El gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, fue enviado a prisión domiciliaria luego de ser investigado por presuntas irregularidades en un contrato celebrado durante la pandemia.
La decisión la tomó un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá durante un proceso que tardó varios días.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos porque, al parecer, el mandatario local decretó la calamidad pública por el COVID– 19, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y celebró de manera directa un contrato de servicios publicitarios con la empresa ‘Noel Foto S.A.S’ a pesar de que su oferta superaba la de otros proponentes.
“El material probatorio da cuenta de que el gobernador desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins Sjogreen”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.
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“De igual manera, se conoció que el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el COVID-19, pero el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población”, añadió Barbosa.
El contrato con Noel Fotos SAS ascendió a 500 millones de pesos y, de acuerdo con las verificaciones hechas por los fiscales, superó en valor las ofertas presentadas por otras empresas.
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Sin embargo, dice la Fiscalía, fue desembolsada a través de órdenes de pago sin una debida supervisión y otros mecanismos informales que incidieron en un detrimento patrimonial.
“Para la Fiscalía, el gobernador de San Andrés vulneró principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, por lo que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”, puntualiza el comunicado.
Una vez cumplidos los procedimientos de ley por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente de la República deberá suspender a Hawkins del cargo.
Por otro lado, dijo la Fiscalía que la estrategia de lucha contra la corrupción definida por el Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, ha permitido capturar a 69 personas y realizar 166 imputaciones en 26 departamentos, por delitos contra el patrimonio y la administración pública.
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Entre los procesados hay 4 gobernadores, 6 exgobernadores, 22 alcaldes y exalcaldes, un magistrado, 10 jueces y fiscales, entre otros. Resultados obtenidos entre el 13 de febrero y el 16 de septiembre del presente año.
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