pagan servicios públicos a EPM, sin embargo, la curaduría archivó el proceso. Hemos buscado muchos mecanismos para hablar con el Gobierno pero no hemos encontrado una forma de detener el procedimiento. No dejaremos derribar la casa", aseguró Ana María Moreno es líder del movimiento Vivienda Digna.No obstante, la corregidora de Santa Elena, Eliana Gómez, quien entre otras cosas ha recibido varias amenazas tras el inicio de estos operativos, por lo que ya interpuso una denuncia formal en Fiscalía, le dijo a Blu Radio que el operativo se mantiene en cumplimiento de la ley 1801 de 2016."En la actualidad el despacho de la corregiduría de Santa Elena se encuentra adelantando 476 procesos por este tipo de comportamientos. No significa que en todos los procesos se vaya a decretar una medida adversa al ciudadano, toda vez que si es dable su reconocimiento podrá ir a cualquiera de las curadurías para que allí se verifique si su proceso constructivo es o no licenciable. En caso de que no lo sea, de acuerdo lo que nos indica la normatividad vigente, debemos proceder con la imposición de las medidas correctivas", le dijo a Blu Radio Gómez.A la fecha, nueve viviendas han sido demolidas por las autoridades en el corregimiento de Santa Elena.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) anunció que ya fueron retirados los 14.983 metros cúbicos de material producto de la implosión del edificio Continental Towers que se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre.Tal y como fue el compromiso previo a la demolición controlada de la estructura que presentaba graves fallas estructurales, ahora el terreno será entregado a los copropietarios de Continental Towers, luego de que funcionarios del DAGRD llevaran a cabo labores de estabilización de losas, repiqueo y extracción de los escombros.También desde la administración distrital aseguraron que avanzan en las herramientas jurídicas que les permitan recuperar los costos del procedimiento y que como ha manifestado en varias oportunidades el alcalde Daniel Quintero deberían ser asumidos por la constructora CDO o en su defecto los propietarios. "Los daños estructurales, patológicos en una estructura y el seguimiento que nosotros desde el DAGRD hacemos es muy importante para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, pero este tipo de cosas no pueden seguir pasando en el Distrito de Medellín”, manifestó Walter Pérez, subdirector de conocimiento del DAGRD.Desde la entidad, también destacaron el éxito de lo que ha sido este proceso, en el cual se logró garantizar la integridad de habitantes y estructuras aledañas a Continental Towers, en la que se levantaron un total de 684 actas de vecindad que ya finalizaron y dejaron como resultado solo algunos vidrios rotos en el conjunto vecino Interclub, que ya fueron reparados.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En el corregimiento de Aguas Vivas, jurisdicción del municipio de Piojó, hace dos meses fue demolida la vieja estructura del único puesto de salud que tenía la población, luego de que sus instalaciones agrietadas representaran un riesgo, sin embargo, el procedimiento se dio sin que antes fuese construido una nueva estructura.Desde entonces la comunidad tuvo que destinar un billar para la atención de los enfermos. Dada esta situación, el consultorio del médico está junto a un enfriador y un letrero que no dice atención médica, sino que se venden cervezas.¿Qué dicen los habitantes de Piojó?Rocío Rivaldo, una habitante del municipio, contó el drama que viven.“Es un sitio que no presta las condiciones optimas para el servicio, ya que es de difícil acceso para el adulto mayor. También está en mal estado, vemos debilitadas las paredes y la mesa de billas se utilizada como escritorio y poner los utensilios de salud como el tensiómetro”, contó Rocio Rivaldo, habitante del corregimiento.Lo que más tiene molestos a la comunidad es que en el predio en el que fue demolida la antigua estructura del puesto de salud se construirá un proyecto de parques y una inspección de Policía. Sin embargo, Alfredo Soñett, secretario de planeación de Piojó, informó que tienen dos propuestas para construir un centro de salud en el corregimiento y que buscan definir si se levantará con recursos del municipio o del departamento.Escuche más noticias aquí:
Después de haber iniciado hace algunos días la demolición del Monumento a los Héroes en Bogotá, este martes 28 de septiembre se tumbó más del 90% de la estructura para dar paso a las obras de la primera línea del metro, el cual llegará a ese punto desde la localidad de Bosa.Sin embargo, la Empresa Metro de Bogotá, para conservar su historia en la calle 72, justo al lado de lo que será la última estación del metro, anunció que se construirá una galería de arte, en la cual se ubicarán algunos de los elementos representativos que han convertido este espacio en símbolo de los movimientos sociales en diferentes momentos de la historia del país.De acuerdo con los diseñadores del proyecto, la nueva galería se concibió como una escultura habitable que permitirá que los visitantes interactúen con ella y estará en una plazoleta que aportará un nuevo espacio de reunión y convivencia a la ciudadanía.Según el Distrito, el nuevo equipamiento estará conformado por dos elementos: un salón de exposiciones que será soterrado y se conectará a nivel del sótano con la estación 16 de la primera línea del metro, y un espacio superior, enmarcado por tres grandes muros, donde se verán representados los diferentes conceptos de heroísmo que van más allá de las batallas por la independencia.Escuche las Noticias del Día en Spotify:
Empezaron las labores de demolición del Monumento a los Héroes, ubicado en el norte de Bogotá, el cual será trasladado para poder llevar a cabo la construcción de una de las líneas del Metro. Situación por la que el Ministerio de Defensa hizo una petición a la Alcaldía de la capital, solicitando que el proceso permita la reubicación del monumento en su integridad.De toda la estructura que durante más de 50 años ha permanecido en este punto de la ciudad, únicamente se conservará la estatua del libertador Simón Bolívar, el cual fue declarado como patrimonio cultural.Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, expresó en Mañanas BLU que fue enviada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una carta en la que se expresa la total disposición para colaborar con este proceso de este traslado, pero solicitando que este sea reubicado en su totalidad.De igual forma, el ministro puso a disposición todo el apoyo de su entidad como de las Fuerzas Militares, para que esta sea reubicada, respetando su infraestructura original. Aún se desconoce el lugar en el que se instalará el monumento, pero el ministro expresó de igual manera, la opción que ofrecen para que sea incluso en alguna institución militar.Para terminar, el ministro de Defensa compartió que en una conversación con la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo, ambos mostraron interés porque en el traslado del monumento, se respete su integridad.Escuche las declaraciones del ministro de Defensa en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
