Bares alertan riesgo de quiebra por nuevo impuesto a licores propuesto por el Gobierno
Los bares y discotecas del país están advirtiendo un posible escenario de quiebra masiva si el Gobierno avanza con un decreto de emergencia económica que incrementaría los impuestos a los licores.
Desde la Asociación de Bares de Colombia, Asobares, advierten que el anuncio de un eventual aumento en los impuestos a los licores, vía decreto de emergencia económica, llegaría en el peor momento para un sector que aún no logra recuperarse del impacto de la pandemia y de una cadena de aumentos en sus costos de operación.
De acuerdo con el gremio, bares, discotecas, gastrobares y restaurantes enfrentan hoy una presión financiera acumulada por la inflación, el encarecimiento de los arriendos, el incremento en los costos laborales, los impuestos territoriales y las reformas recientes que han elevado los gastos fijos.
En ese contexto, gravar nuevamente los licores, base de gran parte de sus ingresos, podría comprometer la sostenibilidad de miles de establecimientos, especialmente pequeños y medianos negocios familiares.
Asobares señala que un mayor impuesto al licor no necesariamente se traduce en más recaudopara el Estado; por el contrario, advierte que este tipo de medidas puede reducir las ventas legales, estimular el contrabando y la adulteración, y afectar al comercio formal.
Bares alertan riesgo de quiebra por nuevo impuesto a licores propuesto por el Gobierno
El impacto, advierten, se trasladaría de inmediato al empleo. La economía nocturna genera cerca de 1,68 millones de empleos directos e indirectos en el país, con una alta participación de jóvenes y mujeres, y cumple además un papel clave en el turismo, la gastronomía, la cultura y la vida urbana de las ciudades. Un nuevo golpe tributario, dicen, podría acelerar cierres y despidos en un sector que opera con márgenes cada vez más estrechos.
Desde el gremio también cuestionan el uso de la figura de emergencia económica para tomar decisiones tributarias de alto impacto sectorial. Insisten en que este tipo de medidas deberían ser excepcionales, proporcionales y discutidas con los actores económicos, y no trasladar el ajuste fiscal a actividades productivas que ya están debilitadas.