La Alcaldía de Itagüí ordenó la demolición de varias viviendas en el barrio El Porvenir n.° 2, luego de que estudios técnicos concluyeran que las estructuras representan un riesgo inminente de colapso y no pueden ser habitadas de manera segura.La decisión se adoptó tras evidenciar graves fallas estructurales en los inmuebles, construidos sobre un llenado antrópico que cedió. Según los informes, esta situación provocó grietas de gran tamaño en pisos y muros, desplazamientos del terreno, pérdida de soporte estructural e inestabilidad del suelo en una zona de ladera, condiciones que fueron catalogadas como de alto riesgo no mitigable.Ante este panorama, las autoridades declararon las edificaciones en estado de ruina, lo que implica que no existe intervención técnica que garantice su estabilidad. Por ello, además de la demolición, ordenaron la evacuación definitiva de las familias que residían en los inmuebles, como medida preventiva para evitar una tragedia.La administración municipal informó que adelanta un proceso de atención a los hogares afectados, que incluye la caracterización de las familias, la entrega de subsidios de arrendamiento temporal y acompañamiento social permanente.De igual manera, continúa el seguimiento técnico en la zona para prevenir nuevas emergencias en vista de la temporada de lluvias que atraviesa en particular la zona sur del Valle de Aburrá.
Las edificaciones ilegales en el Valle de Aburrá están bajo la lupa de las autoridades. Luego de que se conocieran las denuncias hechas sobre construcciones ilegales hechas en un cerro tutelar de la ciudad, en el corregimiento de Altavista, una situación similar se presentó en el corregimiento de Santa Elena.Un informe realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, determinaron que el predio donde se levantó el glamping es una zona donde no se puede otorgar licencia de construcción, por la posible presencia de restos, vestigios, piezas y estructuras antiguas que representan un patrimonio cultural.Bajo esta premisa y en cumplimiento de la emisión en segunda instancia de una orden policial, los propietarios del glamping realizaron el desmonte de la construcción. El glamping estaba construido en el sector conocido como La Cervecería, en el corregimiento de Santa Elena. Al respecto, se refirió el corregidor Gustavo Adolfo Restrepo. "Las personas siguieron construyendo e incumpliendo la orden de policía expedida por el corregidor. Para eso, los citamos a audiencia, y se ordenó la demolición completa de la de la vivienda y una multa por doscientos salarios."Por su parte, el secretario de Gestión y Control Territorial de la ciudad, Juan Manuel Velásquez, indicó que este tipo de procesos en contra de las construcciones ilegales se viene agudizando en el corregimiento desde hace 2 años, y solo durante 2024 y 2025 se ordenaron 290 informes para la demolición de estas edificaciones."Nuestro objetivo es prevenir afectaciones en suelos donde la norma es clara y no permite construir. Solo este año en el corregimiento ya se han ordenado once remociones, lo que demuestra que el control urbanístico está activo y enfocado en proteger áreas estratégicas como el Cerro Pan de Azúcar y el sector de Piedras Blancas."Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier intervención urbanística en estos suelos está restringida, ya que la finalidad es preservar los valores culturales y ambientales de la zona. La presión que ejercen en los suelos las construcciones irregulares puede generar impactos irreversibles.
En Colombia, tener casa propia no significa poder construir sin límites. La ley urbana es clara y, aunque muchos propietarios lo desconocen, una decisión mal tomada puede terminar en sanciones severas, incluida la demolición de parte de la vivienda. El error más común está justo al frente de la casa: el antejardín.La normativa urbanística busca ordenar las ciudades, proteger el espacio público y garantizar un desarrollo equilibrado. Por eso, conocer qué se puede y qué no se puede hacer en un predio es clave para evitar dolores de cabeza legales y económicos.Ley urbana y función social de la propiedad: lo que debe saberEl ordenamiento territorial en Colombia se rige principalmente por la Ley 388 de 1997, conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Esta norma establece que el uso del suelo debe cumplir una función social, ambiental y urbana, y se articula a través de herramientas como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).Entre sus objetivos están:Garantizar el acceso a vivienda y servicios públicos.Proteger el espacio público y el medio ambiente.Prevenir riesgos y desastres asociados a construcciones inadecuadas.Esto significa que, aunque un predio sea privado, su uso no puede afectar el interés general ni el diseño urbano de la ciudad.Por qué la ley prohíbe construir en el antejardínUno de los puntos más vigilados por las autoridades es el antejardín, definido como el área libre entre la línea de demarcación y la fachada de la vivienda. Aunque hace parte de la propiedad privada, el Decreto Nacional 1077 de 2015 lo considera un elemento del espacio público por su función ambiental, paisajística y vial.Según expertos en urbanismo, en estos espacios no se pueden levantar construcciones permanentes. La razón es sencilla: el antejardín aporta ventilación, iluminación, seguridad vial y continuidad al perfil de la calle.Construir sin autorización en esta zona se considera una infracción urbanística, incluso si la obra lleva años en pie.Demolición y sanciones: cuándo puede intervenir la AlcaldíaLas alcaldías locales y entidades como la Defensoría del Espacio Público pueden ordenar el retiro o demolición de construcciones ilegales en antejardines. Esto aplica sin importar la antigüedad de la obra.En algunos casos, el uso del antejardín puede autorizarse, especialmente en zonas comerciales. Sin embargo, se requiere:Permiso de la autoridad local competente.Licencia de construcción vigente.Cumplimiento estricto de la norma urbana.La recomendación es clara: antes de cerrar, techar o ampliar hacia el frente de la casa, es fundamental consultar el POT y solicitar los permisos necesarios. Ignorar la ley puede salir muy caro y terminar con la demolición de la obra.
La demolición de los primeros edificios del conjunto residencial Privilegios arrancó esta semana en el norte de Barranquilla, pero para poder llevarla a buen término se requería un acuerdo entre los propietarios de estos apartamentos y el Distrito, quienes finalmente lograron avanzar en la negociación durante una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas en la sede de la Procuraduría en la capital del Atlántico.El abogado Roberto Tapia, quien defiende los intereses de estos propietarios, sostuvo que después de discutir varios aspectos, finalmente el Distrito de Barranquilla se comprometió a pagar por los 51 apartamentos que integran los bloques tres, cuatro y cinco, de modo que sus dueños reciban una compensación económica tras perder sus viviendas.Sin embargo, dicha compra aún depende de un proceso adicional, explicó el abogado Tapia.“Depende de que el Distrito de Barranquilla termine unos avalúos que mandó hacer en los apartamentos de la zona, para así seguir con el compromiso de tener sus resultados la semana que viene”, dijo inicialmente.“Estos avalúos del Distrito de Barranquilla se confrontarán con unos que mandé a hacer con una firma profesional para determinar si hay coincidencias en los valores o qué tanto es la diferencia. Creo que llegaremos a un acuerdo sobre el valor”, agregó.Sobre Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. Sin embargo, con el tiempo este conjunto residencial volvió a ser habitado hasta que hace nueve meses, en noviembre de 2024, uno de los edificios colapsó y sepultó bajo los escombros a una mujer y a cuatro niños: ella murió y los menores quedaron heridos.El día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas, alegando que no tenían otra solución de vivienda. Ahora, tal como se había estipulado hace años y de paso para evitar que algunas personas insistan en vivir ahí, se dio inicio a la demolición de las tres primeras torres.La demolición total está prevista realizarse en dos meses y tendría una inversión superior a los 1.400 millones de pesos, según los términos del contrato que adelantó el Distrito de Barranquilla.
El corregimiento de Santa Elena, ubicado en el oriente de Medellín, sigue reportando problemáticas por las construcciones ilegales que se realizan en esta zona, en la cual, según la administración local, se han realizado 98 informes técnicos por construcciones que no cumplen con la documentación correspondiente. Además, se han llevado a cabo 173 remociones de bienes, recuperando 5.000 metros cuadrados de espacio público.El Distrito y la Personería se articularon para atender esta problemática que aqueja al corregimiento, en el que alrededor de 200 personas, entre líderes, ediles y ciudadanía en general, recibieron orientación sobre los procesos de control urbanístico, infracciones, trámites catastrales y acceso a servicios públicos. "Escuchamos todas las inquietudes de los ciudadanos con referencia a algunos temas que los tienen con inconvenientes en el territorio, los temas más importantes. Primero el tema de las construcciones, el tema del acueducto y algunos temas de alcantarillado, y por último, temas de catástrofe", mencionó el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa.Vale la pena recalcar que en Medellín, en lo que va corrido del año, se han realizado al menos 6 mega operativos para el control y recuperación del Espacio Público.
El corregimiento de Santa Elena, en Medellín, la tierra de nuestros silleteros, sigue siendo escenario de una gran tensión derivada de los operativos que están adelantando las autoridades para demoler las viviendas que habrían sido construidas de forma ilegal en el territorio. Desde la noche de este domingo, varios de sus habitantes permanecen concentrados en la vereda Barro Blanco, sector de El Rosario, para impedir que la maquinaria amarilla ingrese a las viviendas que están en lista de demolición, como es el caso de la de Carlos Inti Zegarra, la cual fue construida hace dos años, según la Alcaldía, sin licencia y sobre un terreno cuyo suelo es de uso agroforestal, por lo que tras surtir el proceso judicial será derribada. "Faltan algunos requisitos para obtener la licencia de construcción, sin embargo la casa cumple los requisitos ambientales: tiene permiso de vertimientos de Corantioquia, tiene conexión al acueducto veredal y pagan servicios públicos a EPM, sin embargo, la curaduría archivó el proceso. Hemos buscado muchos mecanismos para hablar con el Gobierno pero no hemos encontrado una forma de detener el procedimiento. No dejaremos derribar la casa", aseguró Ana María Moreno es líder del movimiento Vivienda Digna.No obstante, la corregidora de Santa Elena, Eliana Gómez, quien entre otras cosas ha recibido varias amenazas tras el inicio de estos operativos, por lo que ya interpuso una denuncia formal en Fiscalía, le dijo a Blu Radio que el operativo se mantiene en cumplimiento de la ley 1801 de 2016."En la actualidad el despacho de la corregiduría de Santa Elena se encuentra adelantando 476 procesos por este tipo de comportamientos. No significa que en todos los procesos se vaya a decretar una medida adversa al ciudadano, toda vez que si es dable su reconocimiento podrá ir a cualquiera de las curadurías para que allí se verifique si su proceso constructivo es o no licenciable. En caso de que no lo sea, de acuerdo lo que nos indica la normatividad vigente, debemos proceder con la imposición de las medidas correctivas", le dijo a Blu Radio Gómez.A la fecha, nueve viviendas han sido demolidas por las autoridades en el corregimiento de Santa Elena.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) anunció que ya fueron retirados los 14.983 metros cúbicos de material producto de la implosión del edificio Continental Towers que se llevó a cabo el pasado 8 de diciembre.Tal y como fue el compromiso previo a la demolición controlada de la estructura que presentaba graves fallas estructurales, ahora el terreno será entregado a los copropietarios de Continental Towers, luego de que funcionarios del DAGRD llevaran a cabo labores de estabilización de losas, repiqueo y extracción de los escombros.También desde la administración distrital aseguraron que avanzan en las herramientas jurídicas que les permitan recuperar los costos del procedimiento y que como ha manifestado en varias oportunidades el alcalde Daniel Quintero deberían ser asumidos por la constructora CDO o en su defecto los propietarios. "Los daños estructurales, patológicos en una estructura y el seguimiento que nosotros desde el DAGRD hacemos es muy importante para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, pero este tipo de cosas no pueden seguir pasando en el Distrito de Medellín”, manifestó Walter Pérez, subdirector de conocimiento del DAGRD.Desde la entidad, también destacaron el éxito de lo que ha sido este proceso, en el cual se logró garantizar la integridad de habitantes y estructuras aledañas a Continental Towers, en la que se levantaron un total de 684 actas de vecindad que ya finalizaron y dejaron como resultado solo algunos vidrios rotos en el conjunto vecino Interclub, que ya fueron reparados.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En el corregimiento de Aguas Vivas, jurisdicción del municipio de Piojó, hace dos meses fue demolida la vieja estructura del único puesto de salud que tenía la población, luego de que sus instalaciones agrietadas representaran un riesgo, sin embargo, el procedimiento se dio sin que antes fuese construido una nueva estructura.Desde entonces la comunidad tuvo que destinar un billar para la atención de los enfermos. Dada esta situación, el consultorio del médico está junto a un enfriador y un letrero que no dice atención médica, sino que se venden cervezas.¿Qué dicen los habitantes de Piojó?Rocío Rivaldo, una habitante del municipio, contó el drama que viven.“Es un sitio que no presta las condiciones optimas para el servicio, ya que es de difícil acceso para el adulto mayor. También está en mal estado, vemos debilitadas las paredes y la mesa de billas se utilizada como escritorio y poner los utensilios de salud como el tensiómetro”, contó Rocio Rivaldo, habitante del corregimiento.Lo que más tiene molestos a la comunidad es que en el predio en el que fue demolida la antigua estructura del puesto de salud se construirá un proyecto de parques y una inspección de Policía. Sin embargo, Alfredo Soñett, secretario de planeación de Piojó, informó que tienen dos propuestas para construir un centro de salud en el corregimiento y que buscan definir si se levantará con recursos del municipio o del departamento.Escuche más noticias aquí:
Después de haber iniciado hace algunos días la demolición del Monumento a los Héroes en Bogotá, este martes 28 de septiembre se tumbó más del 90% de la estructura para dar paso a las obras de la primera línea del metro, el cual llegará a ese punto desde la localidad de Bosa.Sin embargo, la Empresa Metro de Bogotá, para conservar su historia en la calle 72, justo al lado de lo que será la última estación del metro, anunció que se construirá una galería de arte, en la cual se ubicarán algunos de los elementos representativos que han convertido este espacio en símbolo de los movimientos sociales en diferentes momentos de la historia del país.De acuerdo con los diseñadores del proyecto, la nueva galería se concibió como una escultura habitable que permitirá que los visitantes interactúen con ella y estará en una plazoleta que aportará un nuevo espacio de reunión y convivencia a la ciudadanía.Según el Distrito, el nuevo equipamiento estará conformado por dos elementos: un salón de exposiciones que será soterrado y se conectará a nivel del sótano con la estación 16 de la primera línea del metro, y un espacio superior, enmarcado por tres grandes muros, donde se verán representados los diferentes conceptos de heroísmo que van más allá de las batallas por la independencia.Escuche las Noticias del Día en Spotify:
Empezaron las labores de demolición del Monumento a los Héroes, ubicado en el norte de Bogotá, el cual será trasladado para poder llevar a cabo la construcción de una de las líneas del Metro. Situación por la que el Ministerio de Defensa hizo una petición a la Alcaldía de la capital, solicitando que el proceso permita la reubicación del monumento en su integridad.De toda la estructura que durante más de 50 años ha permanecido en este punto de la ciudad, únicamente se conservará la estatua del libertador Simón Bolívar, el cual fue declarado como patrimonio cultural.Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, expresó en Mañanas BLU que fue enviada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una carta en la que se expresa la total disposición para colaborar con este proceso de este traslado, pero solicitando que este sea reubicado en su totalidad.De igual forma, el ministro puso a disposición todo el apoyo de su entidad como de las Fuerzas Militares, para que esta sea reubicada, respetando su infraestructura original. Aún se desconoce el lugar en el que se instalará el monumento, pero el ministro expresó de igual manera, la opción que ofrecen para que sea incluso en alguna institución militar.Para terminar, el ministro de Defensa compartió que en una conversación con la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo, ambos mostraron interés porque en el traslado del monumento, se respete su integridad.Escuche las declaraciones del ministro de Defensa en Mañanas BLU:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 10 de agosto de 2026:James Mosquera, representante a la Cámara por Chocó, se refirió a las afectaciones que dejó el terremoto en su región.Ronald Bonilla, gobernador encargado de Caldas, habló de los reportes actualizados y los balances en los daños estructurales, heridos y fallecidos en Manizales y el departamento.El profesor de la Unal, Jhon Jairo Blandón, explicó qué deben tener en cuenta las personas al momento de tomar la decisión sobre volver a sus casas tras el terremotoAmadeo Benavent, profesor de ingenieria sísmica, de la Universidad Politécnica de Madrid, charló sobre las infraestructuras en Colombia están preparadas para enfrentar este tipo de desastres naturales.El presidente Abelardo De La Espriella declara desde el Comité de Gestión de Riesgo la situación de desastre nacional luego del terremoto de 7.4 y que deja hasta el momento más de 70 personas fallecidas.Francisco Moreno, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, fue consultado por cómo se debe actuar en momentos de emergencia y evitar complicaciones.El padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, habló sobre cómo la ciudadanía puede ayudar para gestionar el desastre, qué necesitan y cómo donar.Escuche el programa completo acá:
Si bien en Barranquilla no se presentaron afectaciones por el fuerte sismo de este lunes, algunos residentes de edificios reportaron haberlo percibido levemente, por lo que como medida preventiva, algunas de estas edificaciones debieron ser evacuadas siguiendo el protocolo que se ejecuta durante este tipo de eventos, mientras se verifican las condiciones de seguridad.Entre ellas se encuentran la sede de la Alcaldía de Barranquilla, en el Paseo Bolívar; la Torre Manzur, donde funciona la Fiscalía; el edificio de Salud Total, ubicado en la calle 84 con carrera 47, y la sede de la Gobernación del Atlántico, entre otras.A propósito, como medida preventiva ante cualquier emergencia, no habrá atención al ciudadano por el día lunes 10 de agosto en el edificio de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, ubicado en el Paseo Bolívar; local contiguo, antigua Alcaldía; oficinas de la Secretaría de Educación, ubicadas en el centro comercial Los Ángeles; sede de la Secretaría de Tránsito, y alcaldías locales, espacios que se encuentran en revisión técnica preventiva por parte de un equipo especializado.El alcalde Alejandro Char también ha dispuesto la instalación de un Puesto de Mando Unificado, PMU, desde donde se coordinarán acciones de prevención en la ciudad y articulación para ayudar a las regiones afectadas.A su vez, tal como ocurrió durante la emergencia en Venezuela, se habilitó el centro de acopio de la carrera 43 # 6-120, en el corazón del mercado de Barranquillita, para recibir donaciones las 24 horas del día y llevar estas ayudas humanitarias a los afectados en otras regiones del país.Allí se recibirán alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, artículos de bebé, ropa en buen estado y colchonetas.La operación del centro de acopio cuenta con el acompañamiento permanente de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, desde donde se coordina la recepción, clasificación y organización de las ayudas que posteriormente serán entregadas a la población afectada.
La aplicación DiDi activó medidas especiales para facilitar la movilidad y las entregas en varias ciudades afectadas por el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia. La compañía anunció cambios en sus servicios para atender las necesidades que puedan surgir durante la emergencia.La plataforma informó que puso sus capacidades tecnológicas a disposición de las comunidades y que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones de movilidad y seguridad para ajustar sus medidas conforme avance la situación.¿En qué ciudades DiDi aplicará medidas por el terremoto?Una de las primeras decisiones fue suspender la comisión de intermediación para los usuarios arrendadores en cinco ciudades consideradas entre las más impactadas: Cali, Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia.La empresa también anunció límites al multiplicador dinámico en Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Manizales, Popayán y Armenia. La medida busca evitar incrementos descontrolados en los precios ante una posible reducción de la oferta de transporte público.En el caso de DiDi Food, también se limitó el multiplicador dinámico para contribuir a mantener opciones de entrega asequibles durante la contingencia.¿Cómo funcionarán los viajes gratuitos hacia centros de acopio?DiDi anunció que ofrecerá solicitudes de arrendamiento gratuitas hacia y desde los centros de acopio que sean establecidos por las autoridades y organizaciones de apoyo.La medida comenzará una vez estos puntos sean definidos, por lo que los usuarios deberán estar atentos a la información que entregue la plataforma.Además, la compañía señaló que mantendrá comunicación con usuarios arrendadores y repartidores para compartir actualizaciones relacionadas con seguridad y movilidad.La empresa también recordó que las solicitudes de arrendamiento intermediadas mediante su aplicación cuentan con una póliza de seguro que cubre tanto a usuarios arrendadores como arrendatarios.¿Qué recomienda DiDi durante la emergencia?La compañía indicó que continuará revisando en tiempo real el comportamiento de la aplicación y las condiciones de las ciudades afectadas. La prioridad, señaló, será mantener la seguridad mientras se adaptan las medidas a la evolución de la emergencia.Por eso, recomendó:Atender las indicaciones de las autoridades.Evitar desplazamientos que no sean indispensables.Utilizar la aplicación únicamente cuando las condiciones sean seguras.Con estas medidas, DiDi busca mantener disponibles sus servicios de movilidad y entrega mientras las comunidades afectadas enfrentan las consecuencias del terremoto.
Los congresistas santandereanos expresaron su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto que sacudió al occidente del país y plantearon acciones para apoyar a los damnificados y atender los daños ocasionados por el movimiento telúrico.El senador santandereano Gustavo Moreno solicitó al Gobierno Nacional decretar la emergencia económica, con el propósito de disponer de recursos y agilizar la atención de las comunidades afectadas. El congresista hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas frente a la emergencia.“No importa la ideología”, señaló Moreno, al considerar que en este momento la prioridad debe ser atender a las personas que resultaron afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto.Por su parte, el representante a la Cámara por Santander, Miguel Ángel Pinto, informó que radicó una proposición para que los congresistas donen un día de salario y que estos recursos sean destinados a apoyar a las personas damnificadas por el sismo en diferentes regiones del país.Las iniciativas se suman a los llamados de solidaridad y a las acciones que se adelantan para establecer la magnitud de las afectaciones. Las autoridades mantienen la evaluación de daños y la atención a las comunidades que requieren asistencia.El terremoto generó afectaciones en distintos sectores del occidente colombiano, dejando daños materiales y familias que requieren apoyo. Ante la emergencia, distintos sectores han pedido fortalecer la respuesta institucional y garantizar recursos para la atención y recuperación de las zonas afectadas.
La transición en la administración de varios corredores viales del Oriente antioqueño que quedan en manos del Instituto Nacional de Vías, sigue generando preocupación entre autoridades locales por la respuesta ante emergencias, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de las intervenciones pendientes en una de las redes viales más transitadas del departamento y el país.La inquietud se concentra especialmente en la autopista Medellín-Bogotá, eje estratégico para la movilidad de pasajeros y carga. Ante este panorama, el municipio de Guarne decidió anticiparse a posibles dificultades y anunció la activación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y el Comité de Seguridad Vial con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta en los tramos de jurisdicción nacional que atraviesan su territorio, incluyendo el que conecta al aeropuerto José María Córdova.El alcalde Mauricio Grisales informó que Guarne ya cuenta con un protocolo para atender incidentes de tránsito, el cual incluye la disponibilidad de ambulancias, personal de emergencias y la capacidad instalada de los centros asistenciales de la localidad para recibir a las personas que puedan resultar lesionadas en diversas situaciones sobre las vías."En el momento no se ha definido, digamos, algo concreto con respecto a este tema, pero, entonces, desde el municipio para poder actuar, para brindar ese apoyo en todo lo que tiene que ver nuestra jurisdicción con la autopista Medellín-Bogotá y la vía al aeropuerto", indicó. El mandatario reiteró la solicitud al Gobierno nacional para acelerar los trámites que permitan ejecutar las obras de movilidad priorizadas por administraciones locales y que requieren aprobación de la Agencia Nacional de Infraestructura.Los proyectos serán financiados con cerca de 121.000 millones de pesos correspondientes a los excedentes generados por el recaudo de peajes durante más de dos décadas de operación de Devimed, pero están a la espera de autorizaciones finales por parte de dicha entidad.
