La Procuraduría Regional de Santander formuló acción de tutela contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Consejo Seccional de la Judicatura, para proteger los derechos de 599 detenidos en las salas temporales de privación de libertad de las estaciones de Policía, mediante la cual logró el traslado de 546 personas a centros carcelarios, equivalente al 91,15%.
La tutela fue fallada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y confirmada por la Sala Penal de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
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En cumplimiento del fallo los tutelados pusieron en marcha una estrategia a través de la cual se redujo el número de detenidos en las estaciones de Policía.
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La Procuraduría remitió a la Corte Constitucional un informe del estado en que se encontraban los retenidos a causa del hacinamiento y de la violación de sus derechos fundamentales, luego de adelantar visitas de inspección a las estaciones de Policía a mediados de 2016.
La Corte Constitucional, delegó en la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo la función de vigilancia y seguimiento a las órdenes impartidas para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
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