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Su privilegiada naturaleza, tierra fértil y estratégica ubicación en zona de frontera, lejos de brindar prosperidad y calidad de vida a los habitantes de la región del Catatumbo nortesantandereano, los condenó a más de medio siglo de violencia que no para.
Este territorio, de 4.800 kilómetros cuadrados, es guarida de varios grupos armados, dicen los expertos.
“Hay una presencia creciente de la guerrilla, de la disidencia de las Farc y del ELN, principalmente, y por supuesto la incursión paramilitar”, aseguró Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar de Norte de Santander.
Casos como los de Tibú y otros hechos de violencia que no cesan para los analistas es una muestra de que el Estado y las instituciones no existen.
Para el politólogo Jorge Mantilla, hay un colapso de la capacidad del Estado para implementar sistemas locales de seguridad y de justicia.
“Y una creciente militarización que, lastimosamente, no se ha visto traducida en una disminución de las cifras de inseguridad”, manifestó Mantilla.
En esta tierra el narcotráfico es el detonante de los problemas en los 10 municipios del Catatumbo, un negocio ilegal que mueve la economía en la región y que perpetúa la presencia de los cárteles.
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“Norte de Santander produce cerca del 30% de la hoja de coca el país y Tibú concentra la mitad y es la zona de mayor producción del país por municipio, por departamento. Ahí mandan los grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico”, señaló Julio Acelas, director del Observatorio del Delito de Santander.
Sin embargo, para que cese el horror en el Catatumbo, según Wilfrido Cañizares de la Fundación Progresar es que el estado actúe.
“El camino es que haya presencia institucional, el camino es que la ciudadanía vuelva a confiar en la fuerza pública”, expresó.
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Leonardo Jaimes, abogado del equipo jurídico Pueblos, dice que a esta región del nororiente del país hay que invertirle.
“Catatumbo no es solamente los actores armados de manera genérica como se plantean si no es un problema de pobreza y abandono total de las clases políticas de este país”.
Según la Fundación Progresar, en el último año más de 6.000 personas han tenido que abandonar la zona del Catatumbo por amenazas y constantes combates entre grupos criminales y fuerzas del Estado
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