La Alcaldía de Itagüí ordenó la demolición de varias viviendas en el barrio El Porvenir n.° 2, luego de que estudios técnicos concluyeran que las estructuras representan un riesgo inminente de colapso y no pueden ser habitadas de manera segura.La decisión se adoptó tras evidenciar graves fallas estructurales en los inmuebles, construidos sobre un llenado antrópico que cedió. Según los informes, esta situación provocó grietas de gran tamaño en pisos y muros, desplazamientos del terreno, pérdida de soporte estructural e inestabilidad del suelo en una zona de ladera, condiciones que fueron catalogadas como de alto riesgo no mitigable.Ante este panorama, las autoridades declararon las edificaciones en estado de ruina, lo que implica que no existe intervención técnica que garantice su estabilidad. Por ello, además de la demolición, ordenaron la evacuación definitiva de las familias que residían en los inmuebles, como medida preventiva para evitar una tragedia.La administración municipal informó que adelanta un proceso de atención a los hogares afectados, que incluye la caracterización de las familias, la entrega de subsidios de arrendamiento temporal y acompañamiento social permanente.De igual manera, continúa el seguimiento técnico en la zona para prevenir nuevas emergencias en vista de la temporada de lluvias que atraviesa en particular la zona sur del Valle de Aburrá.
Las edificaciones ilegales en el Valle de Aburrá están bajo la lupa de las autoridades. Luego de que se conocieran las denuncias hechas sobre construcciones ilegales hechas en un cerro tutelar de la ciudad, en el corregimiento de Altavista, una situación similar se presentó en el corregimiento de Santa Elena.Un informe realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, determinaron que el predio donde se levantó el glamping es una zona donde no se puede otorgar licencia de construcción, por la posible presencia de restos, vestigios, piezas y estructuras antiguas que representan un patrimonio cultural.Bajo esta premisa y en cumplimiento de la emisión en segunda instancia de una orden policial, los propietarios del glamping realizaron el desmonte de la construcción. El glamping estaba construido en el sector conocido como La Cervecería, en el corregimiento de Santa Elena. Al respecto, se refirió el corregidor Gustavo Adolfo Restrepo. "Las personas siguieron construyendo e incumpliendo la orden de policía expedida por el corregidor. Para eso, los citamos a audiencia, y se ordenó la demolición completa de la de la vivienda y una multa por doscientos salarios."Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial de la ciudad, Juan Manuel Velásquez, indicó que este tipo de procesos en contra de las construcciones ilegales se viene agudizando en el corregimiento desde hace 2 años, y solo durante 2024 y 2025 se ordenaron 290 informes para la demolición de estas edificaciones."Nuestro objetivo es prevenir afectaciones en suelos donde la norma es clara y no permite construir. Solo este año en el corregimiento ya se han ordenado once remociones, lo que demuestra que el control urbanístico está activo y enfocado en proteger áreas estratégicas como el Cerro Pan de Azúcar y el sector de Piedras Blancas."Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier intervención urbanística en estos suelos está restringida, ya que la finalidad es preservar los valores culturales y ambientales de la zona. La presión que ejercen en los suelos las construcciones irregulares puede generar impactos irreversibles.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
La demolición de los primeros edificios del conjunto residencial Privilegios arrancó esta semana en el norte de Barranquilla, pero para poder llevarla a buen término se requería un acuerdo entre los propietarios de estos apartamentos y el Distrito, quienes finalmente lograron avanzar en la negociación durante una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas en la sede de la Procuraduría en la capital del Atlántico.El abogado Roberto Tapia, quien defiende los intereses de estos propietarios, sostuvo que después de discutir varios aspectos, finalmente el Distrito de Barranquilla se comprometió a pagar por los 51 apartamentos que integran los bloques tres, cuatro y cinco, de modo que sus dueños reciban una compensación económica tras perder sus viviendas.Sin embargo, dicha compra aún depende de un proceso adicional, explicó el abogado Tapia.“Depende de que el Distrito de Barranquilla termine unos avalúos que mandó hacer en los apartamentos de la zona, para así seguir con el compromiso de tener sus resultados la semana que viene”, dijo inicialmente.“Estos avalúos del Distrito de Barranquilla se confrontarán con unos que mandé a hacer con una firma profesional para determinar si hay coincidencias en los valores o qué tanto es la diferencia. Creo que llegaremos a un acuerdo sobre el valor”, agregó.Sobre Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. Sin embargo, con el tiempo este conjunto residencial volvió a ser habitado hasta que hace nueve meses, en noviembre de 2024, uno de los edificios colapsó y sepultó bajo los escombros a una mujer y a cuatro niños: ella murió y los menores quedaron heridos.El día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas, alegando que no tenían otra solución de vivienda. Ahora, tal como se había estipulado hace años y de paso para evitar que algunas personas insistan en vivir ahí, se dio inicio a la demolición de las tres primeras torres.La demolición total está prevista realizarse en dos meses y tendría una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, según los términos del contrato que adelantó el Distrito de Barranquilla.
El corregimiento de Santa Elena, ubicado en el oriente de Medellín, sigue reportando problemáticas por las construcciones ilegales que se realizan en esta zona, en la cual, según la administración local, se han realizado 98 informes técnicos por construcciones que no cumplen con la documentación correspondiente. Además, se han llevado a cabo 173 remociones de bienes, recuperando 5.000 metros cuadrados de espacio público.El Distrito y la Personería se articularon para atender esta problemática que aqueja al corregimiento, en el que alrededor de 200 personas, entre líderes, ediles y ciudadanía en general, recibieron orientación sobre los procesos de control urbanístico, infracciones, trámites catastrales y acceso a servicios públicos. "Escuchamos todas las inquietudes de los ciudadanos con referencia a algunos temas que los tienen con inconvenientes en el territorio, los temas más importantes. Primero el tema de las construcciones, el tema del acueducto y algunos temas de alcantarillado, y por último, temas de catástrofe", mencionó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.Vale la pena recalcar que en Medellín, en lo que va corrido del año, se han realizado al menos 6 mega operativos para el control y recuperación del Espacio Público.
El corregimiento de Santa Elena, en Medellín, la tierra de nuestros silleteros, sigue siendo escenario de una gran tensión derivada de los operativos que están adelantando las autoridades para demoler las viviendas que habrían sido construidas de forma ilegal en el territorio. Desde la noche de este domingo, varios de sus habitantes permanecen concentrados en la vereda Barro Blanco, sector de El Rosario, para impedir que la maquinaria amarilla ingrese a las viviendas que están en lista de demolición, como es el caso de la de Carlos Inti Zegarra, la cual fue construida hace dos años, según la Alcaldía, sin licencia y sobre un terreno cuyo suelo es de uso agroforestal, por lo que tras surtir el proceso judicial será derribada. "Faltan algunos requisitos para obtener la licencia de construcción, sin embargo la casa cumple los requisitos ambientales: tiene permiso de vertimientos de Corantioquia, tiene conexión al acueducto veredal y pagan servicios públicos a EPM, sin embargo, la curaduría archivó el proceso. Hemos buscado muchos mecanismos para hablar con el Gobierno pero no hemos encontrado una forma de detener el procedimiento. No dejaremos derribar la casa", aseguró Ana María Moreno es líder del movimiento Vivienda Digna.No obstante, la corregidora de Santa Elena, Eliana Gómez, quien entre otras cosas ha recibido varias amenazas tras el inicio de estos operativos, por lo que ya interpuso una denuncia formal en Fiscalía, le dijo a Blu Radio que el operativo se mantiene en cumplimiento de la ley 1801 de 2016."En la actualidad el despacho de la corregiduría de Santa Elena se encuentra adelantando 476 procesos por este tipo de comportamientos. No significa que en todos los procesos se vaya a decretar una medida adversa al ciudadano, toda vez que si es dable su reconocimiento podrá ir a cualquiera de las curadurías para que allí se verifique si su proceso constructivo es o no licenciable. En caso de que no lo sea, de acuerdo lo que nos indica la normatividad vigente, debemos proceder con la imposición de las medidas correctivas", le dijo a Blu Radio Gómez.A la fecha, nueve viviendas han sido demolidas por las autoridades en el corregimiento de Santa Elena.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) anunció que ya fueron retirados los 14.983 metros cúbicos de material producto de la implosión del edificio Continental Towers que se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre.Tal y como fue el compromiso previo a la demolición controlada de la estructura que presentaba graves fallas estructurales, ahora el terreno será entregado a los copropietarios de Continental Towers, luego de que funcionarios del DAGRD llevaran a cabo labores de estabilización de losas, repiqueo y extracción de los escombros.También desde la administración distrital aseguraron que avanzan en las herramientas jurídicas que les permitan recuperar los costos del procedimiento y que como ha manifestado en varias oportunidades el alcalde Daniel Quintero deberían ser asumidos por la constructora CDO o en su defecto los propietarios. "Los daños estructurales, patológicos en una estructura y el seguimiento que nosotros desde el DAGRD hacemos es muy importante para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, pero este tipo de cosas no pueden seguir pasando en el Distrito de Medellín”, manifestó Walter Pérez, subdirector de conocimiento del DAGRD.Desde la entidad, también destacaron el éxito de lo que ha sido este proceso, en el cual se logró garantizar la integridad de habitantes y estructuras aledañas a Continental Towers, en la que se levantaron un total de 684 actas de vecindad que ya finalizaron y dejaron como resultado solo algunos vidrios rotos en el conjunto vecino Interclub, que ya fueron reparados.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En el corregimiento de Aguas Vivas, jurisdicción del municipio de Piojó, hace dos meses fue demolida la vieja estructura del único puesto de salud que tenía la población, luego de que sus instalaciones agrietadas representaran un riesgo, sin embargo, el procedimiento se dio sin que antes fuese construido una nueva estructura.Desde entonces la comunidad tuvo que destinar un billar para la atención de los enfermos. Dada esta situación, el consultorio del médico está junto a un enfriador y un letrero que no dice atención médica, sino que se venden cervezas.¿Qué dicen los habitantes de Piojó?Rocío Rivaldo, una habitante del municipio, contó el drama que viven.“Es un sitio que no presta las condiciones optimas para el servicio, ya que es de difícil acceso para el adulto mayor. También está en mal estado, vemos debilitadas las paredes y la mesa de billas se utilizada como escritorio y poner los utensilios de salud como el tensiómetro”, contó Rocio Rivaldo, habitante del corregimiento.Lo que más tiene molestos a la comunidad es que en el predio en el que fue demolida la antigua estructura del puesto de salud se construirá un proyecto de parques y una inspección de Policía. Sin embargo, Alfredo Soñett, secretario de planeación de Piojó, informó que tienen dos propuestas para construir un centro de salud en el corregimiento y que buscan definir si se levantará con recursos del municipio o del departamento.Escuche más noticias aquí:
Después de haber iniciado hace algunos días la demolición del Monumento a los Héroes en Bogotá, este martes 28 de septiembre se tumbó más del 90% de la estructura para dar paso a las obras de la primera línea del metro, el cual llegará a ese punto desde la localidad de Bosa.Sin embargo, la Empresa Metro de Bogotá, para conservar su historia en la calle 72, justo al lado de lo que será la última estación del metro, anunció que se construirá una galería de arte, en la cual se ubicarán algunos de los elementos representativos que han convertido este espacio en símbolo de los movimientos sociales en diferentes momentos de la historia del país.De acuerdo con los diseñadores del proyecto, la nueva galería se concibió como una escultura habitable que permitirá que los visitantes interactúen con ella y estará en una plazoleta que aportará un nuevo espacio de reunión y convivencia a la ciudadanía.Según el Distrito, el nuevo equipamiento estará conformado por dos elementos: un salón de exposiciones que será soterrado y se conectará a nivel del sótano con la estación 16 de la primera línea del metro, y un espacio superior, enmarcado por tres grandes muros, donde se verán representados los diferentes conceptos de heroísmo que van más allá de las batallas por la independencia.Escuche las Noticias del Día en Spotify:
Empezaron las labores de demolición del Monumento a los Héroes, ubicado en el norte de Bogotá, el cual será trasladado para poder llevar a cabo la construcción de una de las líneas del Metro. Situación por la que el Ministerio de Defensa hizo una petición a la Alcaldía de la capital, solicitando que el proceso permita la reubicación del monumento en su integridad.De toda la estructura que durante más de 50 años ha permanecido en este punto de la ciudad, únicamente se conservará la estatua del libertador Simón Bolívar, el cual fue declarado como patrimonio cultural.Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, expresó en Mañanas BLU que fue enviada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una carta en la que se expresa la total disposición para colaborar con este proceso de este traslado, pero solicitando que este sea reubicado en su totalidad.De igual forma, el ministro puso a disposición todo el apoyo de su entidad como de las Fuerzas Militares, para que esta sea reubicada, respetando su infraestructura original. Aún se desconoce el lugar en el que se instalará el monumento, pero el ministro expresó de igual manera, la opción que ofrecen para que sea incluso en alguna institución militar.Para terminar, el ministro de Defensa compartió que en una conversación con la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo, ambos mostraron interés porque en el traslado del monumento, se respete su integridad.Escuche las declaraciones del ministro de Defensa en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
El hotel La Luna, en Cali, ubicado en el sur de la ciudad, y que quedó gravemente afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, en las últimas horas registró un desprendimiento de escombros asociado a un movimiento en su estructura. La situación obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en el sector para evitar que alguna persona resultara afectada.De acuerdo con el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas. Sin embargo, debido a las condiciones de la edificación, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del inmueble."Se presentaron movimientos estructurales en lo que es el edificio, la estructura denominada Hotel La Luna, para lo cual hubo movimientos en el punto de inflexión de la mitad, donde el edificio colapsó. No tenemos víctimas fatales ni heridos.", dijo Peñuela.El funcionario también explicó que la estructura ya cuenta con la aprobación del Consejo Distrital para adelantar su demolición, un procedimiento que estará a cargo de los propietarios del hotel."Tenemos la protección de la vida restringida, como lo pueden ver en cuanto a las personas que transitan por la vía, pero hemos extendido este perímetro para que las personas que transiten por aquí lo hagan de manera segura. La próxima semana empezaremos con toda la demolición de esta estructura para eliminar o reducir el riesgo de colapso que tenemos en este sitio.", señaló el funcionario.Según indicó Peñuela, actualmente se desarrollan mesas técnicas para avanzar en los aspectos necesarios que permitan ejecutar la intervención y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la demolición.
La Selección Colombia tendrá que modificar su nómina para los compromisos amistosos de noviembre de 2026. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, confirmó la salida de Jaminton Campaz debido a una lesión y anunció la convocatoria de Óscar Cortés para ocupar su lugar.La decisión se conoció luego de que Rosario Central, equipo al que pertenecía Campaz, notificara al cuerpo técnico sobre la situación física del futbolista. Ante esta novedad, el seleccionador decidió incorporar al atacante que actualmente juega en Huracán, del fútbol argentino.El cambio representa un ajuste en los planes de Lorenzo para la próxima fecha FIFA, en la que el combinado nacional se medirá con Chile en Cali y posteriomente en Santiago. La modificación también obliga al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas disponibles para estos encuentros.¿Por qué Jaminton Campaz salió de la convocatoria de Colombia?La baja del atacante se produjo por una lesión que le impide sumarce a la concentración de la Tricolor. La información sobre su estado físico fue comunicada por Rosario Central, situación que llevó a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico a gestionar su reemplazo.Campaz era uno de los nombres incluidos inicialmente en la lista de convocados por Lorenzo. Su ausencia representa una baja para el grupo que se prepara para los amistosos de noviembre, en una etapa en la que el entrenador busca consolidar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas de cara a las eliminartorias que arrancarían en septiembre del próximo año.¿Quién reemplazará a Jaminton Campaz en la Selección Colombia?El elegido para ocupar el lugar de Campaz es Óscar Cortés, delantero que milita en Huracán, de Argentina. Su convocatoria busca mirar las opciones disponibles en el frente de ataque de la Selección Colombia de cara a los compromisos internacionales.La doble jornada de amistosos de noviembre de 2026 tendrá dos compromisos frente a Chile: el primero se disputará en Cali y el segundo en Santiago. Estos encuentros representan una oportunidad para que Néstor Lorenzo pruebe variantes tácticas, evalúe nuevos jugadores y continúe ajustando el funcionamiento del equipo nacional de cara a sus próximos retos oficiales.Con este movimiento, la Selección ajusta su lista de convocados y continúa con la preparación para cerrar el año futbolístico con resultados positivos.
Una serie de documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, revelarían presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con posibles operaciones de espionaje a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales y millonarias contrataciones de equipos que habrían presentado fallas o no pudieron utilizarse.Los hallazgos hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento contiene fotografías, reportes internos y señalamientos basados en información suministrada por funcionarios de la propia agencia.Uno de los asuntos más delicados tiene que ver con la presunta intención de instalar micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República.Según el informe, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El documento advierte que esta modificación podría haber buscado facilitar labores de inteligencia sobre las personas protegidas.Al respecto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó que la entidad participara en estas funciones, pues, según explicó, estarían por fuera de sus competencias y de su campo de acción.Otros hallazgos sobre presuntas irregularidades en la DNIEl informe también menciona una supuesta estrategia para mantener personal cercano al gobierno Petro dentro de la entidad. De acuerdo con el documento, algunos funcionarios habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.Otro de los señalamientos apunta a la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Según la fuente citada en el informe, el inmueble habría funcionado como una sede operativa no registrada oficialmente y fue desocupado después de las elecciones presidenciales. Además, se habría eliminado cualquier registro de su existencia en los archivos de la DNI.A esto se suma una alerta sobre posibles equipos tecnológicos entregados por Rusia a funcionarios de inteligencia colombianos. El documento señala que computadores y celulares habrían sido suministrados durante un viaje de agentes a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que los dispositivos podrían contener programas maliciosos para espiar los sistemas de la entidad y al siguiente gobierno.Un dron de $9.000 millones que habría presentado fallasEntre los hallazgos relacionados con contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones. Según las especificaciones del contrato, el equipo estaba destinado a recolectar información mediante imágenes y videos para labores de inteligencia y contrainteligencia.El aparato tendría un alcance máximo de 600 kilómetros, autonomía de vuelo de hasta seis horas, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos.Sin embargo, el informe señala que el equipo habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas críticos: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, un vuelo de prueba tuvo que cancelarse por razones de seguridad.La adquisición también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. A esto se suma que el 15 de marzo de 2026 el helicóptero sufrió un siniestro y, según los documentos conocidos, estaba asegurado únicamente por $900 millones, equivalentes al 10 % de su valor.Compras de equipos y vehículos bajo revisiónOtro informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, detalla diferentes aspectos de la contratación de la entidad.Entre ellos aparece la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones para la Casa de Nariño. La adquisición de tres de estos sistemas representó un gasto de $8.340 millones.El documento también señala que se está verificando la información entregada por un funcionario sobre la posible capacidad de estos vehículos para interceptar comunicaciones.Adicionalmente, la entidad se habría quedado sin una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, debido a que no se renovó el contrato con el proveedor. Esta situación, según el informe, estaría afectando el desarrollo y la supervisión de las operaciones.Las observaciones sobre contratación también incluyen un sistema de identificación biométrica, dactilar, facial y de iris adquirido en 2022 por $580 millones, que no pudo implementarse por incompatibilidad con los equipos de la entidad.Asimismo, se reportaron problemas de calidad en 595 computadores comprados en 2024 por $1.314 millones. En otro contrato de enero de 2026, por $1.549 millones, aparecen compras de atriles por $14 millones cada uno y camas por $18 millones, destinadas a las nuevas oficinas de la DNI en Funza, cuya construcción presentaba un retraso del 12 %.Hacker de la DNI señalado de un posible ataque contra la RegistraduríaUno de los capítulos más delicados de la investigación está relacionado con Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y que, según documentos internos de la entidad, habría tenido participación en actividades informáticas y de contrainteligencia.El informe señala que Oyola habría liderado una red encargada de realizar acciones para alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. Según el documento, el ingeniero se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde presuntamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.Un elemento que llama la atención es que, para ese momento, Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026. Además, los documentos indican que habría logrado escapar de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento utilizado como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. En el inmueble quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.Los antecedentes del funcionario también fueron incluidos en la investigación. Según la información conocida, Oyola enfrentaba un proceso por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas informáticos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), así como por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.La investigación señala que habría falsificado calificaciones para obtener títulos académicos. Además, documentos de la DNI lo relacionaban con la coordinación de activistas digitales, bodegueros y hackers.Otro señalamiento tiene que ver con su participación en el desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma destinada al registro de las operaciones de la entidad. Según el informe, Oyola no habría entregado el sistema y presuntamente habría sido víctima del robo del computador en el que trabajaba. Sobre este hecho, el documento advierte que no existiría una denuncia ante la Fiscalía.Finalmente, Noticias Caracol informó que Carlos Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.La investigación también señala que el medio consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente. Asimismo, buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.
