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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante los decretos de emergencia económica tendrán profundas consecuencias para las finanzas regionales, especialmente en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento. En entrevista con Mañanas Blu, Rendón aseguró que las nuevas cargas tributarias derivadas de la emergencia reducirán las utilidades de la FLA en 200.000 millones de pesos.
“El Gobierno no dimensionó el desastre económico que podría ocasionarle esto a unas finanzas muy averiadas ya de los departamentos”, advirtió el mandatario, al señalar que las disposiciones del Ejecutivo alteran gravemente la sostenibilidad fiscal de Antioquia.
Rendón explicó que la administración departamental ha venido evaluando las consecuencias de los decretos aprobados a finales de 2025, los cuales se suman al incremento del salario mínimo “cinco veces por encima de la inflación causada”. Según sus estimaciones, la combinación de ambas medidas implicará un impacto total superior a 1,5 billones de pesos para el departamento.
El gobernador precisó que solo en el caso de la Fábrica de Licores, la empresa tendría que aumentar sus ventas en cerca de 700.000 millones de pesos para cubrir las nuevas obligaciones tributarias con la Nación, sin afectar su rentabilidad. “La Fábrica de Licores vendió el año anterior 2,1 billones de pesos; este año tendría que vender más de 2,8 billones para honrar las disposiciones de la emergencia económica”, explicó.
El aumento en los impuestos al consumo e IVA, aseguró, reducirá directamente el volumen de ventas. “Por cada punto porcentual que usted aumente el precio, se reduce en la misma magnitud la demanda”, subrayó el gobernador, citando estudios económicos que advierten sobre la sensibilidad del mercado frente a incrementos tributarios en productos como licores y cigarrillos.
El jefe del gobierno departamental advirtió que la caída de ingresos afectará directamente la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura en Antioquia. “Vamos a tener que dejar a mitad de camino muchas obras, la posibilidad de conquistar muchas metas”, señaló.
Rendón destacó particularmente el impacto en los programas de vivienda y bienestar social. Según sus cálculos, por cuenta del aumento salarial y las cargas adicionales, más de 12.000 familias podrían quedarse sin acceso a su vivienda propia. “Nos va a tocar reducir el alcance de contratos de obra en curso y ajustar recursos destinados a educación y salud”, añadió.
El mandatario insistió en que la Nación está apropiándose de recursos que constitucionalmente pertenecen a las regiones, especialmente los derivados de monopolios rentísticos como el licor. “El Gobierno les está usurpando esos recursos a las regiones para cuadrar su caja, una caja que no ha sabido manejar”, cuestionó.
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Con tono crítico, el gobernador Rendón acusó al presidente Gustavo Petro de actuar de manera autoritaria al imponer decisiones sin concertación con los territorios. Según dijo, las regiones están experimentando un “hastío y cansancio con esa disposición casi dictatorial del Gobierno Nacional de querer pasar por encima de todas las instituciones”.
El mandatario antioqueño recordó que la figura de excepción de inconstitucionalidad le permite a los gobiernos departamentales oponerse a la aplicación de decretos que vulneren la Carta Magna o las competencias territoriales. Explicó que esta herramienta, existente en Colombia desde hace más de un siglo, ha sido invocada por Antioquia para evitar el cumplimiento de algunos artículos de los decretos de emergencia considerados contrarios al orden constitucional.
La medida adoptada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025, bajo el argumento de contener los efectos fiscales del déficit presupuestal, ha generado tensión entre la Casa de Nariño y varios gobernadores. Rendón confirmó que en la más reciente cumbre de mandatarios regionales se registró un rechazo generalizado hacia la forma como fue expedida la emergencia económica y sus implicaciones tributarias.
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“Los departamentos son los entes más débiles fiscalmente y, en lugar de fortalecerlos, se les está quitando autonomía y recursos esenciales para la salud, la educación y el desarrollo local”, enfatizó.
Rendón ratificó que Antioquia acudirá formalmente a la excepción de inconstitucionalidad para impedir la aplicación de los nuevos tributos sobre el monopolio del licor. “Podríamos estar llegando a una inaplicabilidad parcial de los contenidos tributarios de los decretos asociados al impuesto al consumo”, explicó, aunque reconoció que en el caso del IVA la discusión es distinta por tratarse de un tributo nacional.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, coincidió con el mandatario antioqueño y expresó su preocupación por los efectos colaterales de las medidas del Ejecutivo. Aseguró que los decretos “no solo debilitan las finanzas departamentales, sino que fortalecen la economía ilegal”. “Estamos tan angustiados porque hemos crecido en contrabando y con estas medidas lo que hace el Gobierno Nacional es que esos grupos ilegales se fortalezcan”, advirtió. Según explicó, este fenómeno golpea directamente las rentas que financian sectores esenciales. “Eso afecta la salud, la educación y el deporte; nosotros giramos 25 mil millones, pero cada vez tenemos menos margen para invertir”, precisó.
Cortés lamentó especialmente la ausencia de coordinación entre el Ejecutivo y las administraciones regionales, pese a las advertencias que los gobernadores habían hecho durante 2025. “Lo más triste ha sido la poca o ninguna articulación con el Gobierno Nacional, después de haber trabajado todo el año pasado en el aumento del Sistema General de Participaciones”, señaló, y agregó que los llamados “decretazos” terminan por “violar la autonomía de las regiones y la gobernanza de los gobiernos locales”.
La mandataria del Meta explicó que el incremento del salario mínimo, sumado a las nuevas cargas fiscales, está afectando directamente el funcionamiento de hospitales, escuelas y proyectos de infraestructura. “Estamos preocupados porque muchas de las ordenanzas se construyeron con base en el salario mínimo anterior, y este aumento no fue concertado con los departamentos”, enfatizó.
Según Cortés, el Hospital Departamental de Villavicencio, que atiende pacientes de siete departamentos de la Orinoquía, se encuentra en riesgo de desfinanciarse. “Hoy ponemos en riesgo la salud, la educación y el deporte, justo los temas que más queremos proteger”, afirmó. La gobernadora indicó que, pese a las dificultades, asistirá el próximo lunes a las 8 de la mañana a la reunión convocada por el Ministro de Hacienda, con el propósito de “buscar soluciones concretas y abrir un espacio de diálogo que hasta ahora no ha existido”.
Cortés confirmó además que los mandatarios regionales preparan una acción conjunta para solicitar una audiencia en la Corte Constitucional, liderada por el gobernador Rendón, con el fin de revisar la legalidad de los decretos. “Vamos a pedir audiencia en la Corte porque este decreto es violatorio de la Constitución y nos corresponde, como gobernadores elegidos por voto popular, defender los derechos fundamentales de nuestros habitantes”, expresó.
La mandataria hizo un llamado al respeto institucional y exhortó al Gobierno Nacional a que se restablezca el diálogo entre los niveles de poder. “Pedimos respeto a los gobernantes regionales y a la autonomía de los territorios, porque las decisiones improvisadas desde Bogotá terminan afectando la vida cotidiana de millones de colombianos”, concluyó.
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