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La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la vigilancia formal en Colombia. Según el gremio, la combinación del nuevo salario mínimo y los cambios en la normativa laboral generará un aumento acumulado superior al 30 % en el costo del servicio para los usuarios finales en apenas seis meses.
Esta situación impactará directamente el bolsillo de los residentes en conjuntos cerrados, pequeños comerciantes y medianas empresas que dependen de esquemas de seguridad privada. El incremento se sustenta en dos pilares: el alza del 23 % en el salario mínimo y un 7 % adicional derivado de la reducción de la jornada laboral (que pasó de 46 a 42 horas) y la ampliación del horario nocturno desde las 7:00 p. m.
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, señaló que este escenario económico es un caldo de cultivo para la ilegalidad. El directivo advirtió que muchos usuarios, al no poder costear las nuevas tarifas, podrían optar por servicios que no cumplen con los requisitos de ley.
Existe una alta probabilidad de que algunos usuarios busquen alternativas más económicas en la ilegalidad, contratando empresas que no cumplen con las obligaciones laborales ni con los requerimientos tecnológicos exigidos por la ley
De acuerdo con las proyecciones del gremio, un esquema básico de tres vigilantes en turno de 24 horas cerrará el año 2025 con un costo aproximado de $19.304.355 mensuales. Con la entrada en vigencia del ajuste de 2026, la cifra obligará a muchas administraciones a reducir personal, lo que derivaría en una pérdida masiva de empleos formales y menores recaudos para el Estado.
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