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¿Cuál será el futuro de los contratos de prestación de servicios en el Estado?

César Manrique, director de Función Pública, e Iván David Márquez, subsecretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, hablaron en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de las implicaciones de los contratos de prestación de servicios.

Desempleo
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Foto: BLU Radio

El Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), emitió una circular conjunta en la que se señalan los lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público en 2023. En Colombia existen alrededor de 1.300.000 personas en planta de nómina y cerca de 900.000 contratistas del Gobierno central y regional, según el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno comenzó el plan de formalización con una circular del Departamento y la Esap en la que se ordena a las entidades del Gobierno nacional limitar los contratos de prestación de servicios a los estrictamente necesarios y firmarlos solamente hasta abril.

Se pretende depurar a las entidades para bajar la figura de prestación de servicios a su mínima expresión, pero el Ministerio de Trabajo contestó que no será tan sencillo y que necesita más tiempo. César Manrique, director de Función Pública, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de la mencionada circular y las implicaciones de dicho texto.

“Estamos cumpliendo una norma de orden constitucional y legal que es el principio del mérito, y dos, que no se pueden cumplir funcionales permanentes particulares y que desafortunadamente en Colombia, el contrato de prestación de servicios es un instrumento con el que cuenta la administración, unas habilidades y destrezas que no se pueden encontrar dentro de su nómina en áreas específicas (…) lo que se busca es establecer cuántos servidores públicos necesita cada entidad”, indicó.

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Manrique también explicó qué pasará con este tipo de contratos de cara a las elecciones regionales, no utilizarlos para hacer politiquería y que no se los ‘amarren’ o estén condicionados a los votos.

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Por su parte, Iván David Márquez, subsecretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, se refirió al caso e indicó que la entidad es un ente territorial que tiene autonomía y potestad para establecer cómo manejar sus recursos. Además, indicó que la preocupación de la Alcaldía es la implementación de la directriz.

“Más que decir que no hay que cumplir o que no están bien los lineamientos señalados por Gobierno nacional, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá creemos que es necesario atender de manera urgente los contratos de prestación de servicios, muchos contratistas en Colombia no se les está garantizando un trabajo digno que la Corte Constitucional ha señalado y en ese sentido Bogotá celebra que el Gobierno tome medidas. Ahora bien, otra cosa es la implementación, a nosotros nos preocupa la forma y los términos que se han señalado particularmente en los cuatro meses”, indicó.

Márquez señaló que en ese lapso es complicado crear plantas y que se mueva a los contratistas.

El objetivo de permitir los contratos de prestación de servicios por cuatro meses es que las entidades tengan tiempo de hacer los estudios de cargas laborales que se requieren y que no se paralicen los servicios. Sin embargo, el plan del Gobierno es claro: desmontar nóminas paralelas.

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