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El nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, elegido ayer por la Corte Suprema de Justicia con 17 votos, tiene varios retos que cumplir. El primero de ellos es hacer de la Fiscalía General una entidad eficaz en la lucha contra las organizaciones criminales y eficiente en la reducción de los índices de impunidad que presenta hoy el país.
Debe, además, mostrar resultados como gerente de una “empresa” con una nómina de 25 mil empleados y con un presupuesto superior a los 2.5 billones de pesos. La Fiscalía General es hoy por hoy una de las instituciones de mayor crecimiento dentro del Estado. Se trata de una entidad poderosa, no solo por su frondosa nómina, sino por los multimillonarios recursos que maneja.
El proceso de paz es también un enorme reto para el nuevo Fiscal General. Los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc deben tener una materialización en lo que tiene que ver con la reintegración a la sociedad de quienes empuñaron las armas para derrocar al Estado y también para sancionar a quienes desde el Estado los enfrentaron sin apego a la legalidad. Las nuevas herramientas legales otorgadas por el Congreso de la República deberán ser utilizadas debidamente por quien esté al frente del máximo organismo investigador del país.
La amplia experiencia de Néstor Humberto Martínez como funcionario público y como jurista litigante, así como su talante conciliador, permite suponer que llegará a la Fiscalía General a encauzar una entidad polarizada y politizada por cuenta de su antecesor, Eduardo Montealegre, quien la entrega con unos históricos niveles de descrédito. Martínez deberá poner la casa en orden.
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Los retos del nuevo Fiscal General no dan espera. Son varios los frentes en los que Néstor Humberto Martínez deberá mostrar resultados con prontitud. La Corte Suprema de Justicia puso en sus manos la enorme responsabilidad de liderar la lucha contra las organizaciones criminales, reducir la impunidad y gerenciar con eficiencia los recursos de una de las entidades más grandes del país. Al final de su gestión se sabrá si estuvo a la altura o no de la misión encomendada por el alto tribunal.
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