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Investigan muerte de detenido en Batallón de Barranquilla; necropsia arrojó que fue violenta

Aunque en principio trascendió que el deceso de Silva Rivera se había producido por causas naturales tras un desmayo repentino, la necropsia arrojó un resultado diferente.

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Batallón Paraíso en Barranquilla
Google Maps.

La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación por la muerte de un detenido en el Batallón de Policía Militar ubicado en el barrio Paraíso de Barranquilla , ocurrida el 15 de diciembre de 2020, ya que obedeció a causas violentas y no naturales.

El detenido, Jairo de Jesús Silva Rivera, de 65 años, había caído en poder de las autoridades el 4 de diciembre en una operación contra una red de contrabando que alteraba sistemas de la Dian.

Aunque en principio trascendió que el deceso de Silva Rivera se había producido por causas naturales tras un desmayo repentino, la necropsia arrojó un resultado diferente.

"Una vez recibido el informe de necropsia emitido por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se logró establecer que la causa de su muerte fue violenta. Por lo anterior, se designó a un equipo de expertos conformado por fiscales, grupo forense, de criminalística y de investigadores que fortalecerán la línea investigativa para, de esta manera, esclarecer lo ocurrido", precisó la Fiscalía en un comunicado.

En su momento, la Primera División del Ejército emitió este comunicado sobre el caso:

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El sujeto se encontraba en las instalaciones militares por disposición del fiscal cuarto especializado de Bogotá y el Juzgado 33 Municipal de control de garantías de Bogotá, con custodia directa del CTI, con el fin de realizar las audiencias virtuales y concentradas, garantizando así los protocolos de bioseguridad del personal detenido, y a la espera de ser asignado el cupo en un centro de reclusión”.

Entre los capturados con Silva había directivos, accionistas, administradores o tramitadores de sociedades importadoras, y representantes legales de agencias de aduanas, quienes presuntamente crearon un conglomerado de empresas en diferentes ciudades para realizar importaciones que habrían evadido los controles y filtros de las autoridades por 574 millones de dólares.

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