Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Desde julio de 2012, Colombia cuenta con una herramienta legal que ha sido clave para muchas personas ahogadas en deudas: la Ley 1564 de 2012, conocida como ley de insolvencia económica. Esta normativa permite a los ciudadanos negociar sus deudas y proteger su patrimonio, sin perder sus bienes o ser embargados, incluso cuando no cuentan con los recursos necesarios para ponerse al día con sus obligaciones.
La ley de insolvencia económica es un mecanismo que ofrece a las personas naturales (no comerciantes) la posibilidad de renegociar todas sus deudas sin el riesgo de perder su casa, vehículo o que se les embarguen sus cuentas bancarias y salarios. Además, facilita la rehabilitación financiera, permitiendo levantar los reportes negativos en las centrales de riesgo tras alcanzar acuerdos de pago con los acreedores.
Este proceso está diseñado para quienes enfrentan situaciones como la falta de empleo, deterioro en sus condiciones laborales, desorden financiero o la imposibilidad de refinanciar deudas debido a altas tasas de interés. La ley ofrece un respiro a los sobreendeudados, permitiéndoles reorganizar sus finanzas sin caer en la quiebra.
Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, la cantidad de solicitudes de insolvencia ha crecido significativamente en los últimos años. En 2016, apenas 423 personas se acogieron a este recurso, mientras que en 2023 esa cifra aumentó a 6.469 solicitudes. Solo en los primeros ocho meses de 2024, se han registrado 6.420 peticiones, casi igualando el total del año anterior.
Entre las principales causas de quiebra financiera en Colombia destacan el desempleo, los préstamos abusivos, el mal uso de tarjetas de crédito y las elevadas tasas de interés que complican la refinanciación de deudas antiguas. La población más afectada tiene entre 40 y 50 años, siendo los hombres quienes más recurren a este mecanismo, representando el 58 % de los casos.
En cuanto a las regiones, Bogotá lidera el número de solicitudes, con más de 2.300 insolvencias en 2023, seguida por Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Norte de Santander.
El proceso se inicia presentando una solicitud ante un Centro de Conciliación, Notaría o Cámara de Comercio. Una vez admitida, los acreedores deben detallar las sumas adeudadas en capital e intereses. El deudor, entonces, presenta una propuesta de pago, que puede incluir únicamente el capital para evitar los intereses.
Publicidad
Si la mayoría de los acreedores aceptan el plan, se formaliza un acuerdo de pago. En caso contrario, se inicia un proceso de liquidación patrimonial, donde se intentará llegar a un nuevo acuerdo para evitar la pérdida de los bienes del deudor.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.