Avanzan movidas de Gobierno Petro para vender energía a Venezuela pese a riesgo de sanciones de EEUU

El Gobierno nacional está convencido de que llegó la hora de que Colombia vuelva a venderle energía a Venezuela y se está empleando a fondo en esa dirección, a pesar de la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y de que muchas empresas ya advirtieron sobre el riesgo de sanciones de la OFAC si este negocio se concreta.Se trata de la posibilidad de cargar 72 MW a Venezuela a través de la conexión San Mateo–El Corozo, en transacciones que involucrarían a Corpoelec para recibir esa energía del lado venezolano. Esto representa el 0,5 % de la energía que consume el país; para dimensionar su magnitud, con esa cantidad se podría abastecer a todo el departamento de Casanare.Desde hace meses se vienen dando movimientos en torno al negocio, y la presión desde el Gobierno es tanta que ISA Intercolombia y Cens (filial del Grupo EPM) han puesto sobre la mesa la posibilidad de vender tanto la línea de conexión como la bahía de conexión, para salirse de ese “chicharrón” y evitar dolores de cabeza, según fuentes cercanas al asunto.El proyecto es liderado por una compañía creada hace menos de un año en un apartamento del norte de Bogotá: Activa Process Management Green Project Colombia. La empresa fue fundada por un ciudadano español cuyo nombre aparece mencionado en reportes de prensa sobre el escándalo del Club Deportivo Castellón.Como aún no se ha podido cerrar el negocio, el Gobierno le está dando un compás de espera al proyecto y planea extender hasta enero de 2027 una regulación especial sobre conexiones internacionales que lo beneficia.De Colina Campestre a las grandes ligas del mercado eléctricoEn noviembre del año pasado, el español Antonio Blasco creó en Bogotá la firma Activa Process Management Green Project Colombia con 25 millones de pesos de capital y sede en un apartamento de Colina Campestre.Menos de un mes después de su creación, Activa ya estaba negociando contratos con ISA y con Cens para usar las líneas de conexión entre Colombia y Venezuela, según documentos conocidos por Blu Radio, como borradores de contratos y una cotización que ISA envió a Activa en febrero de 2025.Cuando las gestiones de Activa ya estaban en marcha, el Ministerio de Minas expidió una resolución que facilitaba la entrada en operación del proyecto mediante una regulación especial. La resolución fue firmada por el entonces ministro Omar Andrés Camacho.Para la misma época en que se firmó la resolución, Activa autorizó a su representante legal a realizar negocios por más de 10 millones de dólares, como consta en los documentos públicos de la empresa.Un ejemplo de la velocidad a la que avanza este proyecto es que la UPME (una oficina del Gobierno) enfrenta una gran congestión en los análisis para la conexión de nuevos proyectos de generación a las redes de transporte en el país.Sin embargo, en apenas unas semanas le aprobó a Activa la solicitud de conexión para este proyecto, mediante una resolución sustentada en la regulación especial ya mencionada. La solicitud de Activa se tramitó como una solicitud de carga a la red, y las solicitudes de carga se procesan de un modo distinto a las de generación.A Activa le advirtieron que, para poder vender energía a Venezuela sin afectar la estabilidad de la red en Colombia, se requiere la operación simultánea de Termotasajero I y Termotasajero II. En agosto, XM gestionó para Activa una reunión con empresas del sector sobre la entrada en operación del proyecto, en la cual se habló de la necesidad de encender las plantas térmicas.El temor a las sanciones de la OFAC y la alerta sobre BlascoHace cerca de un mes, el negocio y los contratos estaban listos para firmarse, pero entonces se dispararon las alarmas.Según fuentes de Blu Radio, tras la reunión de XM varias empresas manifestaron su preocupación por la posibilidad de que transar energía con Venezuela termine exponiéndolas a sanciones de la OFAC, en Estados Unidos. Otras fueron más allá y advirtieron sobre el riesgo de que se “contamine” el mercado en su conjunto.Además, el nombre de Antonio Blasco, fundador de Activa, activó las alertas de los sistemas de control de lavado de activos de varias compañías durante los procesos de debida diligencia. Su nombre aparece mencionado en diversos reportes de la prensa española y deportiva en relación con el escándalo del Club Deportivo Castellón.Las alertas se dieron por la misma época en que inició la intervención militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe y el señalamiento del Gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro como líder del denominado Cartel de los Soles.ISA Intercolombia, dueña de la bahía de conexión, y Cens, que administra la línea de conexión, quedaron en el peor de los mundos: de un lado, la insistencia del Gobierno en sacar el proyecto adelante, y del otro, el riesgo de comprometer la reputación y el futuro de dos gigantes de la industria, ISA y EPM.Algunos en el sector temen que, si se sigue bloqueando el proyecto, el Gobierno encuentre la manera de “imponerlo”. En medio del dilema, Cens e Intercolombia han puesto sobre la mesa la posibilidad de vender los activos de conexión a un tercero, y actualmente está en marcha el proceso de valoración de dichos activos.La bahía de conexión pertenece a Intercolombia, mientras que la línea es propiedad de Cens, Essa y Epsa.¿Qué dice el Gobierno?El Ministerio de Minas niega cualquier relación directa con Activa, la promotora del proyecto, aunque sí reconoce su interés en reactivar las conexiones eléctricas internacionales.Sin embargo, el proyecto de resolución publicado para comentarios, que extiende la regulación especial, menciona específicamente al proyecto de Activa:Blu Radio intentó contactar a Activa a su número de notificación judicial, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.