Atentados contra su vida o la de sus familiares, insultos, frases intimidatorias y hasta ultimátums para que abandone su residencia; hacen parte de las amenazas que recientemente recibió a través de mensajes de texto Jhon Turizo, actual candidato a la alcaldía de Sincelejo.
La denuncia fue dada a conocer de manera pública a través de su cuenta de X, en la que confirmó que, hasta seguimientos en motocicleta le han hecho a su lugar de residencia, y en los diferentes desplazamientos que realiza en cumplimiento de su agenda política, por lo que ha visto obligado a limitar su participación en eventos públicos por miedo a que un atentado a bala acabe con su vida.
Cuenta el aspirante por la coalición ‘Pacto por Sincelejo’ que las denuncias en materia de corrupción que ha venido realizando en los últimos tres años podrían ser las causantes de que hasta grupos al margen de la ley, que aún no han sido identificados, quieran eliminarlo del escenario político.
Incluso, señala que años atrás recibió una corona fúnebre en su propia vivienda, la cual fue dejada en la puerta de la misma como parte de las amenazas por denunciar el mal manejo de los recursos públicos para la compra de kits alimentarios durante la pandemia del Covid-19.
"Durante mi campaña política han sucedido muchos hechos muy sospechosos. Podría mencionar seguimientos en motocicleta hacia donde me dirijo, amenazas, intimidaciones y advertencias que me hacen por llamada telefónica, mensajes de texto. Incluso, me han hecho salir de Sincelejo porque no es la primera vez que recibo amenazas contra mi vida por denuncias hechos de corrupción", explicó Turizo.
Pese a que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le ha hecho tres estudios de riesgo y todos han marcado un grado “extremo”, por el momento solo cuenta con un guardaespaldas que lo acompaña a pie, sin herramientas como chalecos o un vehículo blindado, que puedan repeler cualquier ataque a bala que intenten cometerle, en cumplimiento a las amenazas que ha recibido.
En este sentido, Turizo elevó un llamado al presidente Gustavo Petro; al fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y a diferentes entes gubernamentales para que puedan garantizarle su ejercicio democrático, pues las amenazas estarían violando su derecho a elegir y hasta ser elegido.
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