Es ilegal poner precio a la vivienda VIS en salarios mínimos, dice viceministra Aydeé Marsiglia

La viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, advirtió que pactar el precio de una vivienda de interés social (VIS) en salarios mínimos es una práctica ilegal en Colombia. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria explicó que la ley fija topes de valor en salarios mínimos, pero los precios deben establecerse siempre en pesos colombianos.“No estamos cambiando los topes de la ley, lo que decimos es que el precio no puede fijarse en salarios mínimos, porque la ley no lo permite”, sostuvo Marsiglia. El pronunciamiento ocurre en medio de la discusión generada por el aumento del salario mínimo en 23,7%, lo que según constructores podría encarecer la vivienda VIS, la más demandada por los hogares de bajos ingresos en el país.Según la viceministra, el propósito del nuevo decreto en preparación es formalizar lo dispuesto en la Circular 2024 expedida por el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ya establece la obligatoriedad de pactar los precios de las viviendas en pesos. Sin embargo, la instrucción no se estaba cumpliendo plenamente. “El tope no es el precio”Marsiglia insistió en que se ha confundido el concepto de “tope” con el de “precio”. El Plan Nacional de Desarrollo, en su artículo 293, define la vivienda VIS como aquella cuyo valor no supera los 135 salarios mínimos. “Una cosa es el tope para acceder a beneficios de ley, y otra muy distinta es el precio de venta, que debe expresarse en pesos y corresponder a un presupuesto real del proyecto”, enfatizó.La práctica de fijar precios en salarios mínimos, añadió, se volvió común en el mercado pese a carecer de sustento legal. “Esa costumbre es contraria al Estatuto del Consumidor, porque impide que los compradores conozcan con certeza el valor total que van a pagar y abre la puerta a abusos por parte de algunas constructoras”, explicó la funcionaria.Según Marsiglia, con el modelo actual muchos compradores terminan pagando más de lo estimado inicialmente. “Había casos de familias que firmaban una promesa por 135 salarios mínimos, y antes de la entrega del inmueble les hacían firmar otro sí aumentando el valor, bajo la amenaza de perder la vivienda si no accedían”, relató.Impacto del salario mínimo y transparencia en el mercadoEl aumento de 23,7% en el salario mínimo generó alertas en el sector constructor, pero el Gobierno considera que el impacto real en el costo de la vivienda será mucho menor. “El salario representa solo el 20% de los costos de construcción; los demás son insumos y materiales que no dependen directamente del mínimo”, detalló Marsiglia, citando el Índice de Precios de Construcción de Edificaciones del DANE.La viceministra reconoció que podrían presentarse ajustes de precios justificados por insumos y materiales, pero no aumentos especulativos. Por ello, la Superintendencia de Industria y Comercio reforzará la vigilancia para detectar abusos en el mercado inmobiliario. “La SIC ya recibió más de 400 quejas en los primeros días de enero, lo que demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control”, informó.Marsiglia fue enfática en que la Superintendencia tiene facultades jurisdiccionales para investigar y sancionar prácticas abusivas. “Si un constructor se niega a pactar en pesos, el comprador puede acudir a la SIC. Esta práctica es abusiva y viola los derechos del consumidor”, advirtió. Las sanciones pueden incluir multas y procesos administrativos, aunque la renegociación de los contratos sigue siendo un asunto entre privados.El reto de garantizar vivienda accesibleEl Ministerio de Vivienda busca equilibrar las condiciones entre los compradores, considerados el eslabón más débil de la cadena, y el sector constructor. “Queremos que los ciudadanos sepan que tienen derecho a que se les pacte en pesos y a conocer cuánto les costará realmente su vivienda”, dijo Marsiglia, recalcando que la medida no busca perjudicar a las empresas, sino transparentar el mercado.La funcionaria señaló que construir vivienda VIS sigue siendo rentable gracias a los beneficios tributarios y subsidios que el Estado mantiene para estimular la oferta. Sin embargo, recordó que la política pública debe garantizar que la vivienda subsidiada llegue a las familias que realmente la necesitan. “No podemos permitir que la vivienda de interés social se convierta en vivienda de inversión, porque eso desvirtúa su propósito”, afirmó.Por último, Marsiglia extendió el llamado a la responsabilidad de todos los actores del sector. “Existen constructoras muy serias que cumplen la norma; el objetivo es que todos lo hagan y que los compradores tengan reglas claras y precios transparentes”, concluyó.