¿Incremento de salario mínimo afecta la natalidad y el empleo juvenil en Colombia?

El abogado y activista David Cote advirtió que el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, superior al 23 %, lejos de fortalecer el bienestar social, está profundizando una crisis estructural que amenaza el futuro demográfico y económico del país.Según Cote, Colombia atraviesa simultáneamente dos fenómenos críticos: el desplome histórico de la natalidad y un mercado laboral cada vez más hostil para los jóvenes, especialmente aquellos que buscan su primer empleo formal.Datos recientes del DANE confirman que en 2024 los nacimientos en Colombia cayeron un 12 %, la cifra más baja registrada en la historia reciente, con una tendencia negativa que se mantiene durante 2025.“Una sociedad que deja de tener hijos es una sociedad que compromete su sostenibilidad. Sin nuevos trabajadores no hay sistema pensional que resista, ni crecimiento económico posible”, afirmó Cote.El abogado advirtió que la reducción acelerada de nacimientos, sumada al envejecimiento poblacional, está debilitando la base de cotizantes del sistema pensional, poniendo en riesgo la promesa de una vejez digna para millones de colombianos.Cote aclaró que el problema no es el legítimo deseo de mejorar los ingresos de los trabajadores, sino la forma en que se fija el salario mínimo. “Estamos ante una decisión política inconsciente y populista. El aumento por encima del 23 % puede sonar bien en titulares, pero en la práctica está cerrando la puerta del empleo formal a la juventud”.Estudios de Fedesarrollo y la OCDE muestran que en Colombia el salario mínimo equivale a cerca del 90 % del salario mediano, mientras que en países desarrollados ronda el 50 %, convirtiéndose en una de las barreras de entrada más altas al mercado laboral formal.Investigaciones del Banco de la República (Arango, Flórez y otros autores) evidencian que cuando el salario mínimo se aleja de la productividad real, aumenta la informalidad y el desempleo juvenil.“Estamos creando una generación de ‘ninis’ por decreto. Al encarecer artificialmente el primer empleo, el Estado empuja a los jóvenes a la informalidad, a la inestabilidad y, finalmente, a postergar o renunciar a la idea de formar familia”, señaló Cote.Para el analista, esta combinación de precariedad laboral e incertidumbre económica es uno de los factores centrales que explican la caída en la tasa de natalidad.Cote hizo un llamado a replantear la política salarial desde criterios técnicos y de largo plazo: “La verdadera justicia social no está en decretos populares, sino en políticas responsables que permitan a los jóvenes trabajar legalmente, estabilizarse y construir familia. Si seguimos por este camino, Colombia se quedará sin jóvenes, sin pensiones y sin futuro”.