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Sin duda, para muchos colombianos estar reportados en centrales de riesgo, como DataCrédito, es cargar con un lastre que les cierra las puertas al sistema financiero. Ya sea por una cuota atrasada del apartamento, el carro o alguna compra, la consecuencia suele ser la misma: les niegan préstamos, limitan servicios y quedan con un historial que los marca por años.
Ante esto, la Ley 1266 de 2008 establece que los reportes negativos pueden permanecer por hasta el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años. Eso significa que si alguien se demora 12 meses en pagar la deuda, debe permanecer dos años más en la base de datos, pese a haber cancelado lo adeudado.
Sin embargo, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo considera que la sanción es desproporcionada y constituye un "abuso" en contra de quienes logran ponerse al día.
En medio de este panorama, Ocampo lidera el proyecto denominado “Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0”, que ya superó su primer debate en el Congreso y promete aliviar la situación de más de siete millones de colombianos. Según la propuesta, se plantea un régimen transitorio en el que los deudores puedan pagar sus obligaciones en los siguientes 12 meses desde que entre en vigencia la norma, y su reporte negativo sea eliminado en máximo dos meses.
De aprobarse, sería un cambio significativo frente a la legislación vigente. No se trata solo de recortar plazos, sino de darle un impulso a quienes cumplen con sus compromisos para que puedan acceder nuevamente a créditos y servicios financieros, sin tener que esperar años.
El proyecto contempla beneficios adicionales. Por ejemplo, si un ciudadano logra pagar de manera continua durante seis meses créditos educativos o de vivienda, saldría de inmediato de las listas negras de las centrales de riesgo.
La iniciativa busca incentivar el pago responsable y promover la inclusión financiera. Con la reducción de los tiempos de castigo, millones de personas podrían reactivar su vida crediticia, solicitar un préstamo de vivienda, adquirir un vehículo o, simplemente, volver a utilizar productos bancarios.
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Eso sí, aún restan varios debates en el Congreso para que la norma se convierta en realidad. En el proceso puede sufrir modificaciones o incluso ser archivada. No obstante, el mensaje es claro: existe un ambiente político favorable para replantear el castigo que hoy pesa sobre los endeudados en Colombia.
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