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La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por más de $17.400 millones de pesos durante el control excepcional realizado a las Empresas Municipales de Cali, solicitado por el Congreso, a los recursos de los 11 convenios ejecutados y suscritos entre Emcali y el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Durante las verificaciones encontraron que solo cuatro de los convenios se encontraban en ejecución, los siete restantes, por su parte, no habían iniciado la ejecución por encontrarse en proceso de contratación y fue así como se hallaron irregularidades en el contrato de obra No. 300-GAA-CO-1150-2017, que fue cobrado y pagado tres veces, cada una de ellas por valor de $77.706.283.
"Esto nos ha llevado ahora a comenzar los procesos de responsabilidad fiscal, la Contraloría seguirá verificando el cumplimiento y el desarrollo de los convenios restantes, firmados por $284.000.000 en un marco presupuestal que estima 1.3 billones de pesos para invertir en obras para mejorar la infraestructura de acueducto y alcantarillado de Cali", dijo Orlando Velandia, contralor delegado para el sector de Minas y Energía.
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"Esto es corroborado en la factura de venta No. AA 095 presentada por Acciona Aguas SAU sucursal Colombia de fecha junio 18 de 2019 donde cobran cantidades adicionales de dichas actividades por valor de $466.237.698 sin incluir AIU", cita el comunicado de la Contraloría.
Como consecuencia de esto, se explica que se generó un daño al patrimonio público de $601.446.630.
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Por otra parte, se constató que la vigencia del contrato de obra No. 300-GAA-CO-1150- 2017 expiró en el mes de mayo del 2020, sin que el contratista, en este caso Acciona Agua SAU, cumpliera con el objeto.
"Es preciso resaltar que las partes no suscribieron modificación contractual alguna que ampliara los plazos de ejecución y liquidación. Se comprobó, que actividades de obra civil y montaje de equipos electromecánicos que estaba realizando en su momento Acciona Agua SAU en algunos de los componentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Cañaveralejo, quedaron sin terminar y en consecuencia sin prestar ninguna funcionalidad", explica el documento.
Sobre este caso, se generó un daño al patrimonio público cuantificado en $5.240.461.905.
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"Esto es lamentable, pues hasta ahora comenzando los convenios ya las primeras actividades generan estas irregularidades y es importante llamar la atención no solamente a la Alcaldía sino a los órganos de dirección de las empresas, para que estos recursos puedan apuntar a lo que fundamentalmente el Gobierno Nacional ha destinado", dijo Velandia.
"Hay incumplimientos por parte de los contratistas, falta de efectiva vigilancia por parte de las empresas municipales, contratos de interventoría que no cumplieron la misión para lo cual se contrataron y la Contraloría va a buscar recuperar estos recursos públicos", agregó el funcionario.
Mientras tanto en el contrato de obra No. 300-GAA-CO-1150-2017, no se advierte la amortización o devolución del anticipo, pues Emcali suscribió un contrato con Acciona Agua SAU por $74.957.952.932; las empresas municipales de Cali habrían desembolsado en calidad de anticipo a la Fiduciaria Bogotá S.A. $14.991.590.586 el 28 marzo de 2018, correspondientes al 20% del valor del contrato.
La Contraloría constató que la vigencia del contrato expiró el 5 de mayo de 2020, sin que el contratista haya cumplido de manera satisfactoria con el objeto del contrato, ni con los términos de la cláusula sexta del mismo, relacionada con los recursos desembolsados a título de anticipo que no han sido amortizados en su totalidad ni devueltos a la entidad, pues del total pagado, que asciende a la cuantía de $14.991.590.586, se evidenció que el contratista solo ha presentado y amortizado 15 actas parciales de obra por un valor total de $3.431.287.952.
Por estos hechos, también se emitió una alerta temprana a la Contraloría delegada para el sector de Medio Ambiente, por causa de los posibles impactos ambientales sobre el río Cauca, debido a la parálisis en las obras del proyecto de optimización de la PTAR Cañaveralejo, pues se detectó un riesgo de incremento de la cantidad de vertimientos contaminantes.
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