Tras una intensa secuencia de sucesos históricos que impactaron al mundo con revoluciones y reformas legales en los años 50 del siglo XIX, en Colombia también surgieron cambios que marcaron la historia del país, el más trascendente hasta el momento: la abolición de la esclavitud gracias a una ley del 21 de mayo de 1851. Mujeres negras como Wiwa y Orika, mujer e hija de Benkos Biohó, Polonia de San Basilio de Palenqueo o Agustina de Tadó (Chocó), son solo algunas de las mujeres que dejaron memorias libertarias. Ellas lucharon doblemente por ser libres pues pelearon por su libertad como esclavas y por su emancipación como mujeres.
Al menos treinta funcionarios fueron declarados insubsistentes en el Departamento Administrativo de la Presidencia, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías. Entre los despedidos están la jefa de Recursos Humanos, Luz Dary Cruz
Los gremios económicos del país hicieron un llamado al diálogo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para evitar una escalada en la guerra arancelaria, luego de la imposición de gravámenes del 30 % a las importaciones. Advierten riesgos para el empleo, el comercio y el suministro de energía, mientras la Cancillería colombiana anunció una nota de protesta y propuso una reunión binacional.
Ecuador anunció un arancel del 30% a las exportaciones colombianas, una decisión tomada por el presidente Daniel Noboa ante lo que calificó como falta de cooperación del Gobierno Petro para enfrentar a las estructuras criminales en la frontera.
Denuncias por falta de claridad en la inversión de más de 4 billones de pesos en salud, agresiones a guardias de TransMilenio, movimientos clave en la Fiscalía, alertas electorales en la frontera con Venezuela, la cifra más baja de erradicación de cultivos ilícitos en una década y advertencias por disputas armadas que ponen en riesgo a la población civil.
La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció un presunto cartel de diplomas irregulares entre el Gobierno y la Universidad San José. Según la congresista, al menos 24 personas habrían recibido títulos sin cumplir requisitos como la prueba Saber Pro y posteriormente habrían sido contratadas por entidades del Estado como el Sena, la DIAN, el Invima y varios ministerios.