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El Gobierno nacional va a tener que entender que la política antidrogas se debe construir desde las bases y no desde los escritorios de Bogotá, aseguran cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana, tras advertir que se equivocan las autoridades al seguir estigmatizándolos diciendo que ellos son obligados por grupos armados ilegales y que son narcotraficantes.
Más de cinco mil campesinos que viven de los cultivos ilícitos de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, reunidos en el municipio de Leiva en la primera cumbre de cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana, aseguraron que si el Gobierno nacional quiere una paz total, debe buscar los mecanismos jurídicos que permitan que el Estado colombiano titule los predios donde ellos hoy siguen devengando su sustento a través de los cultivos ilícitos.
Los labriegos calificaron como un “fracaso” la lucha contra las drogas y por eso proponen buscar trabajar de la mano con el Gobierno y los propios cultivadores en otras alternativas que permitan una verdadera disminución para frenar la expansión de los sembrados de hoja de coca especialmente.
Exigieron pronta atención porque, dicen, nadie conoce sus necesidades. Agregan que si el Gobierno no los tiene en cuenta, ellos simplemente seguirán en sus territorios cultivando lo ilícito, aunque reconocen que si están causando un daño a la naturaleza.
"Para sustituir voluntariamente los cultivos de amapola, coca y marihuana es necesario que el Estado colombiano garantice una actividad que mejore la calidad de vida de quienes por décadas hemos vivido de raspar y cosechar la hoja de coca", dijo John Gil, uno de los líderes de la Coccam, gremio que une a más de 10.000 campesinos del sur occidente de Colombia.
A su manera, los campesinos afirman que se está abriendo la puerta a un diálogo directa con el Gobierno nacional, pero no para escuchar más promesas y engaños porque aseguran estar seguros de que, durante décadas, ningún programa del Estado ha tenido éxito para que miles de familias campesinas dejen la hoja de coca, marihuana y amapola y regresen a la legalidad.
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"La falta de oportunidades ha obligado a estas familias a la siembra de la hoja de coca y en sus regiones no hay vías, escuelas, puestos de salud ni mucho menos programas sociales que les permita tener un mejor futuro", precisó Claudia Ortegón, una líder de la zona rural del municipio de Policarpa.
"La paz y la prosperidad llegará a estos cuatro departamentos del sur occidente del país si se cumple con los acuerdos de La Habana, especialmente en los puntos uno y cuatro, que tienen que ver con la reforma agraria integral y la sustitución voluntaria gradual de los cultivos ilícitos", señalo Luis Cuatin, un campesino que llegó de la zona rural de Magüí Payán en las riberas del rio Patía.
"Aquí tiene que haber una apuesta ambiciosa que permita que se acabe la incertidumbre en una zona que históricamente ha sido y sigue siendo golpeada por la guerra", aseguró, por su parte, Jair Jurado, quien llegó del Cauca a participar de la primera cumbre de cultivadores de hoja de coca que se realiza en esta región durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Ellos manifestaron, finalmente, que este es un espacio autónomo en donde la comunidad expresó sus inquietudes sin que hayan sido obligados por ningún grupo armado ilegal y aseguran que solo esperan que el Gobierno nacional ahora sí los escuche y presente soluciones rápidas a los múltiples problemas que afrontan en sus veredas, corregimientos y caseríos.
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