Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
Este jueves concluyó una jornada más de audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, en la que la Fiscalía y la defensa han estado interponiendo sus recursos de reposición y apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.La diligencia se reanudará los próximos 26 y 27 de marzo, cuando se espera que la defensa termine su intervención y el juez se pronuncie sobre cada uno de los recursos interpuestos. Sin embargo, si la decisión del juzgado no satisface a las partes, estas pruebas en cuestión pasarán a manos del Tribunal Superior de Barranquilla para que defina en segunda instancia su pertinencia o no en el caso.Justamente, una de las pruebas debatidas es la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa del acusado y principal testigo de la Fiscalía. Este material fue avalado por el juez, convirtiéndose en prueba reina del ente acusador; sin embargo, la defensa sostiene que su procedencia es ilegal e insiste en que debe quedar por fuera del juicio.Al respecto, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, advirtió que es imperante resolver este recurso para poder avanzar en el proceso, pues considera que, sin una decisión firme sobre la legalidad de esta prueba, "no resulta posible dar inicio al juicio oral".Para Bustos, la información extraída del teléfono de Day Vásquez sí puede ser utilizada como prueba, pues contrario a lo que plantea la defensa, considera que no hubo ningún tipo de vulneración a Vásquez a la hora incautar su dispositivo. Sostiene que ella lo entregó por voluntad propia y no bajo presión.Así las cosas, la instalación del juicio contra Nicolás Petro podría tardar unos meses más, mientras la justicia define qué pruebas son válidas o no en el proceso, pues las partes coincidieron en que, solo cuando haya una decisión en firme sobre estas pruebas rebatidas, se daría inicio al juicio oral.Otras pruebas objetadasLa Procuraduría insiste en que los testimonios previamente rendidos por Nicolás Petro no deben ser llevados al juicio oral, por lo que pide al juez que mantenga su decisión de no admitir esas declaraciones como pruebas.Recalcó que las declaraciones que rindió el procesado ante la Fiscalía, bien sea para buscar o no algún beneficio, no deben ser usadas en su contra, pues al final no se logró ningún preacuerdo a partir de esos diálogos.A su vez, la Procuraduría respaldó la decisión del juez de no admitir el testimonio de Ricardo Roa, como ex gerente de la pasada campaña presidencial, en el juicio oral contra Nicolás Petro. En este sentido, el Ministerio Público rechazó la apelación de la defensa e insistió en que la declaración de Roa no es pertinente, por cuanto la campaña política no es el objeto de este debate.Eso sí, consideró que los testimonios del ministro Armando Benedetti y el congresista Agmeth Escaf sí son pertinentes, porque ellos no hablarían de la campaña, sino de las relaciones sociales y el modo de vida de Nicolás.
Las autoridades capturaron a una mujer armada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia con el expresidente Álvaro Uribe en Honda, Tolima.La denuncia la hizo el Centro Democrático y pidió a las autoridades aclarar la situación. “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el Centro Democrático.Posteriormente, el Inpec, en un comunicado, confirmó que esta mujer pertenece a la institución.“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló el Inpec.Además la institución anunció que tomará las medidas correspondientes en el caso.“La persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso”, dice el comunicado del Inpec.
Este jueves el gobierno ecuatoriano anunció el aumento de la 'tasa de seguridad' a productos colombianos desde el primero de marzo lo que implica que los aranceles pasarán del 30% al 50%.El anuncio se da en medio de una tensión comercial y diplomática que se ha extendido por semanas. Todo inició con el anuncio a finales de enero de una tasa de seguridad de Ecuador a Colombia del 30% para la importación de sus productos en protesta por la falta de seguridad de sus fronteras. En respuesta Colombia decretó desde el 20 de febrero aranceles recíprocos del 30% a unos 73 productos ecuatorianos.Blu Radio habló sobre esta conyuntura con el presidente de Camecol (Cámara Ecuatoriano Colombiana de Industria y Comercio) sobre esta coyuntura.¿Cómo interpretar el anuncio?Es algo que obviamente nosotros no estábamos esperando desde el punto de vista, no del arancel, porque el arancel ya está vigente desde el primero de febrero. Lo que no estábamos esperando y lastimosamente sucedió es que se vea incrementado del 30 al 50%. Es decir, la afectación en la que estamos viviendo ahora por este arancel no hace más que profundizar el hueco o el abismo o el detalle o el espacio entre Ecuador y Colombia.Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que existen muchos sectores que yo no puedo mandar ahorita el detalle en proporción a su afectación, que obviamente ya estaban evaluando la continuidad de su operación o la continuidad de esta importación de productos desde Colombia, tomando en cuenta que al subir un arancel del 30% prácticamente ya se encontraban fuera de mercado y por ende sus líneas de operación cerradas. Ahora al incrementar esos aranceles a 50% lo único que se ha hecho es ratificar lo sucedido.Algunos probablemente ya ni siquiera les afecte más porque afectados del todo ya estaban.¿Es este el fin de la relación comercial entre Ecuador y Colombia?Una relación comercial entre Ecuador y Colombia es natural y va a seguir persistiendo. Lo que básicamente estamos esperando ahora es que a medida que esto sigue apretándose, llamémosle así el término, esperemos que lo siguiente que suceda ahora es que realmente el Ecuador se siente a conversar con Colombia, con Ecuador.Principalmente que se pueda llegar a un planteamiento en el cual sobre la base de los requerimientos de Ecuador, requerimientos de seguridad que son inminentes, el gobierno colombiano también pueda plantear sobre la mesa en blanco y negro cuáles son las alternativas y los cumplimientos en relación a los requerimientos de Ecuador. Yo estoy convencido de que son válidos.Que Colombia se siente y se comprometa realmente a cumplirlos, pero no a decir los voy a cumplir nada más, sino que con un calendario, con un schedule, con una agenda, realmente se pueda definir qué es y en qué fecha y con qué recursos van a cumplir los temas requeridos por el Ecuador.¿Quién pierde más aquí, Ecuador o Colombia?No lo veamos así, mi querida amiga, no es un tema de quien pierde más. Aquí yo le corto un pie, usted me corta una mano. Aquí el daño que se está generando entre las dos economías, entre los dos mercados.Lo que sé es que los defectos multiplicadores que son geométricos más que aritméticos son el hecho de que a lo mejor yo compro los 1.000 millones solamente y ustedes me compran 2.000. Estos 1.000 millones lo que sustancialmente ocasionan es nuevas fuentes de trabajo, productos, porque nosotros de Ecuador compramos del 60% de las compras que hacemos a Colombia es materia prima. Esta materia prima nos sirve para generar producto determinado, el mismo que tiene un nivel X de trabajos, tiene un nivel X de pago de impuestos, un nivel diferenciador en el movimiento de la economía. O sea, los dos mercados perdemos.Si quiere verle por montos de transaccionalidad, podría pensarse equivocamente, solamente por proporcionalidad, que el que más vende más pierde, porque va a dejar de vender en teoría, y el que menos compra menos pierde. Pero la verdad, nosotros no lo estamos viendo así. Yo he tenido conversaciones también con nuestro contraparte en Colombia y obviamente se encuentran afectados. Yo podría utilizar hasta el término, atribuyéndomelo a mí, hasta un tanto molestos, sorprendidos, como usted quiera llamarles, pues la afectación es real y eso es lo más grave de todo.
En medio del avance de la obra de la primera línea del metro de Bogotá, TransMilenio anunció la apertura de una estación que, desde hace tiempo, los usuarios esperaban ver en operación en la localidad de Chapinero tras varios meses de espera.Y es que, a partir del 28 de febrero, se dará apertura a la estación temporal de Av. 39 sobre la Caracas, pero solamente del vagón 1. Sin embargo, una noticia que esperaban miles de usuarios que se movilizan a diario por este punto de la capital del país. Pronto se dará apertura al vagón 2 y 3, como parte del avance de la obra en la zona, esto mientras se termina de ajustar la estación final de Av. 39 en el sector, tal como sucedió durante varios meses en la calle 26.Esta sería la sexta estación temporal sobre el corredor de la avenida Caracas, sumándose a Marly, Calle 57, Calle 34, Calle 22 y Avenida Jiménez.Estas son las rutas que estarán disponiblesRuta 6Ruta 8Ruta A60 / F60Ruta B74 / J74Avanzan las obras del metro en BogotáA inicios de febrero de 2026, el Distrito confirmó un avance del 72 % en la obra con 10.650 metros de construcción. La Alcaldía se ha visto optimista sobre el avance de este proyecto, además de la ilusión de dejar los papeles listos para la segunda línea en esta administración para que pueda ser ejecutada más adelante.“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, aseguró el alcalde de Bogotá. Incluso, ya hay seis trenes en circulación de pruebas para tener todo el listo el día en que se haga apertura oficial a este medio de transporte que beneficiará a millones de ciudadanos.
La tensión comercial entre Colombia y Ecuador creció este 26 de febrero luego de que el Gobierno Noboa anunciara un incremento en los aranceles a Colombia del 30 % al 50 %. En el marco de esta difícil coyuntura comercial, el sector empresarial de Colombia y Ecuador encendió las alarmas frente a la escalada de medidas comerciales adoptadas en el marco de la relación bilateral y pidió priorizar el diálogo para evitar mayores afectaciones económicas.La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestaron su “profunda preocupación” por las decisiones adoptadas recientemente, al considerar que ya se están reflejando efectos en los flujos comerciales y en distintos sectores productivos.Si bien reconocieron que la seguridad en las zonas de frontera es un tema relevante que requiere cooperación constante entre los Estados, insistieron en que la estabilidad económica y la integración productiva deben preservarse como pilares fundamentales para el bienestar de ambos países.Los gremios advirtieron que incrementos arancelarios adicionales podrían agravar la situación, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, además de afectar a consumidores y economías locales.“Este tipo de medidas no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias, hacemos un llamado a privilegiar el diálogo técnico e institucional como mecanismo para encauzar la coyuntura”, señalaron en el comunicado.En esa misma línea, se ofrecieron como un estilo de "garantes" para contribuir desde el ámbito técnico y productivo a la construcción de soluciones que beneficien a ambos países y preserven una relación comercial que calificaron como histórica, estratégica y mutuamente beneficiosa.Comunidad Andina hace un llamado al diálogoLa preocupación también fue compartida por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que emitieron un comunicado conjunto alertando que las medidas adoptadas por Colombia y Ecuador afectan seriamente el proceso de integración regional.En el documento, hicieron un llamado urgente a los presidentes de ambos países para alcanzar un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio en el marco de la Comunidad Andina y de los compromisos internacionales vigentes.Además, resaltaron la importancia de mantener la coordinación binacional para enfrentar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional, sin que ello implique debilitar el proceso de integración ni el tejido socioeconómico de la región.Con este pronunciamiento, el sector empresarial y las organizaciones andinas buscan frenar una escalada que podría profundizar tensiones comerciales y afectar la estabilidad económica en ambos lados de la frontera.
Una patrulla del batallón de Policía Militar número 3 estaba adelantando labores de vigilancia en las calles del barrio El Vallado, en el oriente de Cali, cuando desde una camioneta un hombre la atacó a disparos.Los soldados reaccionaron e iniciaron una persecución hasta que lograron alcanzar a agresor muy cerca del Cantón Militar Pichancha, en donde se registró un enfrentamiento a disparos.El hombre resultó herido y fue capturado, según lo confirmó el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada."Los soldados hacen la persecución y le atraviesan el carro a esta persona, quien colisiona su vehículo contra la patrulla militar. Los soldados al reaccionar capturan a la persona la cual sale herida en esa acción", indicó el general Rendón.Lo que se ha logrado establecer, de acuerdo con el reporte médico, es que el hombre que atacó la patrulla militar estaba bajo los efectos de licor y de sustancias alucinógenas.
El gerente de las Empresas Municipales de Cali, Roger Mina, interpuso hoy una denuncia en la Fiscalía contra el presidente de la Unión Sindical Emcali, Harold Viáfara, por actos de discriminación, injuria y violencia contra servidor público.Mina adjuntó a su denuncia un audio, que el dirigente sindical envió a los trabajadores, en el que lo llama esclavo. “Hay negros en Colombia que, así tengan todos los cartones, aún siguen siendo esclavos por su pobre mentalidad", expresó Viáfara en el audio.Para el gerente de Emcali hay una conducta reiterada por parte del sindicalista. “A cometido varios delitos como injuria, calumnia, discriminación, racismo y hostigamiento contra servidor público. Divulgó una grabación en redes sociales donde me llama esclavo y eso vulnera mis derechos como afrocolombiano” aseguró el funcionario.Anunció que la denuncia en contra de Harold Viáfara también será interpuesta en la Procuraduría y la Personería Distrital. “Siempre e tenido una apertura al diálogo, con todos los trabajadores, porque esta es una empresa que presta servicios públicos esenciales, por eso nada justifica ese comportamiento violento por parte del señor Viáfara”, agregó el gerente de Emcali.
Con información de inteligencia militar en las diferentes veredas y el casco urbano de El Plateado del municipio de Argelia, Cauca, las autoridades lograron establecer que entre el 29 y 31 de mayo integrantes de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, recibieron órdenes de su cabecilla Anderson Andrey Vargas alias ‘Kevin’ para que, mediante presiones, amenazas e intimidaciones, obliguen e instrumentalicen a la población civil para que presionen la salida de las tropas del Ejército que se encuentran desplegadas en varios puntos del Cañón del Micay.Alias ‘Giovanny’, otro cabecilla de la misma estructura, se habría comunicado con líderes sociales para indicarles que, de no realizar asonadas contra las tropas, tomarían represalias como quema de fincas, robo de ganado, reclutamiento de hijos menores de edad e incluso homicidios.En un audio obtenido por inteligencia se logra escuchar que en el sector de La Hondura ya dieron la orden de reunir cerca de 20 personas por vereda. La dinámica que piensan implementar consiste en que cada día y en caso de que se alargue la asonada puedan relevarse por vereda, y de esta manera evitar desgaste de las personas.Todo esto tiene como fin, de acuerdo con el informe, comenzar a sacar y correr a los soldados y llevarlos hasta El Plateado, para que allí sus habitantes los obliguen a abandonar la zona por completo.Alias ‘Giovanny’, incluso, habría pedido el empleo de menores de edad para que las tropas de Ejército no usaran la fuerza ni se defendieran y así poder comenzar a sacarlos más fácilmente.El avance de las tropas, ha obligado a los integrantes de la ‘Carlos Patiño’ a replegarse a sectores como Huisito y Villarica, reduciendo su control y afectando sus finanzas ilícitas.A causa de esto, se dio una alianza criminal en donde la estructura 'Diomer Cortez', de la Segunda Marquetalia, habría acordado unirse con la 'Carlos Patiño' para detener el avance de la Fuerza Pública que ya están en cerca del 75% del Cañón del Micay.Alias ‘Chichico’ o ‘Diomedes’ (cabecilla de la Diomer Cortes) habría acordado con alias ‘Giovany’ aliarse para contener la avanzada del Ejército a cambio de compartir rutas del narcotráfico, y dividir las ganancias obtenidas de acciones ilegales como la producción de droga y extorsión.
En la plazoleta de San Francisco, en la Gobernación del Valle, en el centro de Cali, finalizó la marcha convocada por las centrales obreras en la ciudad. El punto de inicio fue el parque de Las Banderas, en el sur de la ciudad, desde las 9:00 de la mañana. Desde allí hicieron el recorrido por toda la calle quinta hasta llegar al punto final. Fueron distintas las organizaciones sociales y sindicales que hicieron el recorrido. Los ciudadanos, con pancartas, arengas y pitos y camisetas de Colombia, expresaron su apoyo al gobierno nacional. "Apoyando las reformas sociales en este momento, creemos firmemente en los cambios sociales que se pueden lograr y creemos que el pueblo merece mucho más, merecemos derechos, y por eso estamos acá con toda la valentía exigiendo lo que como pueblo necesitamos", expresaron los manifestantes.A esta jornada también se sumó el gremio de los docentes del departamento que durante los días de paro estarán participando en las distintas actividades. Las clases a más de 700.000 estudiantes fueron suspendidas. Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle, aseguró que varias delegaciones de diferentes municipios llegaron a Cali a participar de la movilización."Ha sido contundente, hemos tenido buena respuesta por parte de los caleños, y por ejemplo de los municipios llegaron 52 buses del magisterio, sumado a las diferentes organizaciones sindicales populares, y estamos acá porque le queremos decir si a la consulta", manifestó Sáenz.La jornada inició con un bloqueo en el sur de Cali en la avenida pasoancho con carrera 100 por parte de estudiantes de la Universidad del Valle, que desde este martes ,con un campamento, decidieron tomarse la sede de Meléndez."Todo esto inicia debido al homicidio y el intento de homicidio que ocurrió en Palmira y realmente cerrar esta vía es un mecanismo de presión que siempre se ha usado y ha servido para ejercer esa presión que se necesita, porque si solo se hace una manifestación dentro de la universidad no pasa nada y todo queda en nada", argumento Michel Muñoz, estudiante de Univalle. Entre tanto, estudiantes del Sena también se unieron a la movilización con un recorrido que arrancó en sus instalaciones en el norte y llegó hasta aquí a la gobernación, todas estas movilizaciones ocasionaron bloqueos en las vías, por lo que Metrocali tuvo que hacer desvíos en sus rutas del masivo y agentes de tránsito regular los puntos bloqueados. "Esto a todos nos perjudica porque necesitaba pasar por ahí por la universidad, pero está cerrado, entonces no puedo hacer nada, buscar otra salida, también veo que acá hay gente que va para el trabajo y no ha podido llegar, y la verdad esto es muy estresante y complicado", manifestaron algunos de los habitantes de la comunidad afectados.La participación finalizó con diferentes actividades culturales en la Plazoleta de San Francisco', que este jueves 29 de mayo será escenario de un cabildo abierto que iniciara a partir de las 9:00 de la mañana y que contará con la participación de las diferentes delegaciones de los sindicatos y las centrales obreras. Por ultimo, desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en Cali para la seguridad durante la marcha, manifestaron que alrededor de 8.000 personas participaron durante las movilizaciones.
Integrantes del grupo disidente de las Farc Jaime Martínez celebraron los 61 años de la fundación de las antiguas Farc, en el corregimiento de Villa Colombia, ubicado a unos 40 minutos de la cabecera de Jamundí, Valle. Hombres armados y uniformados convocaron a la comunidad de la zona, bailaron en un centro comunal y deportivo, y repartieron comida y bebidas.En un video, que circula en redes sociales, se ve como los ilegales decoraron el lugar con globos y pendones de las Farc y encendieron un equipo de sonido con música a todo volumen, en medio de civiles, entre los que había menores de edad.El corregimiento de Villa Colombia, desde hace años, se convirtió en un centro de concentración de este grupo armado. Hace unos días, la Policía Nacional reveló que el niño Lyan Hortúa estuvo secuestrado en esa misma zona del departamento del Valle.Desde el año pasado, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, denunció que la disidencia Jaime Martínez construyó una carretera para sacar droga, desde Villa Colombia hacia el mar Pacifico, a través de la región del Naya. También advirtió que ese grupo utilizaba dos estaciones de combustible en esa zona rural para abastecer sus vehículos.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre esta fiesta pública realizada por las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en la zona montañosa de Jamundí, Valle.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.